Junk-fluencers: la estrategia depredadora de la publicidad digital 

Ricardo Prado Hurtado
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Junk-fluencers: la estrategia depredadora de la publicidad digital 

Actualmente, las poderosas empresas multinacionales productoras de Alimentos Ultra Procesados (AUP), han encontrado un campo completamente fértil para seguir anunciando sus productos en las redes sociodigitales al margen, inclusive, de las leyes en países donde hay legislación como en México. Recientemente, la organización protectora del consumidor mexicana Tec-Check A.C. señaló que las principales productoras de AUP operan libremente en la red, a falta de un marco legal claro para su publicidad digital.

UNICEF, El Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que uno de cada tres niños y adolescentes entre cinco y 19 años de la Región de las Américas, la de mayor incidencia de las comprendidas por este organismo, padece de sobrepeso u obesidad. En el caso de adultos es más grave, 62.5% de los adultos.

Estos productos identificados por la OMS y la PAHO como los principales causantes de la pandemia global de sobrepeso y obesidad o globesidad, tienen fuertes restricciones en medios tradicionales. Estos productos no pueden ser anunciados a menores de edad, no pueden hacer uso de mascotas o personalidades en sus empaques, deben contener sellos de advertencia por excesos de ingredientes nocivos como grasas, cafeína, endulcorantes, azúcar y sodio y no pueden ser recomendados ni utilizar niños o adolescentes en su comunicación, entre otras cosas.

No obstante, en su publicidad digital en redes como Youtube, Instagram o TikTok pareciera existir un vacío legal, ya que ninguna de estas se observa en su comunicación comercial que está dirigida abiertamente a niños y adolescentes. Además, la figura del influencer se ha perfilado como la más creíble, especialmente entre sus pares, ya que, por sus características antropológicas, tienden a ser percibidos como uno más, entre las audiencias más desprotegidas; niños y adolescentes.

Esta figura ha resultado muy eficiente para las marcas de AUP pero especialmente peligrosa para niños y adolescentes. Con estrategias de producto integrado, que difícilmente pueden ser identificadas como publicidad, influencers pares, de niños y adolescentes, usan y recomiendan abiertamente bebidas azucaradas, botanas dulces y saladas con argumentos de venta que no tendrían cabida en ningún medio tradicional sin hacerse acreedores a una potente sanción.

Aunado a esto, en un entorno de economía de la atención como la ha denominado Yves Citton, las marcas de AUP compiten por las miradas con propuestas cada vez más atractivas distribuidas en una multiplicidad de pantallas. Aquí es donde el junk-fluencer o chatarra influencer tiene su ambiente ideal.

Los influencers pares tiene un especial encanto entre las audiencias, ya que no se presentan como autoridad, tutor o preceptor, sino como una figura confiable que tiene las mismas características (en apariencia) que el usuario que recibe sus mensajes. Por ejemplo, la campaña de Cereal Ultra Procesado (CUP) de arroz inflado, de sabor chocolate, más reconocido en México se desarrolló a través de una popular influencer adolescente en TikTok. Ella compuso una canción dedicada al producto con un resultado de más de 5.5 millones de interacciones y compartida, al menos por una docena de influencers pares.

Es así como niños y adolescentes se enganchan y adentran con un efecto tirafondos en contenidos cada vez más comerciales en un contexto de contenido y narrativa donde los AUP no son estrellas, pero sí acompañantes confiables recomendados por personajes muy atractivos que fungen como modelo y par.

Motivar con engaños a niños y adolescentes a satisfacer necesidades adultas, es por definición, depredador.

¿Cuál es la responsabilidad de los tomadores de decisiones políticos, que a pesar de la existencia de las leyes no la ejercen? ¿Cuándo antepondrán las organizaciones productoras de AUP la salud de sus consumidores a sus ganancias? ¿Qué papel juegan los adultos y tutores de estos menores al minimizar o ignorar el etiquetado frontal?

Todo esto sucede en México, a pesar de ser un país que tiene leyes que han servido de ejemplo para otros países como la NOM-051 de etiquetado frontal para alimentos y bebidas, la prohibición en el Estado de Oaxaca para vender AUP a menores de edad o las restricciones a la publicidad de estos productos en horarios considerados como infantiles en medio masivos.

Ahora solo falta aplicar estas leyes a las plataformas digitales. No es asunto menor.

El dilema de la plurinacionalidad en Bolivia y América Latina

Ariel Sribman Mittelman
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El dilema de la plurinacionalidad en Bolivia y América Latina

Las ideas y el discurso son sumamente importantes en política. En algunos casos explican una realidad preexistente; por ello, es necesario que la expliquen bien. En otros casos, las ideas y el discurso preexisten a la realidad y la crean, por lo que es conveniente que produzcan realidades beneficiosas para el interés general. Pero las ideas y los discursos llevados a ciertos extremos son peligrosos, pues tienden a chocar con la realidad, casi siempre más elástica y heterogénea que los rígidos moldes ideológicos a los que se la intenta someter. Y el peligro es aún mayor cuando, frente a ese choque, quienes luchan por el poder procuran imponer la ideología por encima de la realidad. Si la imposición de una ideología de envergadura es un fenómeno conflictivo, ni que decir cuando se trata de una ideología malnutrida.

El carácter plurinacional de Bolivia es una creación ideológica. Atención: no es ni más ni menos que la unidad de la nación boliviana. Dicho en términos posmodernos, ambas son construcciones sociales. Salvo que un análisis de sangre de los habitantes de Bolivia detecte genes diferentes a los del resto de la humanidad, habrá que aceptar que su nacionalidad (sea uni- o pluri-) es una categoría con fronteras arbitrarias, trazadas por la mente humana. Se trata de fronteras que pueden cambiar y, de hecho, lo hacen con frecuencia.

Hasta aquí no hay nada distinto de lo que ocurre en el resto del mundo. Las diferencias comienzan cuando vemos que se trata de una ideología plurinacional mesiánica y llena de lagunas. Mesiánica porque se espera de ella la felicidad, como si de la llegada del mesías se tratara. Mejor dicho, ciertos líderes políticos y sociales le han prometido al pueblo que la plurinacionalidad sería la panacea universal. Por ello, se pone en todos los sitios como un amuleto. Basta revisar la Constitución boliviana de 2009 para encontrarse con Estado Plurinacional, Gobierno plurinacional, Asamblea Legislativa Plurinacional, Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano Electoral Plurinacional, identidades plurinacionales, diversidad plurinacional, conciencia plurinacional del pueblo, carácter plurinacional del gabinete ministerial… Como el rey Midas, la plurinacionalidad convierte en oro todo lo que toca.

