El 2022 definirá el futuro político de Paraguay

Esteban Caballero
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El 2022 definirá el futuro político de Paraguay

Paraguay celebrará elecciones generales en poco más de un año por lo que en este 2022 los partidos tendrán que definir su oferta electoral. En este marco, si bien en la región se están dando cambios de timón significativos en Chile, Honduras y Costa Rica, es probable que el Paraguay opte por la continuidad ya que el oficialista Partido Colorado, el partido tradicional predominante, pareciera estar en camino a mantener las riendas del poder.

Un indicador de su vitalidad como fuerza política fueron las elecciones municipales de octubre de 2021, en las que el Partido Colorado ganó en 161 de los 254 distritos municipales, incluyendo la Capital, dejando 61 municipios en manos del otro partido tradicional, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y otros 32 en manos de alianzas, movimientos y partidos más pequeños.

Este desempeño electoral puede volver a repetirse si el Partido Colorado es capaz de navegar sus internas con la sagacidad que demostró en 2021. La definición de los candidatos para las elecciones de 2023 está ya en pleno vuelo. Por un lado, el movimiento interno Honor Colorado, liderado por el ex presidente, Horacio Cartes, está lanzando una dupla compuesta por Santiago Peña, excandidato a presidente en 2018 y ex ministro de Hacienda de su gobierno como candidato a presidente, acompañado por Pedro Aliana, actual presidente de la Cámara de Diputados como vice.

Por el otro lado, el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, ha lanzado su candidatura a la presidencia, apoyado por el “oficialismo” que lidera el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero sumando otros liderazgos que se van aglutinando en torno el nuevo movimiento Fuerza Republicana.

Se prevé que las elecciones internas del Partido Colorado sean en la primera mitad de diciembre de 2022 y que superadas las diferencias el partido vaya en bloque a hacer campaña por sus candidatos. De hecho, y de manera muy pragmática, los colorados usan la expresión “operación cicatriz” para esos menesteres. Del éxito de dicho operativo post internas dependerá en gran parte el continuismo o la alternancia.

Los esfuerzos por aliarse y concertar

El panorama fuera del oficialismo ya no es tan claro ya que es mucho más plural y fragmentado. La primera fuerza opositora sería el PLRA, pero también hay una serie de pequeñas fuerzas de izquierda, algunas aglutinadas bajo el liderazgo del expresidente Fernando Lugo del Frente Guazú. Aparte, ha surgido una nueva derecha—Partido Patria Querida—que va creciendo y un grupo de “otros”.

Más allá del predominio del Partido Colorado, las cosas se están moviendo en el campo político paraguayo como lo demuestra la multiplicidad de actores que presentaron candidaturas en las pasadas elecciones municipales. 28 partidos, 134 movimientos políticos, 121 alianzas y 256 concertaciones electorales presentaron candidatos para intendentes y miembros de junta municipales. Obviamente, uno de los grandes desafíos para el campo no colorado, es articular una voz que recoja muchas de esas inquietudes y que a la vez pueda también explotar las diferencias a la interna del Partido Colorado.

Contra este deseo de articulación político  conspira un elemento muy concreto del sistema electoral paraguayo y es que la elección de presidente y gobernadores departamentales se define en una sola vuelta con mayoría relativa. Ese aspecto fuerza a los actores a decidir si crear alianzas antes de que haya una medición de fuerzas clara, como sucede en el sistema de dos vueltas.

Este  desafío legal no es desdeñable, tanto por las dificultades que entraña armar coaliciones, como por un  hecho más de fondo, que es  que el Partido Colorado, salvo  una breve interrupción en el periodo 2008 a 2013, ha ejercido el control del Gobierno desde 1947. Es un partido fuertemente empotrado en el aparato estatal que ha manejado los hilos del poder, inclusive en asoción con los militares en el período de la dictadura del Gral. Stroessner (1954 – 1989), pero también compitiendo en pujas electorales desde 1989.

Por lo tanto, el Partido Colorado, no solamente está fuertemente arraigado en el Estado, sino también a las estructuras clientelares de transportistas, contratistas y proveedores, entre otros sectores.  Ante este contexto, las fuerzas opositoras deben tener en cuenta el sesgo inherente  que favorece Partido Colorado en la competencia electoral, por su control del aparato

El PLRA y el tercer espacio

El desafío actual en el seno de la oposición es debatir los términos de  una alianza o concertación. Para muchos ese es el mejor camino, pero surgen inquietudes respecto a, por un lado,  el acercamiento programático de las partes y, por el otro,  una mayor apertura a debatir el candidato de la alianza o concertación.  Ante ello, el PLRA se está viendo con dificultades para  definir el aspecto programático y no demuestra mayor disposición  a aceptar un candidato que  no provenga de sus propias filas.

El plazo para presentar alianzas o concertaciones cierra en junio de 2022, de manera que las discusiones actuales no pueden continuar sine die. Si las negociaciones entre el PLRA y las demás fuerzas fueran infructuosas podrían surgir otras alternativas que le dejaran fuera de la jugada.

Por un lado, una candidatura de izquierda como el de la senadora Esperanza Martínez del Frente Guazú y por otro lado, una candidatura más de centro, con un discurso “ciudadano” como el de Soledad Núñez, ex ministra del gobierno de Cartes pero que se declara independiente y busca una base programática amplia podría posicionarse de cara a la eclección.

El éxito de cualquiera de estas otras opciones es dudoso, pero siempre pueden prender en el imaginario colectivo y constituirse en una alternativa que afecte más al PLRA que al Partido Colorado.

Otra posibilidad más distante es una concertación del llamado “tercer espacio” que se construya como una alternativa a los partidos tradicionales. Esta debería forjarse en un marco programático en el que la izquierda y el centro se encuentren y que se beneficie de una migración de votos colorados, liberales e independientes, sobre todo de los jóvenes considerando que de un estimado de 4.6 millones de electores, 1.4 millones tienen entre 18 y 29 años.

Ante tantas piezas en movimiento es difícil hacer predicciones, pero de momento el Partido Colorado parece ser el mejor posicionado de cara a la carrera electoral.

Venezuela: el país que no sembró el petróleo

Andrés Cañizález
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Venezuela: el país que no sembró el petróleo

Al cerrarse un largo ciclo de la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien ocupó el poder en Venezuela entre 1908 y 1935 (cuando falleció), un joven intelectual venezolano acuñó la idea-frase de que el país debía “sembrar el petróleo”. Aquello devino en una suerte de mantra que se ponía de relieve, cada tanto, cuando Venezuela llegó a ser una potencia petrolera y se debatía sobre la necesidad de invertir aquellos cuantiosos ingresos en otros ámbitos de la vida económica, en aras de garantizar un desarrollo nacional no dependiente del crudo.

Fue Arturo Uslar Pietri, uno de las figuras intelectuales más relevantes de la Venezuela del siglo XX, quien en 1936 escribió por primera vez sobre la siembra del petróleo. Este país sudamericano, en este 2022, es la cruda imagen de una nación que podríamos catalogar de post-petrolera sin que efectivamente se haya producido un salto industrial o agrícola.

A fines de 2021, el más amplio estudio sobre la pobreza que se realiza en el país, el cual adelanta por varios años la Universidad Católica Andrés Bello, arrojó que la pobreza se ubicó en 94,5% y la pobreza extrema alcanzó 76,6%. Son imágenes de un país devastado, sin que haya ocurrido un conflicto bélico o un desastre natural de gran escala.

Como en toda crisis, hay múltiples variables que intervinieron para que Venezuela llegase a este punto. Dada la histórica dependencia del petróleo que tuvo la economía venezolana, sin duda un aspecto central en esta crisis generalizada tiene su explicación en la debacle de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El discurso oficial del gobierno de Nicolás Maduro insiste en achacarle a las sanciones de Estados Unidos la situación catastrófica que vive la industria petrolera local.

