Organizaciones criminales gobiernan secciones de la frontera Colombia-Venezuela

Durante la visita del presidente Duque y la cúpula militar a Arauca el 16 de enero, dentro del marco de un consejo de seguridad, a 18.4 kilómetros de distancia, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) transitaron por las calles de La Esmeralda, en el municipio de Arauquita, atemorizando a la población. Este es uno más de los acontecimientos que han tenido lugar durante al menos 30 años en la zona. En la frontera entre Colombia y Venezuela han cohabitado grupos al margen de la ley como el ELN, el Ejército Popular de Liberación (EPL), las extintas FARC—a partir del siglo XXI empieza a migrar hacia Venezuela—y actores criminales híbridos que se enfrentan por las rentas ilegales.

La zona compartida entre ambos países ha sido testigo de la transformación y mutación del conflicto armado junto con la precaria presencia estatal, tanto de Caracas como de Bogotá. Si bien la violencia y la inseguridad en el área persiste desde hace tres décadas, entre 2021 y 2022 la situación se ha degradado hasta el punto de que los actores involucrados son cada vez más difusos.

Esta zona fronteriza es un microcomplejo geográfico de gran importancia estratégica lo cual fomentó el desarrollo de una red criminal binacional de gran alcance. Del lado venezolano se encuentran los territorios del Alto Apure compuesto por Guasdualito, El Amparo, Puerto Páez y Elorza. Del colombiano, están los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, en Arauca; y Cubará en Boyacá. En esta área, sumado a la ausencia de instituciones formales de ambos países, quienes ejercen el control y gobiernan son los criminales que compiten por las rutas de narcotráfico, tráfico de personas y armas.

Entre los años 2016 y 2022, en Arauca y Apure han convivido estructuras del ELN y el grupo Décimo Frente Martín Villa como disidencias de las FARC. Ambos compiten por los mercados ilícitos llevando a cabo acciones armadas que dejaron como resultado más de 30 muertos y 400 personas desplazadas a comienzo de 2022.

Varias son las razones de los problemas actuales. Por una parte, la narrativa venezolana ha sostenido que existe una campaña de desestabilización desde Colombia a través del envío de actores violentos a cometer actos criminales en su territorio. De hecho, en los últimos 14 meses se han presentado combates entre las fuerzas armadas venezolanas contra grupos irregulares colombianos. Esto ha llevado a un grave desplazamiento de familias y ha agudizado la crisis humanitaria en la región.

Por otra parte, la versión colombiana sobre la crisis en la zona es que desde Bogotá se han lanzado operaciones militares contra las disidencias de las otrora FARC. Versión que comparte el reporte de Human Rights Watch de 2020 sobre el aumento de la violencia en Apure y Arauca.

Sin embargo, el agravante es que hay un actor que ha sido poco nombrado en los medios y se le ha dado poca importancia en los análisis sobre sobre el tema. Se trata de  la guerrilla venezolana “Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional” que, según varias organizaciones internacionales, tiene una estrecha relación y beneplácito para operar con las autoridades locales venezolanas.

Independientemente de los actores armados que allí se desenvuelven, ha sido la población civil la víctima y centro de gravedad de la situación. En ese sentido, encadenando la serie de fenómenos y cuestiones de la crisis, las explicaciones pueden profundizarse aún más. La seguridad en Colombia no pasa por su mejor momento. El país ha entrado en una espiral de inseguridades y violencias de distintas naturalezas debido a que proliferan diversos grupos armados que buscan controlar territorios por las rentas ilegales.

De hecho, la baja implementación del Acuerdo de paz firmado en 2016 (30%) preocupa en el país por el asesinato de líderes sociales, ambientales, desplazamiento forzado y asesinato de excombatientes. Este fenómeno y la imposibilidad del Estado colombiano de llegar a todo el territorio podría desembocar en un tercer ciclo de violencia donde Arauca juega un rol importante.

En efecto, las autoridades de seguridad colombianas han intentado recuperar el control en la zona, pero se encuentran con que ni para los militares, ni policías la zona es viable. Una de las explicaciones de las causas de la violencia entre Arauca y Apure tiene que ver con la errada noción de seguridad militarizada de la administración Duque.

El exceso de militares no implica una mayor seguridad. Además, existe una desconexión entre la idea de seguridad de los tomadores de decisiones y la cotidianidad de la violencia territorial. Y por último hay una permisividad desde Venezuela que permite al ELN actuar como guerrilla binacional. Entre tanto, las Cancillerías de ambos países desconocen la importancia de tener relaciones desideologizadas por el bien de los territorios y comunidades.

Mientras Bogotá y Caracas no restablecen relaciones diplomáticas, los grupos armados irregulares tendrán más capacidad de gestión en Arauca y Apure que las instituciones estatales. Ni la Casa de Nariño ni Miraflores gobiernan en la zona, lo hacen los criminales.


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Destrucción y retroceso: las políticas del gobierno de Bolsonaro

Este será un año decisivo para Brasil. Integrando un súper ciclo electoral de grandes cambios en América Latina, el país decidirá en octubre si le da otro mandato a Jair Bolsonaro o sigue el ejemplo de sus vecinos y da un nuevo giro ideológico alejándose de la extrema derecha. Si opta por la segunda opción, Brasil tendrá todavía muchos retos que afrontar, el principal, quizás, el de recuperarse de tres años de una política gubernamental guiada por la destrucción y el retroceso.

Jair Bolsonaro fue elegido con una promesa central: destruir. La agenda era destruir el legado de la «izquierda» brasileña. Sus discursos se centraron en los ataques a los logros de los movimientos identitarios y las minorías, así como a los derechos y políticas sociales erigidos tras la Constitución de 1988. No nos equivoquemos, en este legado a destruir están los logros políticos y sociales de la Nueva República, es este pacto el que está en riesgo.

Los efectos de la destrucción están en todas partes: en el censo demográfico que no se realizó; en los datos sobre la pandemia que tuvieron que ser divulgados por un consorcio de prensa; en la ausencia de transparencia en los actos públicos; en los datos insuficientes para el seguimiento de la producción de políticas públicas. Por último, en el reciente apagón de datos sobre la pandemia de Covid-19, que nos dejó a la deriva justo cuando el país estaba siendo arrasado por la variante de Ómicron. 

Recortes y desmantelamiento en Ciencia y Educación

La destrucción opera de diferentes maneras. A través de los recortes presupuestarios en diversas áreas, la discontinuidad de los programas y las políticas públicas. Secretarías, departamentos, sectores desmovilizados, cerrados. La ciencia y la tecnología, por ejemplo, sufren con la parálisis de la Coordinación para el Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes); el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) agoniza por el recorte sistemático de fondos y becas de investigación en diversos niveles de formación y áreas de conocimiento.

El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep) y el Examen Nacional de la Enseñanza Media (ENEM), atacados frontalmente, sufren con despidos sin criterios claros, con destituciones de directores, acusaciones de casos de acoso moral, sobrecarga de trabajo, más allá de los cuestionamientos de carácter ideológico sobre la calidad del trabajo de sus técnicos, responsables de la preparación y realización del ENEM. 