Por otro lado, está llena de lagunas porque la teoría boliviana de la plurinacionalidad, desde que apareció a comienzos de los años 80′ hasta ahora, no ha conseguido superar ciertas contradicciones ni ha establecido una serie de bases sólidas, de definiciones de primer orden. Sin ir más lejos, no ha explicado qué diferencia hay entre una nación, una nacionalidad, una etnia y un pueblo. No ha explicado por qué unas comunidades pertenecerían a determinada categoría, y otras colectividades, a otra. Y esto no es una cuestión menor: su estatus de nación es lo que (supuestamente) les concedería el derecho a la autodeterminación. Es decir, que tendría consecuencias jurídicas y políticas relevantes.

En realidad, en este punto los defensores de la plurinacionalidad boliviana caen en el mismo error que los independentistas catalanes: se empeñan en justificar que sus comunidades constituyen una nación y que esa naturaleza les confiere el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, la Carta de las Naciones Unidas no habla de autodeterminación de las naciones, sino de los pueblos. Con esto, quizá les convendría empeñarse en otros fines más provechosos y abandonar el mantra de la nación, tan biensonante como inútil.

El 29 de marzo pasado, el Gobierno boliviano aprobó el decreto supremo N.° 4900 “que aprueba el Manual de Uso de la Marca Conmemorativa del Bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia”. Insiste, así, en un uso que venía de la ley N.º 1347, de 2020: Ley del Bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Bicentenario del Estado Plurinacional? ¿No fue establecido en 2009?

Se podría pensar que a los redactores de estos textos se les ha ido de las manos el entusiasmo por plurinacionalizarlo todo. No obstante, aquí es donde entran en juego las contradicciones propias de toda ideología y los choques con la realidad. Primero, el cuerpo encargado de organizar los festejos se denomina Consejo Nacional y las directrices que ha de seguir constituyen un Plan Estratégico Nacional. Repentinamente, la plurinacionalidad desaparece, sin saberse muy bien por qué el Consejo y el Plan no son plurinacionales.

Segundo, los festejos de un bicentenario ofrecen un escenario al que muy difícilmente esté dispuesto a renunciar gobernante alguno. Ni siquiera si, como en el caso de Bolivia, implica celebrar el nacimiento de una república de corte europeo, que en numerosos aspectos adoptó el modelo institucional de Estados Unidos, bestia negra del antimperialismo plurinacional. (Es interesante preguntarse, por ejemplo, por qué hoy la Bolivia plurinacional sigue teniendo un presidente y un vicepresidente: no son instituciones copiadas del institucionalismo aymara, precisamente).

Este festejo implica celebrar el nacimiento de una república cuyo nombre fue borrado por la Constitución plurinacional de 2009, porque “república” connotaba la opresión de los pueblos originarios. República era opresión, Estado plurinacional es dignidad. Pero el Estado plurinacional tiene apenas 14 años, mientras que la república está a punto de cumplir 200. Indudablemente, 200 tiene más grandeur que 14. A montar los fastos del bicentenario, pues, y que nos quiten lo festejado.

El rey Midas también convertía en oro el alimento que intentaba llevarse a la boca. Muerto de hambre y de sed, rogó ayuda a Dionisos, que le había conferido tal poder.

En 2022, Chile rechazó abrumadoramente la propuesta de la Constituyente. Uno de los motivos fundamentales fue la plurinacionalidad que introducía el texto. Ahora mismo, los redactores de una nueva Constitución se abocan a la tarea de salvar el asunto (pluri)nacional en su borrador. Mientras tanto, los diaguitas reclaman que Argentina se reconozca plurinacional. Al otro lado del mundo, Australia prepara un referéndum para introducir en la Constitución un órgano asesor que dé voz a las comunidades aborígenes. Nada de plurinacionalidad. No se trata de que la opción australiana sea mejor: lo relevante es que muestra que existen otras formas de abordar una reivindicación similar. La imitación de la plurinacionalidad es tentadora pero peligrosa: como toda imitación, anuncia cáusticos choques entre ideas, discurso y realidad.

Dionisos le indicó a Midas que se lavara en el río Pactolo. Al tocarlo, el río se llenó de pepitas de oro.

Innovaciones en el mercado financiero

Filiberto Galarraga
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Innovaciones en el mercado financiero

La implementación de nuevas tecnologías y procesos garantiza la competitividad de las organizaciones y avanza con extrema rapidez. Esto es algo que viene ocurriendo desde hace algunos años, pero que se intensificó con la pandemia del Covid-19. Las tecnologías financieras, que mejoran y automatizan la oferta de servicios financieros, pueden ayudar a las empresas a ser más eficientes y a ofrecer productos y servicios que realmente satisfagan las necesidades de sus clientes. Si antes las inversiones en tecnología en el mercado financiero eran un diferencial competitivo, hoy sabemos que ya se consideran esenciales para sobrevivir y atraer clientes. 

En este escenario, han habido tres movimientos que, cada uno en su momento, se han ido consolidando en el mercado financiero y prometen grandes transformaciones en el sector. 

Embedded Finance

El llamado Embedded Finance, finanzas integradas, que consisten en la inclusión de productos y servicios financieros propios de una marca en la cartera de empresas que no son nativas de este sector, empezaron a surgir en América Latina en 2013. Desde entonces, es cada vez más utilizado por empresas no financieras – incluyendo minoristas, restaurantes, viajes, juegos en línea y proveedores de contenido y tecnología. Se estima que el volumen de negocio a través de las finanzas integradas superará los 183.000 millones de dólares en todo el mundo en 2027. 

Según el FIS Global Innovation Report 2023, los servicios financieros más aplicados en Brasil por este sistema son los pagos (54%), la contabilidad como servicio (44%), los seguros para empresas y/o consumidores (43%), las tarjetas de crédito (37%) y las tarjetas de débito (35%). 