Hay, sin embargo, una serie de decisiones que antecedieron la llegada de Maduro al poder, de hecho, que tuvieron lugar mientras gobernaba Hugo Chávez y que a mi modo de ver explican el desastre actual. El actual mandatario tuvo la responsabilidad de no revertir lo que decidió en su momento el chavismo con Chávez en el poder.

En 2003, luego de superar un paro de la industria petrolera que habían atizado líderes opositores, Chávez en un solo acto administrativo despidió a 18.000 trabajadores de PDVSA, desde altos gerentes, empleados administrativos e ingenieros petroleros, hasta obreros calificados. La razón fue que todos ellos, según la tesis esgrimida por el gobierno de entonces, estuvieron involucrados “en actividades de sabotaje y traición a la patria”.

En 2007, el entonces todopoderoso presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, llamó a una purga ideológica dentro de la industria, pidiendo que se delatara a los traidores que sabotearon las operaciones. Aquello se selló con la frase “PDVSA es roja, rojita”, haciendo referencia al color emblemático del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Un año después, Chávez y Ramírez anunciaron con bombos y platillos que PDVSA se dedicaría a importar y distribuir alimentos, en el marco de lo que el gobierno llamaó “la guerra económica”. La ola masiva de expropiaciones de tierras y fábricas, junto a un control cambiario que llegaba ya a un lustro, colocaron en situación crítica a la históricamente débil producción nacional.

Todo aquello ocurrió mucho antes de las sanciones. En términos de capital humano, la empresa se descapitalizó de forma abrupta, en términos de clima laboral se impusieron las delaciones y además se dedicaron recursos y esfuerzos a un área completamente ajena, como lo era el tema alimenticio. Allí están algunas claves para entender la cruel paradoja que hoy embarga a los venezolanos.

Parados sobre un territorio que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, por encima de 300 mil millones de barriles, y una de las mayores reservas de gas natural, unos 200 mil millones de pies cúbicos, los venezolanos padecen recurrentes fallas en la distribución de gasolina y una crónica ausencia de gas doméstico. Hasta seis meses se puede tardar en ciertos municipios para hacerse de una bombona de gas para cocinar, según el observatorio ciudadano “La gente propone”.

En enero de 2022 se cumplieron tres años del establecimiento de sanciones de Estados Unidos contra PDVSA, y después de año y medio del peor momento de producción de crudo, el chavismo ha logrado retomar los niveles previos a las restricciones de Washington gracias a la sinergia con Irán junto a las exportaciones a China.

En enero, en una entrevista que concedió al periodista Ignacio Ramonet y que transmitió la televisión gubernamental de Venezuela, Maduro aseveró que se llegó –de nuevo, tras el impacto de las sanciones de EEUU- a un millón de barriles de petróleo por día.

La cifra, que apenas representa un tercio de la producción que tenía Venezuela antes de que el chavismo llegara al poder en 1999 representa, sin embargo, una victoria económica y simbólica para el régimen de Maduro. Lo peor parece haber pasado para el gobernante venezolano, al menos en materia de presión internacional y aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos.

Francisco Monaldi, director del programa de energía de América Latina de Rice University, en Houston, si bien pone en duda de que se haya alcanzado la cifra de un millón de barriles por día por parte de PDVSA, reconoce que en 2021 el chavismo logró revertir el impacto negativo que tuvieron las sanciones.

Atrás ha quedado junio de 2020, el peor momento para la producción y exportación de petróleo en Venezuela, cuando se agudizó el cerco comercial que impuso en enero de 2019 la administración de Donald Trump. Hace año y medio el entonces presidente estadounidense logró -tras presiones directas- que la rusa Rosneft dejase de transportar y comercializar crudo y derivados venezolanos.

Según las cifras de PDVSA, en junio de 2020 la producción apenas fue de 392 mil barriles por día. Una cifra que colocó a Venezuela en sus niveles de producción de ocho décadas atrás.

La caída abrupta de 2020 no fue por una disminución del potencial o capacidad de producción, sino por la incapacidad de vender el crudo a los precios (que habían bajado) y evadir las sanciones. La suba se debe a que subió significativamente el precio y PDVSA fue capaz, con la ayuda de Irán, de crear una estructura de evasión de sanciones sustituyendo a Rosneft. Además, Irán empezó a suplir los diluyentes que antes traían los rusos, ha explicado Monaldi.

Los altos precios, y una política no declarada de flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos, han permitido al chavismo comercializar con un poco más de comodidad su petróleo. “Casi todo el petróleo venezolano termina por los caminos oscuros en China, a descuento, y una porción menor va a Cuba”. En esencia, no hubo incremento del potencial de producción, al cierre de 2021, sino que se recuperó la producción que habían tenido que cerrar porque no podían vender”, sostiene Monaldi.

Rafael Quiroz, economista especializado en la materia y profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que en diciembre último se produjeron 800 mil barriles diarios, y no el millón que anunciara Maduro.

Asimismo, Irán ha tenido también un papel para lograr normalizar el suministro de gasolina, tras largos meses con escasez intermitente en diversas regiones, especialmente fuera de Caracas y las grandes ciudades del país.

Desde mediados de 2020 no hay ningún taladro de perforación operando, por tanto, no se han perforado nuevos pozos, coinciden en señalar los expertos, con lo cual será difícil elevar la producción por encima del millón de barriles diarios que sostiene el gobierno de Maduro.

A juicio de Quiroz, la recuperación de la industria petrolera venezolana requiere de inversiones por el orden de 40-50 mil millones de dólares, con inyección de recursos que sean sostenibles en el tiempo. Esto parece inviable, bajo el actual esquema económico y político en Venezuela.

Al concluir el año 2021, la firma Sustainalytics, que analiza globalmente al sector energético, ubicó a PDVSA como la empresa peor posicionada entre 253 productoras de petróleo por su falta de estrategia ambiental, social y de gobernanza.

Es un duro contraste al comparar con el pasado reciente. A fines de los 1990, antes de que Chávez llegara al poder en febrero de 1999, PDVSA se ubicó como la cuarta empresa petrolera más importante del mundo de acuerdo con el ranking del American Petroleum Institute.

Venezuela no sólo no pudo sembrar el petróleo, para diversificar su economía, sino que ni siquiera pudo sostener su condición de país petrolero.

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Las grandes mentiras se imponen a través de los medios

Federico Finchelstein
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Las grandes mentiras se imponen a través de los medios

Recientemente el expresidente Trump terminó abruptamente una entrevista con NPR—radio pública de Estados Unidos—después de que le preguntaran sobre su “gran mentira” de que las elecciones de 2020 estaban “arregladas” en su contra, lo cual no hizo otra cosa que amplificar su propaganda. Esto demuestra el riesgo para los periodistas, especialmente los que hacen entrevistas en vivo, de entrevistar a Trump y este tipo de políticos populistas que tanto se acercan al fascismo.

Históricamente, los medios de comunicación han luchado con los líderes fascistas por el control de la información para ofrecer otras perspectivas. Sin embargo, los líderes totalitarios manipulan a los medios independientes para hacerse del poder, para luego eliminarlos. En este marco, los periodistas independientes deben entender que se trata de jugadores deshonestos que buscan promover sus mentiras en lugar de responder preguntas de forma honesta.

Adolf Hitler entendió la centralidad de la propaganda y la importancia de controlar la prensa para mantener el poder. En “Mein Kampf”, escribió, “la propaganda debe ajustarse a las amplias masas en contenido y en forma, y su solidez debe medirse exclusivamente por su resultado efectivo”. Por eso, también argumentó que el Estado “debe ejercer un control especialmente estricto sobre la prensa. … No debe dejarse confundir por las tonterías sobre la llamada libertad de prensa”.