¿Cómo olvidar el reciente incendio en el Pantanal y la omisión y falta de apoyo del gobierno federal para combatirlo? Las áreas quemadas y deforestadas tuvieron un incremento récord en todo el país desde 2019, y la respuesta del gobierno se tradujo en discursos con retórica vacía y manipuladora, sumado al recorte de fondos en el Ministerio de Ambiente, y en los organismos de fiscalización y control en esta materia.

Efectos similares, y más graves, son el retraso en la toma de decisiones fundamentales y urgentes. La pandemia nos proporciona muchos ejemplos. Demandas de insumos, como el oxígeno en Manaos, cuya urgencia fue ignorada; vacunas para el Covid-19 compradas con un retraso injustificado, práctica que se reprodujo con la vacunación infantil. Pagamos con la vida de miles de brasileños.

Contratiempos en la salud

Pero el desmantelamiento de las políticas públicas no sólo consiste en recortes, parálisis y retrasos. Recordemos la Política Nacional de Salud Mental (PNSM) implementada en 2001, y la Política Nacional de Drogas (PND) de 2006. El actual gobierno ha realizado cambios fundamentales en ambos, atacando directamente los principios y logros de la Reforma Psiquiátrica. Los objetivos son la desinstitucionalización de la atención a la salud mental y la práctica de la reducción de daños para el tratamiento de los consumidores de drogas.

El modelo de salud mental que estuvo vigente hasta el inicio del gobierno de Bolsonaro se guió por el reconocimiento de que las personas con trastornos mentales y los usuarios de drogas son sujetos políticos, portadores de derechos y deben ser tratados en su propio entorno social. Por encima de todo, el PNSM reconocía el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su propia vida y tratamiento.

La Nota Técnica 11/2019 publicada por el Ministerio de Sanidad trajo cambios que ahora permiten el funcionamiento de servicios privados como los Hospitales Psiquiátricos y las Comunidades Terapéuticas. También trajo la posibilidad del internamiento obligatorio y la defensa de la abstinencia como forma de prevenir y combatir el consumo de drogas. El resultado fue el aumento de las Comunidades Terapéuticas a partir de 2019. En 2018 el Gobierno Federal financió cerca de 2,9 mil vacantes en estas instituciones, ya en 2019 el Ministerio de Ciudadanía financió 11 mil vacantes.

El último retroceso en materia sanitaria ha sido la propuesta, sin soporte científico, de incluir la terapia electroconvulsiva para la contención de la conducta agresiva en casos de Trastorno del Espectro Autista en el Protocolo Clínico y las Guías Terapéuticas. Esta práctica está considerada como tortura por la ONU. La resistencia de los otros poderes instituidos, de los políticos, de una parte de los medios de comunicación y de la sociedad civil, parece haber bloqueado la acción.

La urgente tarea de revertir todas las políticas de Bolsonaro

Es imposible enumerar todos los cambios y sus consecuencias en este artículo. Están presentes en todas las políticas públicas. En 2022, tenemos la urgente tarea de tratar de conocer y comprender el significado de cada uno de ellos, de escudriñar cada decreto, cada nota técnica, cada recorte presupuestario, cada programa suspendido y sustituido, o no. La tarea es gigantesca.

El próximo presidente tendrá que hacer mucho más que contener el avance del autoritarismo y la destrucción institucional promovida por el bolsonarismo. Deshacerse del Techo de Gastos y frenar el desmantelamiento no reconstruirá nuestras instituciones, nuestras políticas públicas, no recuperará nuestra democracia, nuestro pacto, nuestra dignidad.

Si la sociedad brasileña no es consciente del tamaño y los significados del desmantelamiento promovido durante el gobierno de Bolsonaro, no podremos ni barrer los escombros.


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HispanTV ¿Periodismo, propaganda o desinformación?

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HispanTV, el primer medio de comunicación iraní en español cumple diez años. Esto ha sido un logro, pues ha sido señalado de incumplir la normativa de YouTube, Facebook y Twitter y sus cuentas en estas plataformas han sido cerradas más de tres veces desde 2018. Según el gobierno de Teherán, esto se debe al monopolio capitalista norteamericano que busca censurar y acabar con la libertad de expresión de medios independientes. Mientras que para los Estados Unidos, la cadena iraní es una herramienta de diseminación propagandística y desinformativa en contra de su gobierno y aliados alrededor del mundo. A pesar de ello, Irán ha logrado acoplarse, desarrollando estrategias para estar presente en la red, manteniendo así una audiencia fiel en la región.       

La fundación de este medio ha tenido como objetivo acompañar la política exterior iraní que busca ampliar el conocimiento en audiencias extranjeras de su cultura y acciones políticas, para contrarrestar las narrativas sobre Irán de los medios occidentales convencionales. Usualmente, la creación de estas agencias de comunicación alineadas con los objetivos políticos de los Estados es denominado como poder blando o diplomacia cultural, pues estas sirven para proyectar al país positivamente en el extranjero.

Sin embargo, las agencias creadas por Estados no democráticos son analizadas bajo el concepto de poder afilado, debido a que se considera que el contenido que producen es propagandístico y busca desinformar a través de bots y ciborgs -cuentas automatizadas y otras pagas- para diseminar una narrativa particular en el debate virtual.    

Propaganda, desinformación y adaptación 

Según The Institute for National Strategic Studies (INSS), de Estados Unidos, la línea editorial político-religiosa de HispanTV se caracteriza por criticar fuertemente a Estados Unidos e Israel, mientras que se destaca con relevancia la revolución bolivariana e iraní, pues ninguna de las dos coincide políticamente con la potencia norteamericana. Además, el Center for a Secure Society identificó que HispanTV difunde los valores y tradiciones iraníes mostrando la “amabilidad y simpatía de los musulmanes”.

Además, según el estudio de la organización estadounidense, el medio produce contenido positivo sobre los gobiernos de turno de sus países aliados como Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.  

De acuerdo con la organización estadouniense DFRLab, debido a la manipulación de los servicios de Facebook, en el 2019 fueron eliminadas 131 cuentas, 23 páginas, cuatro grupos y 14 cuentas de Instagram ya que hacían parte de una operación de desinformación iraní enfocada en Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Perú y Venezuela. En ella se dispersaron mensajes negativos sobre los Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel y se difundieron contenidos sobre las revueltas sociales y problemas migratorios en América latina.

Así mismo, a finales del 2020, cuando fue asesinado Mohsen Fakhrizadeh, líder del programa nuclear iraní, se identificó en Twitter una presunta diseminación anómala de este contenido en la región, pues las cuentas que apoyan a HispanTV se caracterizan por no tener un número significativo de seguidores. Sin embargo, esta información llegó rápidamente a diferentes tipos de audiencias, según el trabajo del INSS.  

A pesar de los señalamientos, es llamativa la estrategia de adaptación del medio iraní para seguir en la red, especialmente en YouTube donde se emplean políticos o periodistas con cierto reconocimiento para asegurar a la audiencia y, por lo tanto, el éxito de su contenido. Fort Apache y Detrás de la verdad han sido sus programas más exitosos, pues cuentan con la participación del político español Pablo Iglesias Turrión, el ex vicepresidente de España, y el periodista mexicano Roberto de la Madrid.