Con los nuevos avances tecnológicos, será más fácil para las empresas añadir recursos financieros a sus productos y mejorar sus ofertas. El 40% de las empresas encuestadas podría utilizar servicios de compra ahora y pago después, y el 37%, servicios de pago.

Apostar por la tecnología DeFi

Otra tendencia que viene avanzando son las Finanzas Descentralizadas (DeFi), que son contratos digitales programables que realizan operaciones de valor sin intervención humana. Tienen usos más amplios que el mero comercio especulativo de criptodivisas. El Global Innovation Report señala que el 95% de los C-Levels, como se conoce a las personas que ocupan puestos directivos en las empresas, creen que para que una empresa siga siendo competitiva, necesitará proporcionar todos los servicios financieros en una experiencia de extremo a extremo.

Aunque se muestran optimistas sobre la oportunidad que ofrece DeFi, el 53% de los ejecutivos encuestados sienten temor por los marcos de gestión de riesgos que son incompatibles con la mayoría de los activos digitales y protocolos DeFi existentes. Todavía hay mucha inseguridad y dudas al respecto, lo que puede considerarse normal dado que el segmento no está regulado. 

 Relación duradera en el ESG (Environmental , Social, Governance )

A pesar de la dificultad de analizar los datos relacionados con ESG, ya que hay poca estandarización en la recopilación de información, cálculo y métricas, las empresas están comprometidas con la mejora de sus informes y divulgaciones sobre sostenibilidad, gobierno corporativo y responsabilidad social, ya que entienden que las inversiones en estas áreas son clave para empezar a dar forma a las oportunidades con vistas al futuro. Las empresas que realicen las inversiones adecuadas estarán en mejor posición para aprovechar las oportunidades en materia de ESG.

Por último, a pesar de la fuerte presión económica, es esencial valorar estas tendencias clave, con inversiones en las tecnologías adecuadas para que las empresas sean más competitivas y satisfagan las crecientes expectativas de los clientes.

La verdadera defensa de la democracia

Ana Cláudia Santano
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La verdadera defensa de la democracia

Está a la vista el hecho de que el mundo atraviesa un momento difícil en muchos aspectos. Desde el ideal del Estado de Derecho hasta los Derechos Humanos, la sensación es que más que obtener avances, hoy los esfuerzos se concentran en mantener lo que un día ya tuvimos. Los retrocesos, por tanto, están más presentes y claros que el «sueño» de un siglo XXI más armonioso y progresista.

Este contexto afecta igualmente a la democracia no solo como concepto, sino también como valor. Grupos que no pueden catalogarse exactamente como democráticos en esencia disputan en cuanto a la definición de dicho concepto. El mero uso de la palabra «democracia» o del adjetivo «democrático» puede indicar otro significado cuando se analizan con más detenimiento, teniendo en cuenta que en tiempos de posverdad hay varios y constantes intentos de dar forma al ideal democrático para que sirva a otros fines que no son democráticos en absoluto.

En este punto, el negacionismo desempeña un papel fundamental. James R. Schlesinger, economista y político estadounidense, decía que todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no a nuestra propia versión de los hechos. En contra de lo que podría pensarse, una mentira repetida muchas veces no se convierte en verdad.

Es ahí donde también se puede pensar en el papel de las ideologías con respecto al declive de la democracia, ya que al disputar el concepto, se pierde el valor y la esencia democrática de la política. Derecha e izquierda entran en conflicto directo en un intento de apropiarse de la cualidad de «democrático», pero fracasan en la verdadera defensa de los valores al no condenar los ataques a la democracia que se vienen intensificando en el mundo. 

La selectividad al tildar estos ataques de antidemocráticos y con base en principios ideológicos en política ha causado efectos colaterales que deslegitiman a las fuerzas políticas ante la sociedad, que ya no está creyendo en los ideales democráticos que han prometido (en algún momento de la historia) la paz, la igualdad y el desarrollo de los pueblos.

Además, vemos que los derechos humanos básicos han sido, asimismo, ideologizados y discutidos, lo que ha creado situaciones, incluso un tanto contradictorias, como es el caso de la libertad de expresión, de manifestación y otras libertades. El liberalismo, por tanto, ya no parece ser bien entendido en este dudoso contexto que lo confunde con todo menos con lo que realmente es. Por otro lado, la igualdad también ha sido objeto de dudosas interpretaciones que la descalifican como tal, dado que tras la supuesta consolidación de un concepto de igualdad material, parecen surgir corrientes nostálgicas de su mera formalidad y han predicado un mundo en el que «todos somos iguales», cuando es evidente que no es así.

En este debate, existe, a su vez, la estrategia de usar mecanismos que se pretenden democráticos para fines diferentes, como las consultas populares legitimadas únicamente por el procedimiento. En este caso, los Parlamentos que apoyan a los Gobiernos tienen la función principal de monopolizar un discurso que pretende ser democrático, pero que no pasa una simple prueba de integridad. Los procesos electorales y los referendos que culminan con el resultado deseado antes incluso de haber terminado, manteniendo «las cosas como están» durante un periodo de tiempo indeterminado, se han vuelto más comunes de lo que deberían.

Sin embargo, cabe mencionar que aún en el uso de mecanismos democráticos de consulta, cuando todavía hay espacio para la manifestación por parte de la sociedad, estos momentos se han convertido en oportunidades para la expresión del descontento social frente al poder. Los bajos índices de participación, que en algunos casos ni siquiera alcanzan los dos dígitos, demuestran las fracturas expuestas en un mundo en conflicto.

Y hablando de conflicto, también es necesario hacer referencia al caso de los procesos electorales violentos que no terminan con el anuncio de los resultados. En diferentes contextos, se constata que hemos perdido la capacidad de aceptar la derrota, haciendo prácticamente interminables las elecciones y recurriendo a diferentes herramientas para superar o eliminar a la fuerza política que resultó ganadora. Importantes canales de control del poder son mal utilizados para obtener un resultado distinto al de las urnas, lo que crea una «tercera vuelta» que muchas veces es ofensiva para la democracia, pero que no es condenada por sus aliados políticos.