Una vez en el poder, los nazis destruyeron los medios independientes, cerraron más de 200 periódicos y enviaron a miles de periodistas a la cárcel. Como explica el historiador Richard Evans, “La Ley de Editores del 4 de octubre de 1933 otorgó a los nazis el control total sobre la prensa”.

Una vez en el poder, “[Joseph] Goebbels [el ministro de propaganda nazi] daba instrucciones a los periódicos todos los días, describiendo lo que podían o no podían publicar”. Los fascistas odiaban especialmente a los periodistas porque su función debería representar lo opuesto a lo que defendía el fascismo. La verdad, la transparencia y la libertad de pensamiento son la antítesis del fascismo y de los nuevos aspirantes al fascismo como Trump, Jair Bolsonaro y Narendra Modi.

En 1932, uno de los pocos periodistas estadounidenses que entrevistó a Hitler, Hans Kaltenborn, explicó que “Adolf Hitler tiene una intensa aversión instintiva a las entrevistas. Este hombre, cuyas corazonadas sobre qué hacer y cuyo extraño sentido de cuándo hacerlo asombran al mundo, piensa mejor y decide con mayor astucia cuando está solo. No le gusta hablar con extraños porque lo intimidan. Compensa su timidez con una estridente autoafirmación en su presencia. En lugar de responder a las preguntas de un entrevistador, pronuncia discursos emocionados, buscando así crear para sí mismo la atmósfera de la reunión pública cuando en realidad se encuentra en su casa”.

Kaltenborn esperaba que su entrevista con el dictador alemán arrojara luz sobre las operaciones nazis, en particular sobre la mentalidad racista y antidemocrática de sus líderes. Pero sus preguntas sobre el antisemitismo de Hitler y sus puntos de vista sobre la dictadura entraron en conflicto con un elemento central del libreto fascista: el «fuhrerprinzip», la idea de que los líderes tienen razón en todo y que el resto, incluidos los periodistas, deben aceptar sus explicaciones sin preguntar.  

Por eso, como explicó Kaltenborn, “desde el comienzo de su carrera pública, Hitler ha evitado el contacto personal con hombres que no están de acuerdo con él. Es tan consciente de su incapacidad para persuadir a los individuos como seguro de su habilidad para atraer a las masas”. Kaltenborn sintió que podía hacerle preguntas críticas a Hitler. Sin embargo, descontento con el cuestionamiento, Hitler se limitó a afirmar su antisemitismo, su identificación fascista con Mussolini y su vocación dictatorial. En otras palabras, simplemente se concentró en repetir sus grandes mentiras.

Es por eso que dictadores como Hitler prefirieron hacer entrevistas con quienes los idolatraban, no con periodistas serios e independientes, para poder extender su culto evitando preguntas críticas. El primer dictador argentino José Félix Uriburu, por ejemplo, fue “entrevistado” para legitimar el golpe de 1930 enmarcándolo falsamente como una revolución heroica. La entrevista ayudó a reforzar el mito del líder, cristalizando una narrativa ficticia que pasó a formar parte de la larga historia del autoritarismo en Argentina.

En 1931, el escritor judío alemán Emil Ludwig entrevistó a Benito Mussolini en el apogeo de su dictadura. Inicialmente, Mussolini vio esto como una oportunidad para difundir sus mentiras en el extranjero, mientras que Ludwig lo vio como una oportunidad para distanciar a Mussolini de Hitler y criticar el racismo y el antisemitismo nazis. Tal vez, fue el tono de aprobación e incluso de admiración de Ludwig lo que llevó a Mussolini a bajar la guardia y ridiculizar abiertamente el antisemitismo nazi.

Pero luego, Mussolini cambió de opinión, finalmente bloqueó la circulación de la entrevista publicada como libro y permitió que se volviera a publicar solo después de cambios importantes, por temor a parecer débil frente a los periodistas y para evitar dañar las relaciones con Hitler.

Finalmente, Mussolini aprobó sus propias leyes raciales en el otoño de 1938 y, como demostró el historiador italiano Simon Levis Sullam, algunos años más tarde y bajo la ocupación nazi, los fascistas se convirtieron en verdugos clave del Holocausto en Italia. La entrevista publicada con Mussolini apareció en todo el mundo en varios idiomas, lo que ayudó a normalizar la imagen de Mussolini en el extranjero, mientras se silenciaba dentro de la propia Italia. En consecuencia, la entrevista no logró ningún resultado positivo, ni dentro de Italia ni a nivel internacional a pesar de las buenas intenciones de Ludwig.

En resumen, los fascistas y populistas históricamente no favorecieron el debate o el acceso abierto a las ideas, sino que siempre buscaron minimizar la relevancia de instituciones democráticas como la prensa libre. Aspirantes fascistas como Trump y Bolsonaro a menudo han demonizado a los medios independientes, pero a menudo lo hacen en esas mismas plataformas mediáticas, y con demasiada frecuencia sin enfrentarse a preguntas críticas.

Es por ello que populistas extremos como Trump y Bolsonaro han llegado a ver a la prensa independiente como un adversario clave de su propia política, pero también como una herramienta de manipulación. La noción de escuchar a “las dos campanas” adoptada frecuentemente por los medios independientes los hace vulnerables a ser utilizados para amplificar mentiras. Como muestra la historia, los dictadores fascistas siempre entendieron que el papel de los medios libres era incompatible con su propaganda antidemocrática, y sin embargo manipularon esos mismos medios siempre que se les permitió hacerlo. 

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El reto de las elecciones de 2022 en Brasil: ¿partido o federación?

Ronaldo Nado Teixeira
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El reto de las elecciones de 2022 en Brasil: ¿partido o federación?

«Nuestro pueblo no cumplirá su destino si no se organiza en un partido», afirmó en 1979 o líder laborista brasilero Leonel Brizola, refiriéndose a la importancia de los partidos para el ejercicio democrático de la política. Poco después de la amnistía promulgada en agosto del mismo año, el Congreso Nacional aprobó la ley que autorizó el regreso del multipartidismo en Brasil. En torno al efervescente debate de ideas y propuestas, Brasil comenzó a respirar democracia tras años de dictadura militar y el reto pasó a ser formar partidos que dieran voz a muchos silenciados durante años o que no se sentían representados en el forzado bipartidismo del periodo militar.

La libertad de creación de partidos, sin embargo, llevó a una fragmentación récord en las elecciones de 2018, con la elección de diputados federales de 30 partidos diferentes. Tras sucesivas minirreformas electorales, una enmienda constitucional estableció las nuevas reglas para las elecciones de 2022. ¿Qué cultura política se desprende del espíritu (siempre de Montesquieu) de la nueva legislación electoral?

Federación como el mantenimiento del poder

Podría limitar el análisis a aspectos loables de la reforma, como la valorización de la presencia de mujeres y negros, con el estímulo de que, una vez elegidos, generen el doble de recursos para las finanzas del partido. O la sensata decisión de investir al presidente el 5 de enero del año siguiente a la elección, y no el 1º de enero como hasta ahora. Sin embargo, lo que motiva a la Ciencia Política, en general, y a la vida partidaria, en particular, es el resultado que la nueva legislación tendrá en la formación de los partidos brasileños, y cuánto hay de contribución efectiva a la consolidación de la democracia en el país. En este sentido, el aspecto más relevante de la nueva legislación es el concepto de «federación de partidos».

La federación de partidos significa que dos o más partidos pueden unirse en una federación que, tras su constitución y registro en el Tribunal Superior Electoral (TSE), actuará como si fuera un único partido. Según el TSE, la federación tiene «el objetivo de permitir que los partidos actúen de forma unificada en todo el país, como prueba para una posible fusión o incorporación».