El segundo componente consiste en alojar el contenido en canales alternos al principal de HispanTV, ahora conocido como Nexo Latino. Con ello, logran mitigar la pérdida de información, la cual ya ha sucedido anteriormente debido a los cierres de sus cuentas en las redes. Incluso, Irán ha llegado a desarrollar su propia versión de YouTube llamada Urmedium, en la que la censura occidental es inexistente.  

¿Periodismo o sesgo informativo?

En definitiva, el contenido periodístico de HispanTV es ciertamente controversial. Para algunos especialistas no deja de ser más que una empresa mediática en función del gobierno para diseminar propaganda iraní con información antisemita y en contra el “imperialismo Yankee”. Por lo tanto, la eliminación de su contenido no es más que una consecuencia natural de sus acciones.

Sin embargo, para sus seguidores en redes sociales es uno de los pocos bastiones del periodismo que aún existen en la red, pues se atreve a cuestionar las narrativas hegemónicas y por ello están constantemente bajo el ojo del huracán.

Más allá de interpretaciones, HispanTV ha logrado incursionar en la audiencia de Latinoamérica a través de dos grandes temáticas, la cultura iraní y asuntos políticos internacionales, presentadas bajo el eslogan: contenidos objetivos y verdaderos. Sin embargo, esto es un arma de doble filo para cualquier medio de comunicación, ya sea Estatal o privado, pues estos obedecen a una línea editorial especifica e HispanTV no es la excepción.

Irremediablemente su tradición política afectará la presentación de sus contenidos, los cuales permanentemente buscarán favorecer al gobierno iraní y a sus aliados. Un ejemplo de ello fue la renuncia del periodista Roberto de la Madrid, al encontrar diferencias irreconciliables con la perspectiva exigida para tratar el derribo del vuelo comercial ucraniano 752 por el ejército iraní en 2020. 


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Perú debe monetizar sus ecosistemas

El reciente desastre medioambiental frente a la costa peruana provocado por el derrame de unos 12 mil barriles de petróleo de un barco proveedor de la empresa española Repsol, sitúa el debate del manejo del medioambiente más allá de un simple asunto regulatorio. En la actualidad, tal como se monetiza cualquier servicio, desde canales de YouTube hasta plataformas de streaming, existe una tendencia creciente para monetizar los servicios que nos brinda la naturaleza. El concepto es sencillo: la naturaleza nos da oxígeno, alimentos y espacios de esparcimiento gratuitamente, pero es probable que el uso y abuso de estos espacios termine acarreando su destrucción. La idea es que colectivamente, cada país construya fondos de compensación para garantizar la sostenibilidad de estos espacios.

El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina define esta idea como Pagos por Servicios Ambientales (PSA), un instrumento de gobernanza ambiental para garantizar la preservación de los ecosistemas a través de incentivos económicos. Estos instrumentos buscan frenar la degradación ambiental y conservar ecosistemas estratégicos, mientras que, a su vez, cuidan de poblaciones vulnerables que suelen vivir en estos entornos, otorgándoles fuentes de ingreso alternativas. De esta forma, se crean incentivos para que los ecosistemas sigan entregando sus servicios a todos los ciudadanos de un país.

Latinoamérica, dio un paso al frente respecto a esta idea novedosa gracias a la visión de Costa Rica, que en 1997 fue un país pionero al crear la Ley Forestal que reconoce cuatro servicios ambientales que proveen los bosques y las plantaciones forestales: mitigación de los gases de efecto invernadero (fijación, reducción y almacenamiento de CO2); protección del recurso hídrico; protección de la biodiversidad; y protección de la belleza escénica. México siguió el ejemplo y en el 2003 se sumó a la iniciativa, por lo que estos dos países suman casi un total de 5 millones de hectáreas de bosques protegidos a la fecha.

En Colombia, una versión adaptada de este sistema se ha implementado, con énfasis en la construcción de paz en territorios con conflictos. Desde hace seis años este país ha mostrado que, en comunidades dispuestas a proteger el bosque, se utilizan los pagos para reforzar la alimentación, tecnificación y educación de estas comunidades. Justamente aquellos servicios básicos que muchos países latinoamericanos fallan en proveer con calidad para sus ciudadanos menos privilegiados.

¿Además de hacerlo para los bosques, se podría hacer un PSA para el mar? Perú, siendo un país megadiverso, que cuenta con 84 de las 117 zonas de vida y 28 de los 32 tipos de clima de la Tierra, ¿no debería también cautelar de esta forma para la posteridad sus ecosistemas?

El mar provee al país uno de los atractivos turísticos, sus playas, y es de donde se extrae también la pesca industrial que es el insumo de la harina de pescado. Además, el mar provee de una inigualable pesca, gracias a la corriente del Humboldt, de donde salen las variedades con las que se hace ceviche y tantos otros platos tradicionales. La gastronomía, el turismo y sus derivados y otras tantas actividades vinculadas al mar otorgan valor económico y medios de vida a los ciudadanos de esta nación. ¿Por qué no protegerlos?

En total, existen 24 PSAs para América Latina según el Centro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de América Latina (CODS), de los cuales Perú sólo cuenta con uno de estos programas en una pequeña cuenca de la selva sur del país. Ecuador, el país vecino, cuenta por otro lado con cinco a nivel nacional y regional. Este detalle es importante si se considera que Perú es un país de mayor extensión territorial. El potencial es inmenso.

Imaginemos ahora que, en un universo paralelo, Perú hubiese tenido un programa activo para proteger la biodiversidad marina en todo su litoral antes del derrame. ¿Cómo debería ser este PSA? Más allá de precisiones técnicas, se deberían incluir algunos elementos fundamentales. Por un lado, un fondo nacional para otorgar salario mínimo para los pescadores artesanales para que en las áreas de pesca puedan cautelar con mayor estímulo, condiciones necesarias para que el mar siga regenerándose y proveyendo las especies. Además, se debe apoyar en el monitoreo y reporte de incidencias -como las de Repsol- para generar una alerta temprana por parte de quienes se acojan a los incentivos. Y finalmente, un marco regulatorio adicional que contemple reparaciones ecosistémicas, más allá de multas a quienes transgredan los servicios de estos ecosistemas.

Actualmente Perú se debate en periodos políticos aparentemente más cortos, hecho que le impide a la clase política y la sociedad civil organizada de ese país planear estrategias como las de los PSAs. Sólo en el 2021, once ministros fueron reemplazados y cada uno de ellos duró en promedio 14 días en su cargo. Esta reflexión final debería generar una alerta sobre qué tipo de institución y qué grado de autonomía debería tener un PSA si se quiere que sea sostenible en medio de tal inestabilidad política.

México: sistema de partidos al borde del precipicio

El sistema de partidos en México está en riesgo de colapso. Los signos son claros: alianzas oportunistas entre partidos de diferente signo, polarización social en torno a una figura caudillista, un oficialismo que no termina de institucionalizarse, crisis de representación entre partidos y ciudadanía, aparición de partidos negocio, dinero negro en las campañas, etc. Si el sistema llega a colapsar, el país entrará en terra incognita puesto que en México los partidos han sido históricamente fuertes. Ironías de la vida: bajo el autoritarismo del siglo veinte los partidos vivían mejor que en la democracia de nuestros días.