La democracia no puede ser la conveniencia de los amigos o la mera convergencia ideológica de los grupos. No debe exaltarse por excepción, sino que debe ser lo más trivial de nuestras vidas. La práctica democrática debe alimentarse en los más variados contextos sociales, sin limitarse a la política institucional formal. La aceptación de los valores democráticos debe guiar el ejemplo de las autoridades, incluso cuando estas cuestionen sus relaciones políticas.

La democracia debe defenderse incluso cuando no nos gusta. También por eso hay que defenderla. Es totalmente posible defender un concepto de democracia que resista los ataques que ha sufrido en los últimos años. La resiliencia democrática nos demuestra que no todo está perdido incluso con esta crisis, y que asumir el conflicto como única forma de participación puede llevarnos a un camino sin vuelta atrás como sociedad.

Puede parecer utópico, pero la defensa de la democracia hace posible el retorno de tiempos prósperos para los derechos humanos en un mundo convulso. Por eso, debemos ser intransigentes con los valores democráticos, no ser selectivos en su defensa y no aceptar esa selectividad de Gobiernos y autoridades. Debemos defender realmente la democracia, le duela a quien le duela. Puede parecer obvio lo que se predica en este texto, pero en tiempos como estos, también hay que decir (y defender) lo obvio.

El rol de China en la transición energética de América Latina

Leonardo Stanley
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El rol de China en la transición energética de América Latina

Nos estamos moviendo desde un mundo “relativamente predecible”, con tasas de interés cercanas a cero, baja tasa de inflación, donde la cooperación predominaba y las reglas delimitaban los conflictos, a una nueva era signada por la creciente fragilidad, gran volatilidad y conflictos geopolíticos. Estas fueron las palabras de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 2022. A inicios del 2023 el futuro se presenta incierto y esa incertidumbre adquiere un carácter radical, sin lugar a dudas, vivimos tiempos críticos. Entre 1990 y 2015 el aumento en el nivel de emisiones de dióxido de carbono fue de casi un 60% (13.5 GtCO2eq). La crisis climática nos habla de la necesidad de actuar de inmediato, avanzar hacia una transición energética y de manera justa. La irrupción de la pandemia de COVID-19 nos vino a recordar la urgencia del cambio, tanto como el olvido en el que nuestra sociedad sumió a vastos sectores del trabajo cuyas tareas, aunque esenciales, resultaban negadas.

Tras el ascenso de China como potencia mundial y el consiguiente incremento en el precio de los commodities, los países latinoamericanos experimentaron un boom en el precio de las materias primas sin precedentes. Así, el gigante asiático se ha convertido en el principal socio comercial de la región, con importantes inversiones en varios países, al tiempo que sus capitales resultaron críticos para el financiamiento de numerosos proyectos.

Independientemente de los conflictos sociales y del agravamiento del problema ambiental, la demanda de recursos naturales ha llevado a perpetuar un modelo de desarrollo basado en el extractivismo. Ante la subida de precios generada por la invasión de Ucrania, distintos gobiernos latinoamericanos salieron a licitar nuevas áreas de exploración. La orientación política resulta indistinta, sean neoliberales como en Ecuador o neodesarrollistas como en Argentina, los miembros del gobierno van a Houston en busca de inversores.

El modelo de inserción global hasta aquí perseguido por Latinoamérica se encuentra en crisis, porque el mundo enfrenta una crisis climática sin precedentes. Esto exige modificar hábitos de consumo y producción y cambiar el modelo energético. Numerosos estudios demuestran que el peak de demanda de petróleo y gas se producirá en la presente década. De ser así, muchas de las inversiones que hoy están en carpeta perderán su valor y se convertirán en activos varados.

China puede ser una alternativa, que venga a profundizar el modelo o bien que ayude a la transición. Hasta aquí, las exportaciones petroleras han ocupado un porcentaje destacado en la canasta de exportaciones de la región (en algunos casos, determinante), tanto como destacado el rol de los flujos de capital que llegaron al sector. En base a datos compilados por el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston (GDPC – BU), la mayoría de los fondos que llegaron a financiar proyectos energéticos a la región se destinaron a no renovables.

Al considerar los préstamos para el desarrollo, la mayoría de los fondos se asocian con la operatoria de dos bancos de fomento: el Banco de Desarrollo de China (CDB) y del Banco de Exportación – Importación de China (CHEXIM). Así, en la última década, el financiamiento del sector energético en la región ha estado básicamente asociado a préstamos bilaterales provenientes de China.

Un estudio de Yuan & Gallagher de 2018, sugiere que poco más de 2/3 de los créditos otorgados que arribaron a América Latina durante el período 2003–2016 fueron a financiar la industria petrolera, mientras que el sector de energías renovables se benefició con el 17% del total. La región también fue testigo del arribo de empresas petroleras chinas, inversión extranjera directa asociada a tareas de exploración y explotación. Numerosos préstamos bilaterales fueron respaldados con barriles de petróleo, tal como lo evidencia Ecuador.

Sin embargo, en los últimos años esta tendencia pareciera revertirse. Según datos de base CFEF, desde el año 2020 ni el CDB como tampoco el CHEXIM han financiado nuevos proyectos de petróleo y gas. En lo que respecta a la inversión extranjera directa (IED), desde 2015 el sector de carbón, petróleo y gas viene perdiendo relevancia, al tiempo que avanza la importancia del sector eléctrico como destino de los flujos de capital, tanto en inversiones en planta (greenfield investment) como en las operaciones de fusiones y adquisiciones.

Cuando analizamos las energías renovables, China también aparece como un líder global. Las políticas activas desplegadas a inicios del milenio incidieron en el desarrollo de la industria fotovoltaica y de paneles solares, industrias donde las empresas chinas lideran los mercados globales. Idéntico impulso se ha dado en la movilidad eléctrica, siendo el mercado de automóviles eléctricos el más importante del mundo.

Todo ello explica la relevancia del tema ambiental, tanto como la creciente influencia de China sobre las decisiones adoptadas por sus socios comerciales, incluidos los países latinoamericanos. Ello no implica que los gobernantes se vean acotados al momento de la toma de decisiones, o que estén obligados a seguir un determinado modelo de inserción.