La federación, sin embargo, es más una forma de mantener el poder, especialmente el control de los recursos proporcionados por el financiamiento público, y menos una herramienta para la construcción de partidos. El compromiso se firmará verticalmente, dentro de los ejecutivos nacionales, sin tener en cuenta las diferencias locales y regionales. Este es el espíritu de esta norma de la enmienda a la Constitución.

Sin embargo, la federación no es una imposición legal. Es una decisión de los partidos políticos. Los partidos considerados grandes estimulan la federación como una forma de cooptar los «mejores» nombres de los llamados partidos «pequeños», reforzando su estructura partidaria. Por otro lado, algunos partidos pequeños encuentran en la federación el subterfugio para seguir existiendo. Como ejemplo, el PSDB y el PT proponen formar una federación al partido Ciudadanía y al Partido Comunista de Brasil, respectivamente. La federación no fomenta el crecimiento del partido, sólo renueva la fuerza de los líderes, tanto en los partidos grandes como en los pequeños. En este acuerdo político los mismos líderes de cada partido tenderán a ser reelegidos.

La alternativa a la federación de partidos

Mientras que el estatuto de la federación ofrece a la nueva composición dirigentes partidarios ya consagrados, algunos partidos no adhieren a esta propuesta, guiados por el principio de igualdad de condiciones para la disputa; las listas de candidatos reúnen a dirigentes en ascenso que, de alguna manera, contribuyen a la renovación de la dirección del partido.

La Red Sustentabilidad, de la ex candidata presidencial Marina Silva, lo intentó en 2018, pero no tuvo éxito y ahora busca participar en una federación. El partido Avante, por su parte, intentará superar la clausula de barrera en 2022 sin integrarse en una federación. Para ello, la información que difunden los dirigentes de este partido es que, en la aprobación de las candidaturas a diputados, hay una serie de criterios a ser cumplidos: la participación de los candidatos no electos en los mandatos de los que fueron electos, y el reparto de los recursos financieros del partido pensando en la siguiente elección. Sin embargo, los partidos tradicionales, -PT, MDB, PP, PSDB- se esfuerzan por mantener el control sobre los partidos menores de la federación, ya que el acuerdo tendrá la conformación de bancada durante los cuatro años del mandato.

No se puede obviar que la federación es una decisión vertical, de arriba para abajo, que no tendrá en cuenta las peculiaridades regionales y que una vez establecida también definirá la orientación del partido en las elecciones municipales de 2024. O sea, los líderes que disputan fuertemente las elecciones en las ciudades podrán verse obligados a compartir la misma federación en las elecciones municipales debido a una deliberación superior, ajena a sus objetivos. Muy diferente a lo que proponen los partidos que optan por enfrentarse a las urnas con autonomía e independencia, sin recurrir a la federación. En estos últimos, los criterios de solidaridad partidaria, con el objetivo de comprometer a los dirigentes en la construcción del partido, priorizan la democracia interna y la perspectiva de su vitalidad y renovación.

Para las próximas elecciones, los partidos se presentarán ante la población brasileña el 31 de mayo, cuando se cierra el plazo para la formalización de las federaciones. A partir de esta fecha podremos formarnos un juicio sobre qué organizaciones priorizan el fortalecimiento de los partidos políticos como deseaba Leonel Brizola y como la democracia requiere más que nunca.

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Perú y la gobernabilidad esquiva

Milagros Campos
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Perú y la gobernabilidad esquiva

El riesgo de la crisis crónica en el Perú es normalizar la ausencia de políticas públicas de largo plazo, la ausencia de reformas estructurales y la continuidad de  problemas en el diseño institucional que si bien no son la única causa de la crisis, tampoco son abordados para contribuir a su solución. Desde julio 2016, cinco presidentes–dos renunciaron y uno fue vacado por permanente incapacidad moral–y tres congresos, son síntomas de la inestabilidad política. Adicionalmente, en este periodo, tres sectores claves en tiempos de pandemia tuvieron recurrentes cambios: trece ministros de salud, quince ministros del interior y diez ministros de economía y finanzas.

Castillo, como sus antecesores, es un presidente en minoría, en un contexto de partidos políticos poco representativos. Como muestra de ello, él se inscribió meses antes de la elecciones a Perú Libre, para ser candidato a la presidencia.    

Transcurridos seis meses de gobierno, sólo el 25% del país aprueba la gestión del presidente Castillo y el 69% la desaprueba. La aprobación es mayor fuera de Lima y en zonas rurales, mientras que la desaprobación es superior en jóvenes y menores de 42 años, en la zona norte y centro del país.

El rápido deterioro se debe en buena medida a algunos anuncios improvisados y sin viabilidad, falta de transparencia e indicios de corrupción. Sin embargo, el cargo mayor es la designación de ministros de Estado y autoridades inexpertas, cuestionadas por su falta de idoneidad. Como ejemplo, el caso del tercer gabinete liderado por el congresista Valer que tuvo una duración de tres días.

Valer tenía denuncias por violencia familiar e investigaciones fiscales por corrupción. Sin embargo, la designación del nuevo gabinete no ha solucionado la crisis entre otras razones por la permanencia en el cargo de ministros cuestionados por manifiesta falta de idoneidad e investigaciones por actos de corrupción. El caso del ministro de salud es sintomático, pues el colegio médico se ha pronunciado pidiendo su renuncia por ejercer sin la especialización, promocionar el consumo de un producto sin evidencia científica, así como por mantener una investigación por corrupción. El despido y renuncia de funcionarios expertos ha generado una gran preocupación en diversos sectores pues debilita la poca institucionalidad que se había construido con mucho esfuerzo.

De otro lado, el Congreso unicameral es muy fragmentado. Diez partidos obtuvieron representación. Se organizaron en nueve grupos parlamentarios. La bancada de gobierno obtuvo la primera mayoría con el 28% de escaños. Sin embargo, no fue una bancada cohesionada, en siete meses se redujo al 25% de escaños. Según diversas fuentes, se distinguen distintas facciones dentro de la bancada de gobierno. Con todo, Castillo ha logrado a través de sus gabinetes construir un apoyo parlamentario mayor a los 44 votos que lo blindaría de una eventual vacancia por permanente incapacidad moral, para lo cual se requieren dos tercios de los votos.

La representación femenina

La paradoja es que el Congreso elegido para el periodo 2021-2026 tiene el record del mayor número de mujeres parlamentarias –38%– y paralelamente, la participación de mujeres en el ejecutivo se redujo sustancialmente, de 36% en los últimos gabinetes desde 2016, a 15%. Pero no es solo un tema de números, el caso de violencia familiar del ministro Valer fue calificado por otro ministro de Estado como “asuntos personales”, admitiendo que el mismo también tuvo un proceso. A ello se ha sumado el silencio del presidente y la ausencia de una contundente declaración zanjando la participación en el gobierno de quienes tengan procesos por este delito.

Escenarios que enfrenta el Presidente Castillo

El Presidente ha sido elegido hasta el 28 de julio de 2026. En el Perú se prevé que la plancha presidencial se inscriba con dos vice presidentes. La primera vicepresidenta, Dina Boluarte, tiene una denuncia constitucional por infringir normas que limitan la contratación de sus familiares con el Estado. El segundo vicepresidente, no pudo inscribir su candidatura debido a que recae sobre él una sentencia en primera instancia, que le impide postular.  

Las salidas propuestas a la crisis atraviesan por la designación de un presidente del consejo de ministros que cuente con el respaldo ciudadano y la confianza del Congreso para contribuir a conducir el gobierno. Ello no está exento de problemas porque en el Perú el Presidente es de acuerdo a la Constitución, jefe de estado y jefe de gobierno.