La degradación del sistema de partidos lleva ya tiempo observándose pero se aceleró en las elecciones de 2018 con la irrupción de MORENA, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fundado en 2014. En las elecciones de ese año, MORENA se alzó con el cincuenta y tres por ciento de los votos, reduciendo a los partidos tradicionales a una mínima expresión. Ello ha dado pie a dos fenómenos que ponen en jaque la viabilidad de cualquier sistema de partidos. Primeramente, tenues alianzas opositoras entre partidos de signo opuesto, todos juntos y revueltos contra el oficialismo. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la polarización social en torno a la figura de AMLO.

En efecto, y esta es la prueba más patente de la degradación del sistema de partidos, es que el debate político en el país de cara a las presidenciales de 2024 se ha reducido a la persona del presidente. Por un lado está MORENA y sus aliados, cuyo único activo real es la aprobación de AMLO en las encuestas que, si bien ha bajado diez puntos desde el inicio de su administración, se ha estabilizado en torno al sesenta por ciento. Por el lado de la oposición, su única apuesta es movilizar el voto anti-AMLO que, como se vio en las elecciones intermedias de 2021, tiene músculo en la Ciudad de México.

En cualquier caso, lo cierto es que a día de hoy las divisiones sociales y el posicionamiento de los partidos son en torno a un individuo que está impedido de buscar la reelección. Tenemos pues un sistema donde los partidos carecen de figuras, perfil propio, temas de agenda pública, y no están articulando las divisiones sociales y regionales del país.

Y aquí mucho ojo: cada día que pasa MORENA se aleja de la posibilidad de convertirse en un gran partido nacional en donde una diversidad de expresiones políticas pudiera encontrar acomodo. El partido del presidente no termina de institucionalizarse y, por el contrario, son notables sus fracturas internas. Ello no es casualidad: AMLO no le presta atención y le ha dejado en manos de subalternos, cuya única misión es solventar los pleitos internos por las candidaturas. Su desapego se debe a la sencilla razón de que en México no se permite la reelección. Hoy queda claro que MORENA fue simplemente el vehículo de AMLO para llegar a la presidencia, y nunca un proyecto político a largo plazo para nuevas generaciones. 

La degradación del sistema de partidos mexicano es sorprendente, habida cuenta de que los partidos en México han sido históricamente fuertes y jugado un papel fundamental en la vida pública del país desde hace casi un siglo. Ni qué decir del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fundado en 1929, el cual dominó todos los ámbitos del país durante el siglo pasado. Fundado originalmente como una coalición de caudillos revolucionarios, en los años treintas el PRI cambió su perfil para convertirse en un partido de masas obreras y campesinas. Para entonces ya se había establecido como un partido hegemónico, es decir, uno que no permite a los otros partidos competir en igualdad de condiciones. Mucho se ha escrito del enorme poder que gozaron los presidentes mexicanos emanados del PRI. Lo que hay que saber es que ese enorme poder no era sino reflejo de la centralidad del partido en la vida política, cultural, económica, y social del país.

Respecto a los partidos de oposición, ciertamente no tenían la posibilidad de competir en el sistema hegemónico del PRI. Pero ello no fue obstáculo para que también desarrollaran fuerte raigambre entre sus miembros y una rica vida institucional. En 1939 se fundó el Partido Acción Nacional (PAN), convirtiéndose en una verdadera escuela de ciudadanía para generaciones de mexicanos que anhelaban vivir en democracia. Nombres como Manuel Gómez Morín, Luis H. Álvarez, y Carlos Castillo Peraza son gigantes que dieron alma a un partido de clases medias urbanas. Por el lado de la izquierda, el Partido Popular Socialista (PPS) fundado en 1948 por el sindicalista y filósofo Vicente Lombardo Toledano atrajo en su momento a personalidades del mundo cultural de orientación marxista.

Estos tres actores: PRI, PAN, y las subsecuentes encarnaciones de la izquierda partidista llevaron a cabo la transición democrática mexicana (1977-1996). No es casualidad que la transición haya iniciado en 1977 con la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Esta ley elevó a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como “entidades de interés público”, y les garantizó acceso a medios de comunicación y recursos hacendarios. Sin temor a exagerar, los partidos mexicanos estuvieron al centro mismo de la transición democrática del país.

Para el año 1996 en que la transición terminó, el sistema de partidos inauguró una época de estabilidad en que las tres fuerzas citadas se equilibraron en un ordenado sistema tripartito: el PAN a la derecha, el PRI en el centro, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD, heredero del PPS) a la izquierda. Este sistema articuló exitosamente las divisiones sociales y regionales del país por más de veinticinco años. Todo ello mientras en el resto de Latinoamérica los sistemas de partidos se venían abajo como castillos de naipes.

Aquí la paradoja es que pareciera que los partidos mexicanos gozaban de mejor salud bajo el autoritarismo. El PRI sin lugar a dudas como partido hegemónico, pero también las oposiciones de derecha e izquierda que, si bien eran expresiones políticas limitadas, se organizaron como instituciones de un claro perfil ideológico.

Puede haber partidos sin que haya democracia. Lo vimos en México en el siglo veinte. Pero lo que no puede haber es democracia sin partidos. Todo parece indicar que la demolición de las instituciones públicas que hemos visto en estos años en México también afectará al sistema partidista. Mal vamos.


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Los anuncios de Xiomara Castro arrancan con una polémica amnistía

En medio de una enfervorizada multitud que copó las tribunas del Estadio Nacional de Tegucigalpa, con las calles de los alrededores repletas de seguidores del Partido Libre y sus aliados, Xiomara Castro dio su primer discurso como mandataria. Lo hizo en medio de una crisis política marcada por la rebelión de un sector de la bancada de su propio partido en el Congreso Nacional, motorizada desde el entorno del ahora ya ex presidente, Juan Orlando Hernández, para dilatar las esperadas ofensivas en su contra por corrupción y supuesta relación con el narcotráfico.

La nueva presidenta no dijo nada inesperado, pues todo había sido anunciado previamente en el plan para los primeros cien días de gobierno y en documentos partidarios. La mandataria indicó que tras 12 años de gobiernos que dispusieron de los dineros públicos sin rendir cuentas, recibe un Estado en bancarrota. “Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura, tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura y el agiotaje”, señaló.

La catástrofe económica que recibe su gobierno—indicó—no tiene antecedentes en la historia de Honduras. Con un aumento del 700 % de la deuda externa y un incremento de la pobreza de un 74 % de la población, Honduras se ha convertido “en el país más pobre de América Latina”. Estas condiciones, según Xiomara Castro, son las causales de la masiva emigración irregular.