Este tipo de decisiones son potestad del soberano, aun cuando las mismas reflejan, en última instancia, los deseos de las elites que habitan en cada país. En este sentido, son los gobiernos locales los que deben adoptar una visión estratégica en cuanto al tipo de inversión que llega del extranjero. La mayoría de los países de la región sigue apostando por una visión cuantitativa: “cuanto más fondos, mejor”. Pero ello no resulta beneficioso, mucho menos suficiente si lo que se busca es transformar el modelo de inserción.

Si comparamos los flujos de inversión, observamos que el 56% de los fondos chinos que arribaron a África durante el período 2010-2020 fueron destinados a energías renovables, un porcentaje mucho mayor que el recibido por América Latina. Pese a que los beneficios indirectos de esta inversión son magros, al menos los países africanos presentan una menor exposición al problema de los activos varados que los países latinoamericanos.

Esto debería llevar a los lideres latinoamericanos a revisar sus agendas y a pensar más allá del corto plazo. Aun cuando China compra petróleo y materias primas, también puede jugar un rol como proveedor de equipos para producir energía limpia y fomentar la cooperación e intercambio de know how, clave para un mayor desarrollo de América Latina.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

El quiebre estratégico de las FF.MM. en Colombia

Olmer Alveiro Muñoz Sánchez
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El quiebre estratégico de las FF.MM. en Colombia

Tanto en campaña como al llegar a la Presidencia el 7 de agosto de 2022, el mandatario Gustavo Petro ha fijado como un objetivo clave el empleo (entre muchas de sus iniciativas) de la seguridad humana, esto es, que la seguridad no solo es un asunto de coerción (un soldado y un fusil, o un policía y una pistola). 

En efecto, la seguridad no puede estar reducida solo a ello. Tomando en cuenta el aspecto multidimensional de la seguridad, se debe entender que el acceso a bienes y servicios básicos como el agua, la electricidad, el saneamiento, la salud, la educación y el empleo también forman parte de la seguridad. Sin embargo, se ha dejado de lado un factor esencial de la seguridad humana y multidimensional, es decir, controlar el territorio y evitar que la población quede cercada por los delincuentes, tal como ocurre en el país. Actualmente, hay más de 30 grupos delincuenciales en el territorio nacional, los cuales ponen en difíciles condiciones al Gobierno para cumplir esta promesa de campaña.

El quiebre estratégico de las FF. MM.

Luego de los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, pero especialmente en lo que respecta a la transición de los dos primeros, se había dado un golpe estratégico a los grandes grupos delincuenciales en Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) huyeron hacia la frontera, pero jamás volvieron a recuperarse como en sus momentos más gloriosos luego de estos períodos de gobierno (1998-2010).

El sometimiento a la justicia fue de los más altos y también sufrieron el mayor número de bajas por la crudeza del conflicto. Nunca volvieron a tomar un casco poblacional rural ni dinamitaron torres de energía, y el nivel de secuestros extorsivos y políticos alcanzó un mínimo histórico impensable. La fuerza pública tenía capacidades operacionales de gran calidad, sin embargo, los graves hechos de los falsos positivos redujeron su legitimidad, lo que quedó consignado en el informe de la Comisión de la Verdad.  

¿Qué ocurre actualmente sobre la seguridad humana en lo que respecta al proyecto del Pacto Histórico que está encabezado por el presidente Petro? Pues bien, para sintetizar, la paz total es un proyecto ambiguo que plantea la negociación al mismo tiempo con todos los grupos armados. Esto es logísticamente imposible y, políticamente, un grave error estratégico para el Estado colombiano.

En segundo lugar, la falta de liderazgo en el Ministerio de Defensa ha evidenciado que no existe una línea de acción frente a la seguridad en el país. La única que se conoce hasta ahora es el diálogo con todos los grupos y la suspensión de algunas acciones ofensivas en el territorio nacional.

En tercer lugar, el aumento de los cultivos de hoja de coca y la propuesta de legalizar diez hectáreas por familia campesina, para que dependan de ello hasta que se haga una sustitución completa, no solo es insostenible financieramente, sino que también es difícil evitar que luego algún grupo los obliguen a seguir cultivando hoja de coca. El país, de acuerdo con la visión del intelectual Eduardo Pizarro Leongómez, alcanzará la cifra récord de casi 300.000 hectáreas de siembra de hoja de coca en el año 2023. Este combustible es suficiente para que los grupos armados se mantengan en actividad plena.

Finalmente, el quiebre estratégico de la seguridad del Estado colombiano se caracteriza por una aparente falta de orientación clara en las fuerzas militares en cuanto al Plan Estratégico Nacional. La Policía Nacional, por su parte, no puede contener la actividad delincuencial que la sobrepasa. Para ello, hace falta una mayor precisión en sus procedimientos de captura y judicialización.

La negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y su tratamiento como organización político-militar no solo le otorga un estatus político, sino que también le permite exigir la revisión del modelo económico del país, exigencia difícil, máxime cuando este grupo no pretende ser un movimiento político, y solo conoce un modelo económico que no es precisamente el crecimiento económico, sino que se basa en el modelo del viejo comunismo.

La justicia, a merced de lo que los grupos quieran exigir, no podrá imponer las sanciones correspondientes. De esta manera, un juez de la república pensará dos veces si debe dictar una medida o una condena a una persona, aunque se haya demostrado, efectivamente, que cometió delitos que ameriten la sanción del código penal vigente, si es que estas personas se declararan gestores de paz.

Para concluir, queda claro que en Colombia se seguirá procediendo a través de exigencias de facto y no mediante instancias institucionales dentro de lo que es un fenómeno social en el que primará, en muchos casos, el irrespeto a la norma y a las instituciones. Todos queremos la paz, es un anhelo de todo colombiano, pero con este quiebre estratégico de las fuerzas militares y de la seguridad humana será difícil conseguirla. Confiamos en que la espiral de violencia no aumente y en que el presidente pueda dejar consolidado un proyecto de seguridad humana más efectivo para un país en el que no ha cesado la violencia armada.