Un segundo escenario, distante, es que el Presidente renuncie o que el Congreso fundamente una causal de vacancia por permanente incapacidad moral, con las limitaciones y cuestionamientos que tiene la institución, pues como se sabe no es propiamente un impeachment. Para ello, debe lograr 87 votos. En tales casos, la sucesión constitucional recae en la primera vice presidenta, quien concluye el mandato. Por impedimento de la primera Vice Presidenta, asume la Presidenta del Congreso y convoca a elecciones. Ante el silencio en la Constitución respecto de la naturaleza de esas elecciones, se argumenta de un lado, que estas solo deben ser presidenciales; mientras que otro sector considera que deben ser generales.

El gabinete debe pedir el voto de confianza dentro de los treinta días de su designación. En caso de no lograr una mayoría de votos, debe renunciar. Si el Congreso deniega la confianza a otro gabinete o lo censura, el presidente Castillo puede disolver el Congreso.

Con esta agenda, ha quedado en el tintero el debate para una reforma política que mejore el diseño institucional, elimine la prohibición de reelección parlamentaria, regule el impeachment, ponga candados a la disolución del Congreso entre otras medidas. De otro lado, reformas estructurales que reduzcan la creciente informalidad políticas públicas que reactiven la economía y generen trabajo formal, atiendan la seguridad ciudadana, la emergencia ambiental y el retorno de los estudiantes a clases presenciales. La crisis política crónica afecta la gobernanza del país.

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Bolivia y su política de facciones

Franz Flores
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Bolivia y su política de facciones

En Bolivia la política no se presenta de la manera clásica como un enfrentamiento entre oficialismo y oposición, sino como una disputa entre facciones al interior del propio gobierno. No podría de ser otra manera en un país donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) concentra más del 50% de la votación desde las elecciones presidenciales de 2005 y, además, es el partido donde hallan acogida una diversidad de organizaciones sociales con gran capacidad de movilización y acción colectiva.

A diferencia de países como Chile, Ecuador o Perú, en Bolivia la Asamblea Legislativa carece de poder político real: no es el espacio por donde transitan las decisiones ni puede presionar al poder ejecutivo obligándolo a retroceder o moldear sus políticas. En Chile, el electo presidente de izquierda Gabriel Boric estará obligado en el Congreso Nacional a establecer acuerdos, no solo con la coalición que apostó por su candidatura, sino también con sus opositores conservadores.

En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, lejos de tener mayoría en la Asamblea Nacional, se enfrenta al sector afín el expresidente Rafael Correa que bloquea sus iniciativas de reforma económica. Y en Perú, el presidente Pedro Castillo no solo no puede armar coaliciones estables dentro de su propio gobierno, sino que el Congreso de la Republica puede removerlo de su cargo en cualquier momento. En Bolivia, estos extremos son simplemente impensables.

Luis Arce y su gabinete ministerial

A mediados de enero de 2022, el presidente Luis Arce se hallaba asediado por las exigencias de cambio en su gabinete. El Pacto de unidad, la organización que aglutina a las organizaciones afines al MAS, había sentenciado la salida de siete ministros, entre ellos el de gobierno Eduardo del Castillo, al que la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) tildaba de traidor.

Aunque los voceros del gobierno calificaban el hecho como parte de la democracia interna, lo cierto es que al interior del MAS se estaba tratando de reconfigurar el balance de poder entre al menos dos facciones del MAS. Evo Morales era el más interesando en un cambio y lanzó la orden de una renovación del gabinete. Morales afirmaba que el presidente Arce no tenía ministros que lo defiendan y que todos estaban cuidando su cargo sin tomar en cuenta que eran “fusibles”, es decir que se los podía quemar para salvar la figura presidencial.

Arce, a diferencia de su anterior lógica de retroceder para gobernar, en este caso optó por el inmovilismo y logró convencer a las organizaciones sociales que la decisión sobre un eventual cambio de gabinete que tenía que darse el 22 de enero fuera postergado para el 11 de febrero. Todo hacia pensar que Arce solo dilataba el problema.

Sin embargo, el 23 de enero el ministro de gobierno Eduardo del Castillo anunció la captura en la frontera con Argentina de Maximiliano Dávila. El exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) era acusado de lavado de dinero, ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico en base a una investigación de la norteamericana Administración para el Control de Drogas (DEA).

Aunque Dávila había asumido el cargo casi al finalizar el mandato de Morales, todos los focos mediáticos se posaron sobre el expresidente y su gestión. Los medios de comunicación publicaron una fotografía de Morales junto al acusado, y este, cuando era conducido al penal de San Pedro calificó al ministro del Castillo de violar el proceso por querer “incriminar al presidente (Evo) Morales». 

Ante los hechos, varios dirigentes del MAS intentaron detener el deterioro político. Clemente Ramos, asambleísta por el departamento de Santa Cruz, acusó a la derecha “golpista y narcotraficante” de armar el caso. La Federación de trabajadores campesinos de Cochabamba junto a las seis Federaciones de cocaleros del Trópico se pronunciaron en defensa de Morales y se declararon en alerta ante lo que calificaban como intento de desestabilización del gobierno. Finalmente, el MAS en bloque, rechazó toda posibilidad de que el ex coronel de policía Dávila sea extraditado a los Estados Unidos. Todos estos esfuerzos fueron vanos.

Aunque la oposición partidaria trató de capitalizar el escándalo, el efecto político real fue el debilitamiento de la figura de Morales, de los sindicatos cocaleros y un fortalecimiento del ministro de gobierno Eduardo del Castillo y, por ende, de todo el gabinete de Arce.

El 11 de febrero, el representante de la CSUTCB, luego de reunirse con el presidente declaró ante los medios que ya no se pediría el cambio de ministros y que se haría una evaluación periódica “para mejorar la calidad y gobernabilidad de nuestro hermano presidente y vicepresidente”.

Arce logró mantener su gabinete y, de esta manera, anotarse un claro triunfo frente a la corriente evista, mientras que el ex presidente ha denunciado la existencia de un “ala derecha” en el MAS que busca desprestigiarlo.

La democracia en la política de facciones

La cercanía entre narcos y policías, y la promiscuidad entre funcionarios judiciales y delincuentes asesinos probablemente hubiera provocado un aluvión político capaz de poner en grave crisis a cualquier gobierno. Sin embargo, no ha sido así. Los escándalos solo han servido para reequilibrar el poder entre las facciones del MAS, pero no han generado un cambio político que, por ejemplo, comprometa al gobierno a un cambio real en la administración de justicia y la policía.

Este es el efecto pernicioso del sistema de partido predominante en Bolivia donde el desproporcionado poder político del partido oficialista hace que los actores partidarios de oposición carezcan de un mínimo de capacidad de bloqueo ante cualquier iniciativa del MAS. De esta manera, el juego político transcurre en los límites del MAS y entre las organizaciones sociales que de una manera u otra son parte de la administración gubernamental, sin trascender a un espacio institucional donde, una buena parte de la sociedad civil perciba que se discuten y representan sus intereses.

Con la llegada de Arce al poder se ha dinamizado la política, pero este cambio no ha representado una ampliación de la democracia en el sentido inclusivo. Si antes la política tenía como eje a Morales, hoy está concentrada en el MAS y sus facciones que se disputan el poder gubernamental.

Si la política se reduce a los limites impuestos por el MAS, la democracia se daña gravemente y se genera descontento en la población que ya no se siente representada o que se siente utilizada por quienes están en el poder. La democracia debe ser capaz de incluir a actores y corrientes que no están ligados o coinciden con el partido mayoritario.  Si esto no ocurre, los riesgos de una crisis de representación política son altos.