Por ello, la mandataria anunció que más de un millón de familias que consumen menos de 150 kilovatios mensuales, no pagarán su factura de energía eléctrica. Ese consumo será aplicado a las facturas de los altos consumidores, para lo cual será necesario hacer cambios en la ley el reglamento interno de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Entre otros anuncios, Castro señaló el envío de un proyecto al Congreso Nacional para subsidiar los combustibles y reducir sus precios actuales y ordenó al Banco Central y a la Secretaría de Finanzas la creación de los mecanismos legales para disminuir los intereses bancarios para la producción nacional. Además, la Secretaría de Educación deberá restablecer la matrícula gratis y asegurar la merienda escolar, el calendario de vacunación y la provisión de mascarillas para volver a las clases presenciales.

Entre los principales esfuerzos de su administración, agregó, estará el desarrollo agropecuario para lograr la soberanía alimentaria, para lo cual se buscará renegociar las cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA). Asimismo, indicó que las Fuerzas Armadas trabajarán en la protección del medio ambiente.

Sobre la minería, uno de los temas más conflictivos del país, prometió “no más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, parques nacionales y bosques nublados”. Su administración pondrá especial atención en el desarrollo agroforestal e industrial, la promoción del turismo y el establecimiento de una estricta política fiscal monetaria.

La multitud estalló cuando la presidenta llamó a la libertad de los presos políticos de Guapinol y a perseguir a los responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. En estos dos casos, su administración deberá confrontarse a intereses poderosos, acostumbrados a ejercer su voluntad. Por ello, afirmó que se deben desmontar de inmedianto las reformas constitucionales “ilegales, con contratos del Poder Ejecutivo avalados por el Congreso Nacional, que violentan la soberanía popular, como las ZEDEs”, como se conoce a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, promocionadas por el gobierno anterior y que podrían convertirse en refugio para ex funcionarios perseguidos por la justicia.

La novel mandataria indicó, también, que debe sancionarse una Ley de Condena al Golpe de Estado “que destruyó el hilo constitucional, además de la Ley de Condena a la sentencia de la reelección que es un delito de traición a la patria, así como la Ley de Amnistía para los presos políticos”. Se refirió también a la eliminación de las leyes dirigidas a destruir la protección social y a criminalizar las protestas. En este marco, Castro indicó que este mismo año deberá realizarse la primera consulta popular sobre reformas constitucionales.

Otro tema relevante de su discurso fue la instalación de una Comisión Nacional e Internacional para el combate a la corrupción y la impunidad, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, semejante al que tuvo Guatemala en el pasado.

Una controvertida Ley de Amnistía

A pocos días del discurso inaugural, quedó claro que la presidenta deberá enfrentar enormes desafíos para poder llevar adelante estas propuestas. El Congreso aprobó rápidamente una ley de amnistía para los presos políticos, exiliados y otros perseguidos por sus actividades contra las ilegalidades de los pasados gobiernos nacionalistas. Empero, un articulado no lo suficientemente claro, podría incluir en la amnistía a quienes han cometido actos de corrupción. Por ello, desde diferentes sectores de la sociedad civil, ya se ha criticado lo que consideran un “pacto de impunidad”.

A raíz de las quejas, incluyendo las de la segunda designada presidencial Doris Gutiérrez, los defensores de la ley indicaron de inmediato que no serán incluidos los casos de corrupción u otros delitos conexos. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), será el ente encargado de evaluar los casos. Ello también derivó en quejas, pues se asigna la labor a un solo organismo, cuando en el país hay muchos sectores que han luchado en favor de los derechos humanos y no son tenidos en cuenta. 

En paralelo y para angustia de los cachurecos, -como se conoce a los nacionalistas-, especialmente de los más allegados al régimen saliente, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, Robert Menéndez, envió recientemente una carta al secretario de Estado de su país, Antony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para que la Casa Blanca anule la visa a Juan Orlando Hernández (JOH) y lo califique como “traficante de narcóticos extranjero”. Hace pocos días, EEUU anuló la visa de JOH y el Departamento de Estado los calificó de “corrupto y narcotraficante”, en tanto la congresista Norma Torres auguraba un pronto pedido de extradición para el ex mandataro.

Estas decisiones endurecerán las acciones del entorno del ex presidente hondureño para evitar que un Congreso unido o una Corte Suprema desleal a quien hasta ahora fue su “amo y señor” ceda a eventuales presiones desde el norte y deje a JOH expuesto a la Justicia estadounidense.

¿En qué se diferencia la nueva «ola progresista» latinoamericana?

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Latinoamérica ha tenido un nuevo repunte de gobiernos de izquierda y centroizquierda, una segunda ola progresista, aunque menos bulliciosa que la primera. En este ciclo, los gobiernos, sus fuerzas políticas y apuestas programáticas son más heterogéneas. Difieren en las estrategias y tácticas de su ola predecesora. En todo caso, ¿en qué se parecen y en qué no?

Como primera ola progresista, llamamos al bloque de gobiernos de centroizquierda e izquierda que debutaron durante los primeros tres lustros de este siglo. Inició con la irrupción del chavismo y el ascenso de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, e incluyó a Brasil y Argentina en 2003, República Dominicana y Panamá en 2004, Bolivia y Uruguay en 2005, Chile y Honduras en 2006, Ecuador y Nicaragua en 2007, Paraguay y Guatemala en 2008, El Salvador en 2009 y Perú en 2011.

Esta ola dio lugar a líderes políticos como Chávez, Néstor y Cristina Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa, que llegaron al poder por primera vez, obteniendo mayorías parlamentarias, lo que les permitió introducir reformas y articular sus proyectos nacionales. Hubo mucha diversidad entre los gobiernos y la ola finalizó en 2015.

La segunda ola se abrió paso con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador en México en 2018, al que se le sumaron Argentina y Panamá en 2019, Bolivia en 2020, Perú y Chile en 2021 y Honduras en 2022. Aparece en el horizonte el posible regreso de Lula en Brasil y Gustavo Petro entre los favoritos de las presidenciales en Colombia para 2022. Las principales figuras son el propio AMLO, Alberto Fernández y el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric.

La reconfiguración del mapa político permite establecer algunos puntos para contrastar las características de ambas olas.

Las trayectorias históricas

La primera ola se caracterizó por una confluencia de actores de la izquierda tradicional que iba desde partidos y coaliciones de base popular, con la participación de los históricos partidos comunista y socialista, hasta el protagonismo de nuevos partidos y movimientos sociales consolidados al calor de las luchas sociales de finales del siglo XX y una fuerte impronta de la tradición populista latinoamericana. En la nueva ola, si bien estos elementos están presentes, la heterogeneidad de la base de apoyo es mayor.

En el primer ciclo, la izquierda latinoamericana coincidía en el discurso de condena a las administraciones de derecha y centroderecha de finales de los noventa, la urgencia de políticas sociales y reformas estructurales y en algunos casos refundacionales. Este nuevo ciclo cuenta con una batería de demandas más moderadas que apelan al perfeccionamiento de la acción estatal en algunos ámbitos, la inversión en políticas sociales y el reflote de la economía. Ambas olas tienen en común la consolidación de liderazgos de larga trayectoria junto con figuras outsiders.

La relación con Estados Unidos

Si por algo destacó la primera ola fue por su retórica hostil hacia la potencia norteamericana. Proliferaron iniciativas para condenar los tratados de libre comercio, la ayuda humanitaria y la actividad de organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial. Igualmente, algunos países mantuvieron una convivencia cordial con la potencia, desde grandes como Brasil hasta pequeños como Uruguay.