La particular posición de Brasil sobre la guerra en Ucrania

Enrique Gomáriz Moraga
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La particular posición de Brasil sobre la guerra en Ucrania

Es evidente que Luiz Inácio Lula da Silva y Joe Biden encaran una situación interior similar y ambos afrontan el reto de poderosos populismos de derechas que, a su vez, son aliados entre sí (Donald Trump y Jair Bolsonaro). Esto les exige tener un nivel de colaboración especial, como se ha puesto de manifiesto en la visita de Lula a Washington en febrero. Sin embargo, en el ámbito de la política exterior las cosas son diferentes. Lula tiene una estrategia propia en materia de seguridad, así como unos aliados económicos, los países llamados Brics, esto es, Brasil, la India, Sudáfrica, China y Rusia.

Desde luego, esta circunstancia no es nueva. Desde hace mucho tiempo, Brasil y Estados Unidos practican el doble juego de ser aliados y competidores en la escena internacional. Pero la guerra en Ucrania ha aumentado poderosamente sus frecuentes divergencias. Aunque Brasil votó en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a favor de la condena a la invasión de Rusia en Ucrania, ha dado sobradas muestras de tener una perspectiva distinta de la que plantean Washington y sus aliados europeos sobre la evolución de la guerra.

La muestra más sonada se dio en la Cumbre de la Democracia, que fue organizada por Biden a fines de marzo, cuando Brasil se negó a firmar la declaración final, la cual contenía un párrafo en el que se condenaba a Rusia por haber cometido crímenes contra la humanidad. Lula emitió una carta en la que explicaba que ese no era lugar para hacer ese tipo de declaraciones y que estas debían tratarse en las Naciones Unidas. El esfuerzo del Departamento de Estado no dio con un cambio de la posición de Brasil, pese a que el resto de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur), esto es, Argentina, Uruguay y Paraguay, sí aceptaron firmar la declaración.

Otra muestra de la particular posición diplomática de Brasilia se manifestó en el Consejo de Seguridad de la ONU (Brasil ocupa una silla transitoria) cuando se debatió la propuesta de Rusia de conformar una comisión especial para investigar el sabotaje del gasoducto Nord Stream, ya que las investigaciones que realizan Suecia, Dinamarca y Alemania no son del todo confiables. Brasil, junto a China, votaron a favor de la propuesta de Rusia de crear una comisión internacional independiente.

En el próximo viaje de Lula a Pekín, que está previsto para mediados de este mes de abril, el presidente brasileño va a tratar con su homólogo chino Xi Jinping una serie de asuntos económicos sobre el grupo de los Brics, pero también estudiará con él la posible alianza de los planes de paz adelantados por ambos países y que los dos consideran considerablemente afines. Por otra parte, las relaciones económicas se estrechan dentro del grupo. Luego de la renovación del Banco de Desarrollo de los Brics, la exmandataria Dilma Rousseff fue elegida por unanimidad como presidenta del nuevo banco.

Mientras, la presidencia de Lula ha impulsado una diplomacia directa para conocer las posibilidades que tiene un detenimiento de la guerra. Así, el asesor de Lula para asuntos internacionales, Celso Amorín, ha visitado Moscú y París, a fin de conocer el terreno. A su regreso al Palacio de Planalto, sus comentarios no reflejaron mucho optimismo. De todas formas, tendrá la oportunidad de regresar sobre el tema en la visita que hará el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, que llegará a Brasilia el 17 de este mes.

Todo indica que, además de Brasil, los países Brics, a excepción de Rusia, tienen intereses convergentes, políticos y económicos, para detener cuanto antes la guerra en Ucrania. Esto es algo que choca con la decisión de Moscú y Washington de continuar la guerra hasta conseguir algún tipo de victoria estratégica. Sin embargo, la prolongación de la guerra tiene ahora un patrón de medida más perfilado. Las estimaciones que han hecho los centros de investigación en materia de seguridad al haberse cumplido el primer año del conflicto señalan un coste en vidas humanas inasumible para la comunidad internacional.

Los cálculos conservadores hablan de 30.000 civiles y alrededor de 250.000 combatientes muertos. El incremento de las hostilidades alrededor de la ciudad de Bajmut eleva los cálculos del coste en vidas humanas en más de 60.000 combatientes en dos meses, la inmensa mayoría jóvenes menores de 30 años. Esta atrocidad exige moralmente una respuesta de todos los miembros de la comunidad internacional.

La conclusión salta a la vista: si entre los Brics surgiera una iniciativa, formulada por algún país o por varios miembros, que pudiera detener esta masacre, no solo habría conseguido para el grupo un logro respecto de sus intereses, sino que habría hecho una contribución invaluable al conjunto de la humanidad. Todo parece indicar que el grupo asesor de Lula conoce ambas caras del asunto.

¿Qué debe saber la política sobre el ChatGPT?

Adriana Amado
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¿Qué debe saber la política sobre el ChatGPT?

ChatGPT, el nuevo programa de inteligencia artificial (IA), ha despertado alarmas que no se escucharon cuando similares tecnologías empezaron a aplicarse con provecho en campos como la traducción automática. Claramente, ChatGPT amenaza con producir textos más o menos elaborados. Eso tocó la sensibilidad de los periodistas, con más posibilidad de agendar sus temores que el gremio de los traductores.

La prensa disfruta en replicar columnas catastrofistas que le confirman sus miedos, como la de Yuval Harari en The New York Times (24/3/2023). Su sentencia es apocalíptica. «La inteligencia artificial podría devorar rápidamente toda la cultura humana, todo lo que hemos producido a lo largo de miles de años, digerirla y empezar a producir a borbotones una avalancha de nuevos artefactos culturales. No sólo ensayos escolares, sino también discursos políticos, manifiestos ideológicos e incluso libros sagrados para nuevos cultos», dijo.

Desde hace mucho, la posición de la prensa ante la tecnología se parece bastante a la de la política. Abraza los peores pronósticos incluso antes de tener claras evidencias.

En el mismo diario, pero con menos repercusión, Noam Chomsky junto con dos especialistas (8/2/2023), afirmaron exactamente lo contrario. Desde su sólido conocimiento en lenguaje generativo expresaron: «La mente humana no es, como ChatGPT y sus semejantes, un motor estadístico pesado para la coincidencia de patrones, atiborrándose de cientos de terabytes de datos y extrapolando la respuesta conversacional más probable o la respuesta más probable a una pregunta científica. Por el contrario, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente e incluso elegante que opera con pequeñas cantidades de información».