Las internacionales progresistas en América Latina

Enrique Gomáriz Moraga
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Las internacionales progresistas en América Latina

Si hay un término en el lenguaje político que siempre ha sido socorrido y que ahora vuelve a estar de moda es “progresista”. Desde hace al menos dos siglos este término—impreciso por naturaleza—ha sido utilizado sin demasiado rigor. Por ejemplo, se hace referencia a la primera “ola progresista” latinoamericana, a la vez que se incluye a los gobiernos de Ortega y Maduro, a pesar de que no tienen nada de progresistas. Por ello, no hay que perder de vista que cuando una categoría se utiliza incorrectamente se corre el riesgo de que el análisis pierda consistencia.

En todo caso, lo cierto es que, usando la connotación general del término, varias organizaciones internacionales creadas en este siglo han optado por esa denominación, como la Alianza Progresista o la Internacional Progresista, por mencionar las de mayor alcance a nivel latinoamericano y global.

La Alianza Progresista es una organización mundial de partidos socialdemócratas (procedentes de la Internacional Socialista) y otros partidos considerados progresistas, que van desde el Partido Democrático Italiano (exPCI) hasta el Partido Demócrata de Estados Unidos.

Representantes de estas fuerzas se reunieron en Roma en diciembre del 2012 y decidieron formalizar la Alianza el 22 de mayo del 2013. La red cuenta actualmente con 140 partidos y organizaciones sociales en todo el mundo y un comité coordinador de 30 partidos que define las políticas y los posicionamientos. De América Latina participan los partidos socialistas de Argentina, Uruguay y Chile, el Partido de los Trabajadores de Brasil y el PRD de México, entre otros.

El nacimiento de la Alianza Progresista tuvo lugar en medio de una controversia con la veterana Internacional Socialista, fundada por Willy Brandt al acabar la segunda guerra mundial. El desencuentro fue de doble dirección. Por un lado, varios miembros de la histórica Internacional Socialista no estaban de acuerdo con la ampliación que se pretendía de la Alianza. Del otro lado, varios partidos socialdemócratas importantes como el sueco, el alemán o el austríaco criticaban fuertemente al núcleo de dirección de la Internacional Socialista, impulsado por su secretario general, Luis Ayala, procedente del Partido Radical de Chile, que se mantiene reiteradamente en el cargo desde 1989.

El resultado de esa divergencia ha llevado a que buena parte de los partidos socialistas y socialdemócratas de la Internacional Socialista también participen de la Alianza Progresista. Pero los partidos más críticos con la dirección de Ayala han “congelado” su participación en la Internacional Socialista.

En América Latina esa situación se reproduce. Varios partidos pertenecen a la Internacional Socialista y también a la Alianza Progresista, como sucede con PS y PPD en Chile. En otros países, los partidos se reparten como en México donde el PRI hace parte de la Internacional Socialista, mientras el PRD se registra en la Alianza, o en Argentina donde la Unión Cívica Radical se mantiene en la histórica organización, mientras que el Partido Socialista está afiliado a la Alianza.

La Internacional Progresista

Apenas unos años después emerge la otra organización internacional, que, pese a usar ese mismo término, presenta un planteamiento muy distinto: la Internacional Progresista. Desde su origen, producto de la relación entre el movimiento europeo alternativo del exministro Yanis Varufakis (DiEM25) y el Instituto del senador estadounidense Bernie Sanders, la IP refiere, de forma general, a los grupos que se sitúan a la izquierda de la izquierda.

En el viejo continente, luego de la ruptura del ex Ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis con el gobierno populista de Syriza, liderado por el primer ministro Alexis Tsipras, el exministro planteó la necesidad de crear un espacio internacional alternativo para salir de las constricciones del existente. Así, junto a otros grupos minoritarios, como el partido Podemos en España, configuró DiEM25, que entró en conversaciones con el Instituto Sanders, para terminar fundando la Internacional Progresista. Esta organización integra en América Latina a organizaciones sociales y de comunicación, pero a pocos partidos políticos, si bien uno de ellos es Convergencia Social, la formación que lidera Gabriel Boric, el actual presidente de Chile.

Una de las principales diferencias entre ambas organizaciones guarda relación con la determinación de los límites del término “progresista”. Para la Alianza Progresista existen límites bien definidos acerca del respeto de la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Mientras que, en el caso de la Internacional Progresista, compuesta por corrientes que van desde los socialdemócratas hasta opciones populistas, esos límites son más laxos. En consecuencia, la Alianza Progresista excluye de esa denominación a regímenes como los de Ortega, Maduro o el de Cuba, mientras que la Internacional Progresista, que cuenta en su Consejo con líderes populistas como García Linera, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, o el propio Varufakis, los incluye.

Debido a esas diferencias, apenas hay partidos que combinen su participación en la IP con su pertenencia a la Alianza. Un caso excepcional es el que refiere al Partido de Acción Ciudadana de Costa Rica, que, aunque integra como partido la Alianza Progresista (Liberación Nacional pertenece sólo a la IS), siempre ha tenido presencia en el Consejo de la IP mediante la parlamentaria del PAC, Patricia Vega, además de contar con la simpatía de varios sectores al interior del partido. Por cierto, habría que estudiar cómo ha sido posible que un partido que se presenta como progresista en distintas instancias, haya sufrido una debacle electoral de tal magnitud que le deja fuera no solo del gobierno sino del parlamento.

En este contexto y retornando a la idea de que se está posicionando una nueva oleada de gobiernos no conservadores, hay que tener en cuenta que esta nueva “ola progresista” difiere de la anterior en que se aprecian muchas menos tentaciones populistas y, en consonancia, se mantiene la distancia con los regímenes autoritarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Los efectos previsibles de la revocación del mandato presidencial

Fernando Barrientos
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Los efectos previsibles de la revocación del mandato presidencial

La revocación de mandato se ha introducido en los sistemas presidenciales como un mecanismo de democracia directa, a la par del referéndum, el plebiscito, el presupuesto participativo y la consulta ciudadana. Pero en la práctica, opera más como un mecanismo de medición de fuerzas entre el gobierno y la oposición y un termómetro de popularidad de los gobernantes de turno.

Su incorporación, contemplada en pocos países latinoamericanos, apareció bajo gobiernos de izquierda con un fuerte componente populista: en Venezuela en 1999, en Ecuador en 2008, en Bolivia en 2009 y en México en 2021. Si bien existe también la revocación para cargos ejecutivos y legislativos a nivel subnacional, la revocación del mandato presidencial es la que acapara la atención pública.

El objetivo de la revocación es someter a votación de la ciudadanía la permanencia de un ejecutivo en el poder. Se presenta como un mecanismo de control para revertir una decisión mayoritaria previamente establecida. ¿Pero cuáles son las razones que justifican votar para decidir mantener o separar a una persona de un cargo?

Teóricamente, se parte de una evaluación de las acciones del gobierno desde que asume hasta que se somete a dicho control. Una evaluación positiva implica continuidad, y una negativa, dejar el cargo. Empíricamente difícilmente la ciudadanía puede contar con todos los elementos para hacer una evaluación, la información sobre lo que hacen los gobiernos es asimétrica y prácticamente está monopolizada por las élites políticas.

Por lo tanto, la ciudadanía se guiará más por sus afinidades político ideológicas y menos por una evaluación sobre el desempeño. En contraste, en los sistemas parlamentarios o semipresidenciales, la continuidad o no de un gobierno depende de la confianza de los miembros del parlamento, que pueden revocar o confirmar la permanencia de gobierno durante su periodo.