A la primera ola le tocó vivir la nueva reconfiguración geopolítica en que China se posicionó como contrapeso de Estados Unidos. Rusia también permeó intensamente la región en este tiempo. Sin embargo, los gobiernos progresistas de la nueva ola parecen tener menos interés en apostar por una confrontación geopolítica contra Estados Unidos.

Símbolo de ello es la firma del tratado de libre comercio entre AMLO y Donald Trump, y las acciones para controlar el flujo migratorio. Gabriel Boric anunció contactos con Joe Biden. También la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que aspira a una relación pragmática con la potencia y Lula ha hablado de tener una amistad con Estados Unidos.

El asunto de Venezuela, Cuba y Nicaragua

La primera ola tuvo en su epicentro el impulso de la Revolución bolivariana de Venezuela, apoyada por una profusión de recursos económicos que le permitieron exportador su proyecto político y de la integración bolivariana. Este financiamiento estrechó el vínculo con Cuba, Estado mentor del régimen venezolano, y en menor medida Nicaragua. Sin embargo, con la consolidación de los autoritarismos hegemónicos en Venezuela y Nicaragua, comenzaron a presentarse matices en la convalidación del modelo.

La nueva ola es más moderada y pragmática en su relación con Cuba y los otros regímenes. Existe una posición mediada por el escepticismo de lo que ha sido el socialismo del siglo XXI para Venezuela y su vínculo se ha resumido a la prédica del principio de no intervención. Sin embargo, salvo algunas diferenciaciones puntuales que se mostraron a priori como distantes del autoritarismo, como la de Boric en Chile con su crítica a esstos regímenes o el llamado a consulta de los embajadores de México y Argentina, de momento no se evidencia pista de una condena general hacia estos gobiernos por lo atropellos a la democracia y los derechos humanos.

Asociación internacional

La convicción latinoamericanista y anti-Estados Unidos de los gobiernos de la ola anterior generó espacios alternativos de coordinación regional. Se creó el ALBA y la Unasur, configurados como clubes de presidentes con afinidad ideológica que luego quedaron en desuso. En la nueva ola, de momento no se ha evidenciado interés por revitalizar estos espacios o por la creación de otros nuevos.

En la OEA, escenario históricamente criticado desde la izquierda por su influjo estadounidense, curiosamente la primera ola actuó con eficacia como un bloque de voto mayoritario durante la secretaría general de José Miguel Insulza (2005-2015). Con la llegada de Luis Almagro (2016) la crítica gravitó más hacia el secretario y no la organización, tendencia que se ha mantenido en esta nueva ola.

En conclusión, la nueva ola se diferencia sustantivamente de la anterior. Esta se proyecta más moderada y parece apostar más por el pragmatismo que por la afinidad puramente ideológica. Y hay señales de que apuesta más por el diálogo con las grandes potencias que por las narrativas anti-imperialistas.

Los nuevos gobiernos de izquierda no debutan en el poder, pero además no son tiempos de vacas gordas y en muchos casos no cuentan con abrumadoras mayorías. A tono con esto, no se han anunciado planes refundacionales sino reformas bajo las normas del juego democrático. La segunda ola arrastra los escombros de la primera: dos autoritarismos hegemónicos que junto a Cuba hacen el trío de las dictaduras en la región.

¿Podrá esta nueva ola formular una condena explícita a las dictaduras? ¿Podrá impulsar un clima de diálogo con el resto del sistema político? ¿Tendrá dentro de sus objetivos disminuir la polarización y no caer en la deriva populista? Ejemplos en México y Argentina indican que es difícil que suceda. Sin embargo, nuevos liderazgos se han sumado, y en 2022 las presidenciales en Brasil y Colombia pueden colocar más actores en el mapa.

*La versión original de este texto fue publicada en Dialogo Político

How is the new Latin American «progressive wave» different?

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Latin America has seen a recent upsurge of left and center-left governments, a second progressive wave, albeit less boisterous than the first. In this cycle, the governments, their political forces, and programmatic wagers are more heterogeneous. They differ in strategies and tactics from the preceding wave. In any case, it’s important to ask- in what ways are they similar and dissimilar?

 The bloc of center-left and left governments that debuted during the first three decades of this century is commonly referred to as the “first wave.” It began with the emergence of Chavismo and the rise of Hugo Chavez in Venezuela in 1999. It later included Brazil and Argentina in 2003, the Dominican Republic and Panama in 2004, Bolivia and Uruguay in 2005, Chile and Honduras in 2006, Ecuador and Nicaragua in 2007, Paraguay and Guatemala in 2008, El Salvador in 2009 and Peru in 2011.

This wave gave rise to political leaders such as Chávez, Néstor and Cristina Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales and Rafael Correa, all of whom came to power for the first time. They obtained parliamentary majorities, which allowed them to introduce reforms and articulate their national projects. There was much diversity among governments, but the wave ended in 2015.

The second wave broke through with the rise of Andrés Manuel López Obrador in Mexico in 2018, and he was joined by Argentina and Panama in 2019, Bolivia in 2020, Peru and Chile in 2021, and Honduras in 2022. On the horizon is the possible return of Lula in Brazil along with Gustavo Petro being among the presidential favorites in Colombia for 2022. The main figures are AMLO himself, Alberto Fernández, and the new president of Chile, Gabriel Boric.

The reconfiguration of the political map allows for the establishment of some points to use to, in turn, contrast the characteristics of both waves.

Historical trajectories

The first wave was characterized by a confluence of actors from the traditional left, ranging from popular-based parties and coalitions, the participation of the historic communist and socialist parties, to the emerging prominence of new parties and social movements consolidated in the heat of the social struggles of the late 20th century and a strong imprint of the Latin American populist tradition. In the new wave, while these elements are present, the heterogeneity of the support base is greater.

In the first cycle, the discourse of Latin American left coincided with one another in condemning  the right and center-right administrations of the late 1990s, stressing the urgency of social policies and structural reforms and, in some cases, advocating for foundational reforms. This new cycle has a battery of more moderate demands that appeal to the improvement of state action in some areas, investment in social policies, and the revival of the economy. Both waves have the consolidation of long-standing leaderships together with outsider figures in common.

Relations with the United States

If the first wave stood out for anything, it was for its hostile rhetoric towards American power. Initiatives to condemn free trade agreements, humanitarian aid, and the activity of multilateral organizations such as the IMF and the World Bank were widespread. At the same time, some countries maintained a cordial coexistence with the U.S., ranging from large ones such as Brazil to small ones such as Uruguay.

The first wave experienced a new geopolitical reconfiguration in which China positioned itself as a counterweight to the United States. Russia also permeated the region intensely during this time. However, the progressive governments of the new wave seem to have less of an interest in being part of a geopolitical confrontation against the United States.

Symbolic of this is the signing of the free trade agreement between AMLO and Donald Trump, and his actions to control the migratory flow. Gabriel Boric announced contacts with Joe Biden. Also, the new president of Honduras, Xiomara Castro, said she aspires to a pragmatic relationship with the U.S., and Lula has spoken of having a friendship with the United States.