Antes y después

Esa posibilidad creativa es la que la inteligencia artificial no emula. Que cierto sector del periodismo se sienta amenazado por ello habla más de la mecanicidad del trabajo que realiza que de las posibilidades reales de que, como vaticina Harari, la IA pudiera «hackear los cimientos de nuestra civilización».

El periodismo del cortar y pegar ya estaba muerto antes de la aparición del ChatGP, así como los exámenes monográficos en que insisten profesores decimonónicos. Igual de extinta estaba la política basada en la repetición de la misma receta de moda para todas las campañas.

De nuevo, dice el artículo de Chomsky, el aporte de cualquier actividad humana «no busca inferir correlaciones brutas entre puntos de datos, sino crear explicaciones». El artículo agrega una observación que parece describir la comunicación populista: «Mientras que los humanos están limitados en los tipos de explicaciones que podemos conjeturar racionalmente, los sistemas de aprendizaje automático pueden aprender tanto que la Tierra es plana como que la Tierra es redonda». Igual que el consultor político oportunista que, parafraseando a Groucho Marx, podría decir: «Estas son mis campañas; si no le gustan, tengo otras».

ChatGPT, un momento prometeico

Con menos repercusión que la calamidad de falta de «píldoras azules» de Harari, Thomas L. Friedmann (21/3/2023) lo presenta como un momento prometeico. El periodista entiende que el desafío de la IA no es diferente al de la energía nuclear. Ésta dio pruebas de su potencial destructivo y, por estar en el ámbito de los gobiernos, se dificultó la creación de «coaliciones adaptativas complejas, donde las empresas, el Gobierno, los emprendedores sociales, los educadores, las superpotencias competidoras y los filósofos morales se unan para definir cómo obtenemos lo mejor y amortiguamos lo peor de la IA».

La IA sí permite ese camino, que es el mismo que el de la pandemia, donde el virus no discriminaba derecha o izquierda, sino orientación al servicio público o guerra ideológica.

Tampoco estamos exentos de una nueva y, sin embargo, no hay tantas opiniones amenazantes como las que despierta cada nueva tecnología que aparece. Harari junto con otras tres mil firmas distinguidas entre las que están Elon Musk (Space X, Tesla y Twitter) y Steve Wozniak (Apple) urgen se detenga por seis meses el entrenamiento de la Inteligencia Artificial. Esa pausa debería servir para que se hagan más robustos y transparentes los sistemas y que los gobiernos aceleren políticas para la gobernanza. Como solución de los especialistas en el tema de todo el mundo, la carta no deja de ser una advertencia más. La desinformación lleva mínimo siete años en boga y aun espera soluciones de los estados. Y la mayoría de los firmantes tienen línea directa con los supuestos destinatarios de la “carta abierta” como para encontrar caminos más conducentes que la comunicación al mundo de su indignación moral.

Como cuenta el mito de Prometeo, los viejos dioses se sienten indignados porque el titán les entregó el fuego a los hombres. En este siglo, ocurrió con la clonación, tecnología que no multiplicó humanos, pero fue fundamental para el desarrollo de las vacunas. Hasta la Wikipedia fue condenada como el fin de la cultura y la amenaza de los maestros, igual que hoy el Chat-GPT. Recuerda Chomsky que Sherlock Holmes le dijo al Dr. Watson «Cuando hayas eliminado lo imposible, lo que quede, por improbable que sea, debe ser la verdad». Para dar alguna pista de las improbabilidades que ofrece la IA, el ChatGPT contestó a Diálogo Político algunas cuestiones sobre su posible uso en la política, en distintos aspectos. Recorriendo alguna de sus respuestas se puede comprobar que el ChatGPT es más prudente y criterioso al emitir opiniones que algunas personas.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Ecuador: la institucionalidad a prueba

Julio Echeverría
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Ecuador: la institucionalidad a prueba

La Corte Constitucional del Ecuador, la instancia más alta de control constitucional, acaba de admitir a trámite la posibilidad de enjuiciamiento político al presidente de la república, Guillermo Lasso. Los interrogantes sobre este fallo son materia de dilucidación y discusión política entre ciudadanos y expertos en materia constitucional. ¿La Corte se ha conducido como instancia que se rige estrictamente por la letra de la ley y la Constitución o su operamiento ha estado sesgado desde el punto de vista político?

Paradójicamente se podría afirmar que, si bien la Corte permite que, mediante su fallo, el presidente se someta al enjuiciamiento político, el carácter de dicho fallo pareciera ser el mejor espaldarazo para el mismo Gobierno. Más que responder ante la presión de las calles o del Gobierno, es probable que la Corte haya considerado seriamente la gravedad de la crisis política y que esta se derive de la crisis social que atraviesa el país. Una desestimación del pedido de enjuiciamiento habría significado el mejor acicate para hacer que la colusión entre oposición parlamentaria y movimientismo social pueda saldarse con las consecuencias de desestabilización y agravamiento de la crisis.

La Corte desestima dos de las tres acusaciones como “no fundadas”, esto es, aquellas que se refieren al delito de concusión, y deja abierta la posibilidad de indagar acerca del delito de peculado, sabiendo que el contrato, supuestamente doloso sobre el cual se basa la acusación, fue estipulado en el 2018, dos años antes de que Lasso se instalara en Carondelet.

Lo que podría ser entendido como una decisión que afecta al Gobierno, termina favoreciéndolo. La opción de la muerte cruzada que se estimaba como la posible respuesta del presidente ante la presión de la Asamblea pareciera que fue descartada al menos por el momento. El presidente ha decidido someterse al juicio de la Asamblea, un camino que le podría resultar más llevadero, dada la condición de esta en la que el fantasma de las “mayorías móviles” sigue rondando por sus pasillos. Además, esto le permite evitar el “calentamiento de las calles”, un terreno en el que el mandatario seguramente hubiera tenido, o tendría, según el caso, las de perder.

Es posible prever dos situaciones o consecuencias en el futuro inmediato: el presidente es destituido por la Asamblea, en cuyo caso se procedería a la sucesión constitucional mediante la asunción del mando del vicepresidente, o el presidente sale airoso y, en ese caso, la oposición parlamentaria sufriría una grave derrota con el debilitamiento de los que impulsan el enjuiciamiento (la Unión por la Esperanza y el Partido Social Cristiano), que verían más problemático su proyecto de recambio para las elecciones del 2025.