Los procesos de revocación en América Latina

Hasta febrero de 2022, sólo se habían llevado a cabo dos procesos de revocación de mandato presidencial. El primero en Venezuela el 15 de agosto de 2004, fue iniciado por varios sectores de la oposición de manera coordinada, pero también promovido por Hugo Chávez y sus aliados. Guiado por órganos electorales poco independientes, terminó siendo un proceso desaseado que puso en duda su viabilidad y terminó por generar una crisis política.

Chávez se mantuvo en el poder al ganar con 59.1% de los votos y a partir de entonces y hasta su muerte en 2013, la polarización fue en aument. Hoy Venezuela, bajo el mando de Nicolás Maduro, es considerado un régimen autoritario, sumido en una crisis política y económica graves, y el mecanismo de revocación, que precisamente debería coadyuvar a promover la salida del gobernante no ha funcionado. En 2016 y 2002 el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la aplicación de este mecanismo al imponer reglas inalcanzables.

El segundo proceso se llevó a cabo en Bolivia el 10 de agosto de 2008, para el presidente, el vicepresidente y ocho de los nueve prefectos. Evo Morales fue ratificado con el 67.43% de los votos, así como seis prefectos, todos de su mismo partido. Dos de los prefectos removidos, de La Paz y Cochabamba, eran miembros de la oposición.

Bolivia también entró después en una crisis política ya que el referéndum revocatorio profundizó los conflictos existentes entre líderes regionales y el gobierno central. Nueve días después de celebrado se iniciaron paros laborales y bloqueos de carreteras, el conflicto escaló al grado de que en septiembre explotó un oleoducto que había sido cerrado por los opositores, y días después fueron asesinados campesinos simpatizantes del oficialismo. En ese contexto, Morales expulsó al embajador de Estados Unidos acusándolo de apoya a la oposición y se impuso un estado de sitio en Pando, donde se concentraron los choques.

El conflicto fue disminuyendo cuando intervino UNASUR y se crearon comisiones para investigar los hechos. Posteriormente, y en menos de un año, se llevaron a cabo nuevos procesos para llamar a las urnas a la ciudadanía boliviana. En enero de 2009 se llevó a cabo el referéndum constitucional para la nueva Constitución y en diciembre elecciones generales para elegir nuevamente a presidente y otros cargos. En los dos procesos, así como sucedió con la revocación, el movimiento de Evo Morales ganó ampliamente.

Estas experiencias demuestran que la revocación de mandato es un mecanismo ciudadano de control del poder pero que se basa en información asimétrica, por lo tanto, es un mecanismo que las élites pueden manipular. Además, estos procesos tienden a favorecer al presidente de turno y a su partido, y finalmente pueden desembocar en crisis políticas.

¿Cuál es el objetivo del proceso de revocación de López Obrador?

En México, la revocación de mandato presidencial se incorporó a la constitución en 20 de diciembre de 2019, en septiembre de 2021 se expidió la ley reglamentaria y el próximo 10 de abril se votará. La revocación procede si el resultado es por mayoría absoluta y si la participación supera el 40% de los inscritos en la lista nominal. Bajo este supuesto asumiría el Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso y dentro de los 30 días siguientes se debería nombrar a un presidente sustituto para completar el periodo constitucional.

No resulta extraño que López Obrador y su partido Morena hayan promovido la aplicación de la revocación ya que en la práctica la presentan como una “ratificación”. Al mismo tiempo, han utilizado su activación para atacar a las autoridades electorales, de manera particular al Instituto Nacional Electoral (INE), negándole recursos para llevarlo a cabo.

A diferencia de lo que sucedió en Venezuela y en Bolivia, en el caso de México la oposición, partidistas y no partidistas, no se han movilizado para promover la revocación. Ello puede suponer un “fracaso” para López Obrador que ha tratado de generar amplias movilizaciones a través de otras consultas, pero sin lograrlo.

En la consulta popular de 2021 para “enjuiciar a los expresidentes”, apenas participó el 7.11% de la lista nominal, ganando de manera previsible el Si, con un 97.72%. En octubre de 2018, a tres meses de haber ganado las elecciones, López Obrador impulsó una Consulta (fuera de la ley) para cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco y construir uno nuevo en Santa Lucía, en esta ocasión ganó la opción del presidente con una participación de apenas el 1.22% de votantes.

En este marco, todo indica que es altamente previsible que la participación ciudadana para la revocación sea baja y que el resultado favorezca ampliamente a López Obrador. Quizá después de esta tercera experiencia en la región convenga evaluar si la revocación del mandato presidencial es realmente un mecanismo de democracia directa o simplemente un instrumento de manipulación de las élites políticas.

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Organizaciones criminales gobiernan secciones de la frontera Colombia-Venezuela

César Niño
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Organizaciones criminales gobiernan secciones de la frontera Colombia-Venezuela

Durante la visita del presidente Duque y la cúpula militar a Arauca el 16 de enero, dentro del marco de un consejo de seguridad, a 18.4 kilómetros de distancia, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) transitaron por las calles de La Esmeralda, en el municipio de Arauquita, atemorizando a la población. Este es uno más de los acontecimientos que han tenido lugar durante al menos 30 años en la zona. En la frontera entre Colombia y Venezuela han cohabitado grupos al margen de la ley como el ELN, el Ejército Popular de Liberación (EPL), las extintas FARC—a partir del siglo XXI empieza a migrar hacia Venezuela—y actores criminales híbridos que se enfrentan por las rentas ilegales.

La zona compartida entre ambos países ha sido testigo de la transformación y mutación del conflicto armado junto con la precaria presencia estatal, tanto de Caracas como de Bogotá. Si bien la violencia y la inseguridad en el área persiste desde hace tres décadas, entre 2021 y 2022 la situación se ha degradado hasta el punto de que los actores involucrados son cada vez más difusos.

Esta zona fronteriza es un microcomplejo geográfico de gran importancia estratégica lo cual fomentó el desarrollo de una red criminal binacional de gran alcance. Del lado venezolano se encuentran los territorios del Alto Apure compuesto por Guasdualito, El Amparo, Puerto Páez y Elorza. Del colombiano, están los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, en Arauca; y Cubará en Boyacá. En esta área, sumado a la ausencia de instituciones formales de ambos países, quienes ejercen el control y gobiernan son los criminales que compiten por las rutas de narcotráfico, tráfico de personas y armas.

Entre los años 2016 y 2022, en Arauca y Apure han convivido estructuras del ELN y el grupo Décimo Frente Martín Villa como disidencias de las FARC. Ambos compiten por los mercados ilícitos llevando a cabo acciones armadas que dejaron como resultado más de 30 muertos y 400 personas desplazadas a comienzo de 2022.

Varias son las razones de los problemas actuales. Por una parte, la narrativa venezolana ha sostenido que existe una campaña de desestabilización desde Colombia a través del envío de actores violentos a cometer actos criminales en su territorio. De hecho, en los últimos 14 meses se han presentado combates entre las fuerzas armadas venezolanas contra grupos irregulares colombianos. Esto ha llevado a un grave desplazamiento de familias y ha agudizado la crisis humanitaria en la región.

Por otra parte, la versión colombiana sobre la crisis en la zona es que desde Bogotá se han lanzado operaciones militares contra las disidencias de las otrora FARC. Versión que comparte el reporte de Human Rights Watch de 2020 sobre el aumento de la violencia en Apure y Arauca.

Sin embargo, el agravante es que hay un actor que ha sido poco nombrado en los medios y se le ha dado poca importancia en los análisis sobre sobre el tema. Se trata de  la guerrilla venezolana “Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional” que, según varias organizaciones internacionales, tiene una estrecha relación y beneplácito para operar con las autoridades locales venezolanas.