The Venezuela, Cuba, and Nicaragua affair

The first wave had at its epicenter the momentum of the Bolivarian Revolution in Venezuela, which was supported by a profusion of economic resources that allowed it to export its political project and Bolivarian integration. This financing strengthened its ties with Cuba, the mentor state of the Venezuelan regime, and to a lesser extent with Nicaragua. However, with the consolidation of hegemonic authoritarianism in Venezuela and Nicaragua, nuances began to appear in the validation of the model.

The new wave is more moderate and pragmatic in its relationship with Cuba and the other regimes. There is a position mediated by skepticism of what 21st century socialism has been for Venezuela, and its link has been summarized in the preaching of the principle of non-intervention. However, except for some specific differentiations that were shown a priori as distant from authoritarianism, such as that of Boric in Chile with his criticism of these regimes or the call for consultation of the ambassadors of Mexico and Argentina, for the moment there is no evidence of a general condemnation of these governments for their violations of democracy and human rights.

International association

The Latin Americanist and anti-US conviction of the governments of the previous wave generated alternative spaces for regional coordination. ALBA and Unasur were created. They were configured as clubs of presidents with an ideological affinity that later fell into disuse. In the new wave, for the time being, there has been no interest in revitalizing these spaces or creating new ones.

In the OAS, a setting historically criticized from the left for the presence of U.S. influence, the first wave curiously acted effectively as a majority voting bloc during the general secretariat of José Miguel Insulza (2005-2015). With the arrival of Luis Almagro (2016) criticism gravitated more towards the secretary and not the organization, a trend that has been maintained in this new wave.

In conclusion, the new wave differs substantially from the previous one. This one is projected to be more moderate and seems to bet more on pragmatism than on purely ideological affinity. And there are signs that it is betting more on dialogue with the great powers than on anti-imperialist narratives.

The new leftist governments are not making their debut in power, but also these are not times of surpluses, and in many cases, they do not have overwhelming majorities. In line with this, they have not announced any foundational reforms, but rather reforms under the rules of the democratic game. The second wave is also dragging the debris of the first: two hegemonic authoritarianisms that together with Cuba make up the trio of dictatorships in the region.

Will this new wave be able to formulate an explicit condemnation of dictatorships? Will it be able to promote a climate of dialogue with the rest of the political system? Will its objectives include reducing polarization and not falling into a populist drift? Examples in Mexico and Argentina indicate that this is unlikely to happen. However, new leaderships have joined, and in 2022 the presidential elections in Brazil and Colombia may put even more actors on the map.

*The original version of this text was published in Dialogo Político.

Translated from Spanish by Alek Langford 

Costa Rica a segunda vuelta y con sorpresas

Como habían previsto las encuestas, ninguno de los 25 candidatos que se presentaron a la primera vuelta electoral consiguió el 40% de los sufragios, por lo que Costa Rica irá a una segunda ronda el próximo 3 de abril entre los dos candidatos más votados. Si bien las encuestas acertaron en que José María Figueres, del socialdemócrata Liberación Nacional, obtendría el mayor apoyo (obtuvo el 27,4%), ninguno de los sondeos previó que Rodrigo Chaves sería el segundo candidato más votado. Chaves, quien ocupaba la cuarta  posición con apenas el 9% en intención de voto superó a Lineth Saborío del partido socialcristiano que contaba con una intención del 15% y a Fabricio Alvarado, del partido confesional evangélico, que contaba con el 13%. Luego de los primeros conteos y una estrecha diferencia entre Alvarado y Chaves, finalmente ha sido este último quien deberá competir con Figueres en la segunda vuelta.

Dos datos no menos sorprendentes han surgido de esta cita electoral. El primero, referido al incremento del abstencionismo, que ha pasado del 30% promedio al 41%. Existe coincidencia acerca del peso que ha tenido la delicada situación sanitaria que ha provocado la pandemia en Costa Rica. De hecho, el líder liberacionista, Oscar Arias, anunciaba la víspera que, por consejo médico, no iría a votar en su colegio electoral. Todo indica que una proporción importante de las personas adultas mayores han adoptado esa misma decisión. La abstención entre los jóvenes guarda relación con el segundo gran fenómeno de la jornada: la estrepitosa derrota del partido de gobierno, de Acción Ciudadana, que no ha obtenido ni un 1% en esta elección.

Este ínfimo apoyo electoral sí había sido previsto por las encuestas. Pero dado el nivel de indecisos que se ha mantenido hasta el final de la campaña, en torno al 40%, el cual incluía una alta proporción de voto oculto, muchos observadores preveían un apoyo final al PAC más elevado. Sin embargo, este partido ha protagonizado algo que sucede por primera vez en la historia de Costa Rica: el partido oficialista saliente no sólo pierde rotundamente las elecciones, sino que queda fuera del parlamento nacional.

Este fenómeno es insólito también porque su candidato se adhirió públicamente al progresismo que tan buenos resultados obtuvo al sur del continente. Es probable que una parte del abstencionismo joven proceda de quienes no repitiendo su voto al PAC hayan preferido la abstención.

La otra gran derrotada de la jornada ha sido la candidata socialcristiana, Lineth Saborío. Desde el comienzo de la campaña las encuestas pronosticaron que sería quien acompañara a Figueres en la segunda vuelta. Pero pronto aparecieron las falencias de la aspirante, una política experimentada en las administraciones de su partido, caracterizada por el discurso sin concreción, que todo lo apuesta a una negociación ulterior, sin lineamientos de partida.

Por ello, en los debates, los contendientes insistieron en solicitarle propuestas concretas pero no obtuvieron más que promesas de negociaciones. En los últimos encuentros televisados, la candidata quiso refugiarse en una imagen de mujer políticamente acosada, que parece haber sido contraproducente. Algunos dirigentes históricos de su partido, como Luis Fishman, advirtieron del error de haber propuesto su candidatura, algo que se ha confirmado con la diferencia entre el apoyo en diputados, donde el PUSC logra mantener su caudal, y la caída de Saborío, que al final queda cuarta en la carrera electoral.

Rodrigo Chaves, del nuevo partido Progreso Social Democrático, ha dado la sorpresa pasando a la segunda ronda, al pasar de una intención de voto de 4% al inicio de la campaña a obtener el 16,65% de los votos. El economista del Banco Mundial, ex ministro de Hacienda del actual gobierno del PAC hasta que renunció por desacuerdos con el Presidente Carlos Alvarado, presenta un diagnóstico descarnado de los factores que han llevado a la crisis económica y política de la coyuntura actual y también propone soluciones contundentes para encararlos. Su discurso es percibido de forma controversial: por unos, como autoritario y soberbio, que se plantea únicamente desde la suficiencia técnica, mientras que para otros es la propuesta robusta y firme que el país necesita para salir del estancamiento económico y la crisis de confianza política.