Lo que sí está en juego en el posible desenlace de la crisis es la capacidad de contención de las fuerzas y sus tensiones por parte de la institucionalidad del país. Hasta el momento, pareciera que sí la tiene, el juicio político es un recurso que la Constitución establece y es muestra de la necesaria fiscalización que debe caracterizar a la legislatura. Por otro lado, la Corte, al aceptar esta posibilidad, da curso y salida a las tensiones políticas y evita salidas disruptivas. A su vez, da al presidente la posibilidad de defenderse con las armas de la argumentación y evitar salidas que podrían agudizar los enfrentamientos.

Regresemos a nuestro interrogante inicial: ¿la Corte está inmune a las presiones políticas o se ha visto influenciada en cuanto a su fallo? Podría decirse que la Corte no se ha limitado a ser un mero filtro de trámite que juzga sobre el respeto al procedimentalismo jurídico, sino que ha asumido consideraciones políticas que tienen que ver con una interpretación reforzada sobre su misión como instancia que vela por la constitucionalidad, la estabilidad y el resguardo del Estado de derecho y de la misma constitucionalidad.

Su fallo interroga sobre una materia de fondo en la que se dilucida la compleja imbricación entre juridicidad y constitucionalidad; entre política y juridicidad. Parece ser que la Corte ha dilucidado políticamente en este caso, sin que, no obstante, esta operación hubiera significado ningún tipo de politización partidista. ¿Esta es una muestra de madurez institucional y están los actores dispuestos a respetar rigurosamente las consecuencias de su efectiva concreción en el manejo de la crisis? ¿Tiene la institucionalidad en el Ecuador la capacidad de afrontar estos desafíos?

La respuesta a estos interrogantes se dilucidará en las próximas semanas. De momento, al Gobierno le quedan dos caminos: convencer a los asambleístas y reducir la mayoría que podría censurarlo, o, en el peor de los casos, emplear el recurso de la muerte cruzada si el desenlace del juicio se da en momentos de grave conmoción nacional, por lo que se cumpliría uno de los requisitos que establece la Constitución para ponerlo en práctica.

El caso González y las paradojas de la libertad de expresión

Rogelio Del Prado Flores
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El caso González y las paradojas de la libertad de expresión

El próximo 30 de junio será un día histórico. Nohemí González murió el 13 de noviembre del 2015 en Francia a consecuencia de los ataques terroristas del Estado Islámico. Motivados por el dolor y la frustración, los padres de la joven latina pusieron una demanda en contra de la empresa Google porque YouTube, una de sus empresas filiales, permitió la difusión de videos con contenido que exhibían el radicalismo de grupos extremistas afectos al islamismo, previos al ataque terrorista.

El argumento principal de la demanda es que, si las plataformas digitales pueden detectar a tiempo y bajar de la nube contenido no apto como, por ejemplo, la pornografía infantil, habrían podido detectar en sus múltiples plataformas (de video y de correo) el intercambio de información que alentaba y planeaba el ataque terrorista.

El contra argumento que manejan las empresas tecnológicas afectadas, que no solo es Google sino también Facebook y Twitter, es que no se les puede culpar por el contenido que publican los usuarios, y que si intervinieran estarían afectando la libertad de expresión de los millones de usuarios en todo el mundo. Para ello, las empresas se amparan en Estados Unidos en una ley de 1996, concretamente la sección 230, que protege a las empresas en la gestión del contenido para que lo hagan como mejor les parezca, entendiendo que las empresas no son responsables del todo de lo que los usuarios publican.

La demanda contra Google se encuentra en la Corte Suprema de Estados Unidos y si esta se resuelve en contra de la empresa, podría dar lugar al replanteo de una serie de valores y principios con los cuales se ha construido la cultura a favor del derecho a la libertad de expresión.

En primera instancia, el dictamen de la Corte pondría de manifiesto la exclusividad de la garantía de los derechos humanos en manos del Estado. Las empresas privadas, sobre todo las dedicadas a las tecnologías de la información, han asumido el papel de ser ellas las defensoras y promotoras de la libertad de expresión. Sin embargo, han sido los Estados Nación los que han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1947, por lo tanto les corresponde velar y hacer conciliar los diversos derechos que puedan estar en pugna.

En este caso, es evidente que el derecho a la vida es superior a la libertad de expresión, por lo que sería contradictorio que los Estados delegaran su responsabilidad a las empresas tecnológicas en temas sensibles donde está de por medio la vida de la población. Así mismo, es contradictorio que las empresas deleguen la responsabilidad de consumir contenidos que difundieran la ideología, en este caso, de los yihadistas del Estado Islámico que planteaban un ataque terrorista que lamentablemente acaeció.

Por otro lado, esta doble denegación de la responsabilidad revela las paradojas del valor de la tolerancia. ¿Se puede ser tolerante con el intolerante? ¿Se puede permitir que el saber del crimen circule por medios públicos que son regulados por el Estado? En Latinoamérica, desde hace décadas, existe el problema de la censura y la restricción a la transmisión por radio pública de los narcocorridos, donde es evidente la conjunción de tres elementos, la apología del crimen, la cultura permisiva y la exaltación de la subjetividad de delincuentes. En la defensa de la censura, la restricción y la prohibición de los narcocorridos han intervenidos Comisiones de Derechos Humanos y las Cámaras de Industrias de la Radio, desde una posición de promoción de una cultura de la paz.

Zygmunt Bauman, con su análisis de la sociedad líquida, ha dado una clara definición de la coyuntura en la que nos encontramos desde que aconteció la nueva revolución tecnológica en la información: “al ciudadano le toca resolver las contradicciones del sistema”. Habría que estar muy atentos al próximo 30 de junio, podría ser un día histórico, cuando la Corte Suprema dicte sentencia. Pero sobre todo, habría que atender a los argumentos de los jueces para sustentar tal resolución. Con ellos, o podremos aventurarnos a una nueva forma de entender el poder rector de los Estados Nación respecto a la regulación y responsabilidad del derecho a la libertad de expresión, o bien, continuar con el devenir de las paradojas de la sociedad líquida, que en palabras del periodista Andrés Oppenheimer se resumen en: ¡Sálvese quien pueda!

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