Independientemente de los actores armados que allí se desenvuelven, ha sido la población civil la víctima y centro de gravedad de la situación. En ese sentido, encadenando la serie de fenómenos y cuestiones de la crisis, las explicaciones pueden profundizarse aún más. La seguridad en Colombia no pasa por su mejor momento. El país ha entrado en una espiral de inseguridades y violencias de distintas naturalezas debido a que proliferan diversos grupos armados que buscan controlar territorios por las rentas ilegales.

De hecho, la baja implementación del Acuerdo de paz firmado en 2016 (30%) preocupa en el país por el asesinato de líderes sociales, ambientales, desplazamiento forzado y asesinato de excombatientes. Este fenómeno y la imposibilidad del Estado colombiano de llegar a todo el territorio podría desembocar en un tercer ciclo de violencia donde Arauca juega un rol importante.

En efecto, las autoridades de seguridad colombianas han intentado recuperar el control en la zona, pero se encuentran con que ni para los militares, ni policías la zona es viable. Una de las explicaciones de las causas de la violencia entre Arauca y Apure tiene que ver con la errada noción de seguridad militarizada de la administración Duque.

El exceso de militares no implica una mayor seguridad. Además, existe una desconexión entre la idea de seguridad de los tomadores de decisiones y la cotidianidad de la violencia territorial. Y por último hay una permisividad desde Venezuela que permite al ELN actuar como guerrilla binacional. Entre tanto, las Cancillerías de ambos países desconocen la importancia de tener relaciones desideologizadas por el bien de los territorios y comunidades.

Mientras Bogotá y Caracas no restablecen relaciones diplomáticas, los grupos armados irregulares tendrán más capacidad de gestión en Arauca y Apure que las instituciones estatales. Ni la Casa de Nariño ni Miraflores gobiernan en la zona, lo hacen los criminales.

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Destrucción y retroceso: las políticas del gobierno de Bolsonaro

Camila De Mario
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Destrucción y retroceso: las políticas del gobierno de Bolsonaro

Este será un año decisivo para Brasil. Integrando un súper ciclo electoral de grandes cambios en América Latina, el país decidirá en octubre si le da otro mandato a Jair Bolsonaro o sigue el ejemplo de sus vecinos y da un nuevo giro ideológico alejándose de la extrema derecha. Si opta por la segunda opción, Brasil tendrá todavía muchos retos que afrontar, el principal, quizás, el de recuperarse de tres años de una política gubernamental guiada por la destrucción y el retroceso.

Jair Bolsonaro fue elegido con una promesa central: destruir. La agenda era destruir el legado de la «izquierda» brasileña. Sus discursos se centraron en los ataques a los logros de los movimientos identitarios y las minorías, así como a los derechos y políticas sociales erigidos tras la Constitución de 1988. No nos equivoquemos, en este legado a destruir están los logros políticos y sociales de la Nueva República, es este pacto el que está en riesgo.

Los efectos de la destrucción están en todas partes: en el censo demográfico que no se realizó; en los datos sobre la pandemia que tuvieron que ser divulgados por un consorcio de prensa; en la ausencia de transparencia en los actos públicos; en los datos insuficientes para el seguimiento de la producción de políticas públicas. Por último, en el reciente apagón de datos sobre la pandemia de Covid-19, que nos dejó a la deriva justo cuando el país estaba siendo arrasado por la variante de Ómicron. 

Recortes y desmantelamiento en Ciencia y Educación

La destrucción opera de diferentes maneras. A través de los recortes presupuestarios en diversas áreas, la discontinuidad de los programas y las políticas públicas. Secretarías, departamentos, sectores desmovilizados, cerrados. La ciencia y la tecnología, por ejemplo, sufren con la parálisis de la Coordinación para el Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes); el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) agoniza por el recorte sistemático de fondos y becas de investigación en diversos niveles de formación y áreas de conocimiento.

El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep) y el Examen Nacional de la Enseñanza Media (ENEM), atacados frontalmente, sufren con despidos sin criterios claros, con destituciones de directores, acusaciones de casos de acoso moral, sobrecarga de trabajo, más allá de los cuestionamientos de carácter ideológico sobre la calidad del trabajo de sus técnicos, responsables de la preparación y realización del ENEM. 

¿Cómo olvidar el reciente incendio en el Pantanal y la omisión y falta de apoyo del gobierno federal para combatirlo? Las áreas quemadas y deforestadas tuvieron un incremento récord en todo el país desde 2019, y la respuesta del gobierno se tradujo en discursos con retórica vacía y manipuladora, sumado al recorte de fondos en el Ministerio de Ambiente, y en los organismos de fiscalización y control en esta materia.

Efectos similares, y más graves, son el retraso en la toma de decisiones fundamentales y urgentes. La pandemia nos proporciona muchos ejemplos. Demandas de insumos, como el oxígeno en Manaos, cuya urgencia fue ignorada; vacunas para el Covid-19 compradas con un retraso injustificado, práctica que se reprodujo con la vacunación infantil. Pagamos con la vida de miles de brasileños.

Contratiempos en la salud

Pero el desmantelamiento de las políticas públicas no sólo consiste en recortes, parálisis y retrasos. Recordemos la Política Nacional de Salud Mental (PNSM) implementada en 2001, y la Política Nacional de Drogas (PND) de 2006. El actual gobierno ha realizado cambios fundamentales en ambos, atacando directamente los principios y logros de la Reforma Psiquiátrica. Los objetivos son la desinstitucionalización de la atención a la salud mental y la práctica de la reducción de daños para el tratamiento de los consumidores de drogas.

El modelo de salud mental que estuvo vigente hasta el inicio del gobierno de Bolsonaro se guió por el reconocimiento de que las personas con trastornos mentales y los usuarios de drogas son sujetos políticos, portadores de derechos y deben ser tratados en su propio entorno social. Por encima de todo, el PNSM reconocía el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su propia vida y tratamiento.

La Nota Técnica 11/2019 publicada por el Ministerio de Sanidad trajo cambios que ahora permiten el funcionamiento de servicios privados como los Hospitales Psiquiátricos y las Comunidades Terapéuticas. También trajo la posibilidad del internamiento obligatorio y la defensa de la abstinencia como forma de prevenir y combatir el consumo de drogas. El resultado fue el aumento de las Comunidades Terapéuticas a partir de 2019. En 2018 el Gobierno Federal financió cerca de 2,9 mil vacantes en estas instituciones, ya en 2019 el Ministerio de Ciudadanía financió 11 mil vacantes.

El último retroceso en materia sanitaria ha sido la propuesta, sin soporte científico, de incluir la terapia electroconvulsiva para la contención de la conducta agresiva en casos de Trastorno del Espectro Autista en el Protocolo Clínico y las Guías Terapéuticas. Esta práctica está considerada como tortura por la ONU. La resistencia de los otros poderes instituidos, de los políticos, de una parte de los medios de comunicación y de la sociedad civil, parece haber bloqueado la acción.

La urgente tarea de revertir todas las políticas de Bolsonaro

Es imposible enumerar todos los cambios y sus consecuencias en este artículo. Están presentes en todas las políticas públicas. En 2022, tenemos la urgente tarea de tratar de conocer y comprender el significado de cada uno de ellos, de escudriñar cada decreto, cada nota técnica, cada recorte presupuestario, cada programa suspendido y sustituido, o no. La tarea es gigantesca.

El próximo presidente tendrá que hacer mucho más que contener el avance del autoritarismo y la destrucción institucional promovida por el bolsonarismo. Deshacerse del Techo de Gastos y frenar el desmantelamiento no reconstruirá nuestras instituciones, nuestras políticas públicas, no recuperará nuestra democracia, nuestro pacto, nuestra dignidad.

Si la sociedad brasileña no es consciente del tamaño y los significados del desmantelamiento promovido durante el gobierno de Bolsonaro, no podremos ni barrer los escombros.

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