Este candidato ha logrado, además, pasar a la segunda ronda superando las acusaciones de acoso sexual que recibió durante su función en el Banco Mundial, las cuales, si bien no quedaron probadas en el proceso del Banco, han sido utilizadas insistentemente por sus contrincantes. De hecho, tras el último debate, las redes sociales daban por muerta la candidatura de Chaves, por cuanto sufrió un bombardeo sistemático. Varios observadores apuntan que es difícil dilucidar si estos señalamientos han restado apoyo a Chaves (quien habría obtenido aún más votos de no haberse producido), o, todo lo contrario, fueron entendidos como ataques personales al candidato, que inclinaron la votación a su favor.

Las sorpresas surgidas en esta primera vuelta aumentan la dificultad de vislumbrar cuál será el resultado de la segunda. Ambos candidatos coinciden en que el país se encuentra en lo que califican como una emergencia nacional, pero difieren en cómo enfrentarla. Para Figueres, la crisis se superará abriendo el país al mundo y dando un salto tecnológico, sobre todo en materia energética y de conectividad, lo que requiere cambios en la educación, mientras sólo plantea reformas moderadas en la institucionalidad existente.

Chaves, por el contrario, pretende armonizar la inducción en Costa Rica de programas internacionales exitosos con modificaciones sustanciales en la institucionalidad pública y privada del país. Otra diferencia refiere al hecho de que Figueres cuenta con un amplio equipo de cuadros y Chaves apenas está constituyendo los suyos.

El hecho de que Figueres haya superado a Chaves por diez puntos en esta primera ronda, hace pensar que el cálculo de probabilidades favorece al candidato liberacionista. Sin embargo, las encuestas muestran un alto voto de rechazo para José María Figueres, que se ha mantenido en torno al 40% (personas que declaran que nunca le votarían) durante toda la campaña.

Dado que Chaves también presenta un voto de rechazo apreciable, todo parece indicar que la elección del próximo presidente seguirá el método del descarte (elección del menos malo), que se ha manifestado en elecciones anteriores. Esto probablemente eliminará el periodo de gracia del próximo mandatario que deberá enfrentar una agenda nutrida de problemas y un legislativo repartido, donde Liberación solo tiene un tercio de las bancadas y el partido de Chaves un 17% de los curules. Un horizonte que anticipa considerables turbulencias.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

La explotación offshore no es la solución para Argentina

La autorización otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente argentino a la empresa Equinor en sociedad con YPF y Shell para la exploración de hidrocarburos en alta mar implica numerosos riesgos para el país. Y aunque esta iniciativa ha sido rechazada por amplios sectores de la ciudadanía, ha recibido apoyos desde ambos lados de la “grieta”, como se conoce a la división de la sociedad argentina entre kirchneristas y antikirchneristas.

Quienes están a favor de la iniciativa destacan que la actividad se desarrolla a más de 300 kilómetros de las costas bonaerenses, descalificando a quienes temen por el turismo. El planteo resulta erróneo. Basta consultar a la comunidad científica y el efecto nocivo que generan las tareas de prospección sobre la biodiversidad que habita en el mar argentino. Como ejemplo, las ondas sonoras afectan las poblaciones de ballena franca austral, lo cual podría tener un efecto económico devastador en la turística ciudad de Puerto Madryn. 

Pero la mirada, a ambos lados de la grieta, sigue siendo cortoplacista. Aún cuando algunos reconozcan los reclamos ambientales, la necesidad de generar empleos, recursos fiscales y divisas es más fuerte. Si el proyecto genera un impacto negativo sobre el medio ambiente, ello debe soslayarse: la urgencia (económica) deja los lujos (ambientales) para más adelante.

Más allá de los puntos de vista, dichos planteos no condicen con los objetivos buscados. Se desconoce el problema de los activos varados, asociado al ritmo de la transición energética global y la consiguiente pérdida de valor de los activos de la industria y la infraestructura asociada. Si la resolución de tal disyuntiva fuese local, habría inconvenientes, aunque podría resolverse. El problema resulta global, donde las decisiones de algunos por mitigar el riesgo físico, podría incrementar el riesgo financiero en otros. Esto es lo que deberían ver aquellos que se aferran al desarrollo offshore en el Mar Argentino.

Por otro lado, no se está teniendo en consideración la probabilidad de una caída abrupta en la demanda fruto de la mayor conciencia ambiental, del cambio tecnológico o bien por la irrupción de nuevas normativas ambientales. La primera se asocia con la respuesta de los gobiernos ante la irrupción de fenómenos climáticos extremos: inundaciones, fuegos, tornados, sequías. La profusión de tales fenómenos acelera la transición ya que quienes antes dudaban de la urgencia del cambio hoy presionan a sus gobiernos para que inicien la transición.

En lo tecnológico, los avances observados en la última década indujeron una baja en el costo de la generación de electricidad “limpia” de más del 85% para la energía solar y un 56% para la eólica. Más determinante resulta la reducción de costos de los parques eólicos offshore, que podrían volverse competitivos en nuestra región a lo largo de la década, lo cual implicaría una verdadera transformación de la industria energética.

General Electric, una de las principales proveedoras del mercado, ha construido, conjuntamente con Siemens – Gamesa y Vestas Wind Systems, un prototipo gigante en Francia, llamado Haliade-X, que genera casi tres veces más energía que los molinos actuales. En comparación con los primeros equipos offshore instalados en Dinamarca 30 años atrás, el prototipo de GE genera 30 veces más electricidad.

Finalmente, cabe destacar los distintos cambios que tienen lugar a nivel institucional. La promulgación de nuevas leyes, normas y reglamentaciones ambientales ponen límites a las centrales térmicas. Cada día nuevas ciudades en el mundo imponen restricciones a la circulación de vehículos diésel (gasoil). Para el año 2024, ningún automóvil de estas características podrá circular en París o Madrid. Además, en muchos países también se está avanzando en la prohibición de la venta de automóviles de combustión interna.

Todos estos cambios pueden implicar que el fin del petróleo se vincule a un pico de demanda, y no de oferta como muchos plantean. Según un informe reciente, el pico podría llegar en cuatro o cinco años y los proyectos analizados comenzarían su etapa operativa al momento que la demanda comenzara a declinar.

Más allá de cómo se de el declive, lo importante para la región es el carácter exógeno y el consecuente problema de los activos varados. En este marco, insertar el riesgo de transición implica reconocer el carácter dinámico del problema, con un complejo petrolero que termina demandando más divisas que las que promete generar.

Menos acertado resulta el planteo de asociar la explotación offshore con desarrollo tecnológico. Si la ambición es reducir la frontera tecnológica, la apuesta debería ir tras las energías renovables. Carlota Perez, renombrada académica destaca el carácter estratégico de invertir en tecnologías verdes, pues ello posibilita sumarse a una nueva “oleada tecnológica”. Una temprana detección y adopción permite apropiarse de rentas extraordinarias, reducir la brecha tecnológica, así como generar puestos de trabajo de calidad.

Para que ello suceda, el Estado debe adoptar un rol activo en regulación, financiamiento, fomento de investigación y desarrollo, y debe tener una visión estratégica que vislumbre los sectores potenciales, pero también aproveche las capacidades industriales y tecnológicas actualmente presentes. Lamentablemente, Argentina dilapida recursos y deja escapar oportunidades.