Una región, todas las voces

De instituciones e individuos: el insoportable cinismo de la autoridad

El Gobierno ha hecho cosas buenas. Lo que necesita el Gobierno es comunicar mejor. Muchas de las cosas que se han hecho no las reciben del gobierno Duque, sino como algo institucional”. Álvaro Uribe

Las instituciones políticas y sus titulares configuran relaciones que a veces resultan difíciles de deslindar. En una cultura que tiene como predicamento el refrán de que “el hábito hace al monje”, la institución, en cuanto conjunto de reglas tanto formales como informales, que ampara la actuación de sus máximos responsables tiene una relevancia nada desdeñable. Sin embargo, no por ello los individuos al frente de ellas son muñecos sin capacidad alguna para dibujar las líneas de su ejercicio. Ambos definen pasos decisivos que traen consigo consecuencias no solo en el ámbito material sino también en el simbólico.

Esto es así, por ejemplo, en la transferencia de valores y de pautas de comportamiento mediante procesos ejemplificadores, algo que es inherente al desarrollo de la humanidad y que cobra hoy una dinámica acelerada insólita por mor de la velocidad y por la amplitud a la que llegan al público contendidos con noticias o entretenimiento. En pocas semanas, la visualización de una serie de indudable éxito como es The Crown o las circunstancias que rodean la vida del rey emérito español lejos del país, Juan Carlos I, no solo han disparado una toma de conciencia que es crítica con la institución monárquica, sino que, unidas al atrabiliario comportamiento del inquilino de la Casa Blanca hasta hace unos días, han despertado una reflexión sobre el necesario carácter modélico que debe impulsar la relación biunívoca entre líderes e instituciones.

El continuismo monárquico

Frente al caso del continuismo monárquico transmitido por la herencia, una práctica que hoy tiene cierto componente exotérico, además de su insólito carácter de privilegio, la institución de la reelección, cuando se torna ilimitada y con escasos mecanismos de control, adquiere asimismo un irritante carácter por el abuso y la arbitrariedad que suele conllevar. Los ejemplos de Venezuela y de Nicaragua constituyen una evidencia. En sendas circunstancias las instituciones que las amparan responden a procesos históricos concretos y a la expansión de modelos que adquieren reputación en determinados momentos.

En España, la transición asentó una forma impuesta por el dictador inserta en un paquete global democratizante que fue bastante funcional. En efecto, la monarquía tuvo éxito en términos institucionales no tanto por su poder moderador como por evitar el siempre arriesgado proceso que hubiera supuesto una elección presidencial basada en una lógica “suma cero” por la que el ganador se llevara todo. En un país con los demonios de la guerra civil entonces todavía sueltos esa situación habría contribuido a un aumento insoportable de la polarización.

Las leyes y los usos

Ahora bien, en ambos escenarios, la yuxtaposición de quienes ejercen el cargo con las propias reglas que lo articulan producen en su quehacer efectos con indudables consecuencias en las sociedades que pasivamente los reciben. Las leyes y los usos pueden canalizar en gran medida sus actuaciones, pero siempre queda un resquicio no reglado sujeto a la discrecionalidad del mandatario.

La decisión de participar en una cacería africana en un momento de fuerte recesión económica y con una opinión pública sensible ante la propia práctica de la caza, o la recepción de comisiones por intermediar en negocios de compañías nacionales son comportamientos inadecuados y delictivos que una sociedad madura difícilmente puede tolerar. Al abuso del monarca se une la falta de profesionalidad de su entorno que evite el desmán o, incluso peor, la ausencia de mecanismos previsores de tal desempeño.

Bukele en El Salvador

Nayib Bukele, el actual presidente salvadoreño que va camino de obtener un apoyo mayoritario en la Asamblea Legislativa de su país en las elecciones que se celebrarán dentro de unas semanas, acaba de afirmar, contra toda la evidencia empírica, así como frente al consenso de la sociedad internacional, que los acuerdos de paz que pusieron fin al sangriento conflicto que asoló al país especialmente en la década de 1980 con un saldo de más de 75.000 muertos fueron “una farsa”, un “negocio de élites” y “un pacto entre corruptos”.

Según Bukele, en un ejercicio cínico de manejo trastocado de lo acontecido, “no representaron ninguna mejora para la población en sus derechos más básicos (trayendo consigo) el inicio de una etapa de mayor corrupción y exclusión social y el enriquecimiento de manera fraudulenta de los mismos sectores firmantes de los acuerdos”.

Una tendencia en la región

En Paraguay, una jueza ha enviado a prisión a uno de los principales líderes de la oposición, Efraín Alegre, imputado por la producción de facturas que no se corresponden con gastos reales en relación con la campaña electoral de 2018 en que fue candidato presidencial liberal, aun cuando la propia ley electoral señala claramente que ningún candidato puede ser administrador de fondo alguno. Aquellos comicios dieron el triunfo por un estrecho margen al sempiterno partido colorado en la figura del hijo del principal valido del dictador Stroessner. La observación internacional entonces cuestionó el resultado.

Estas situaciones marcan tendencias definidas por una forma de actuar en la que imperan la deshonestidad y el nulo sentido de la ejemplaridad en una perversa combinación entre el desempeño institucional y la actuación individual. La ausencia de una ética tanto de la responsabilidad como de la convicción es palmaria. Es también preocupante puesto que se contribuye a la extensión del cinismo como pauta de conducta, así como al menosprecio de una autoridad que pierde su capacidad de ejercer liderazgo y al descrédito del funcionamiento de las instituciones. Todo lo cual alimenta la desconfianza y cierto tipo de anomia política con la consiguiente debilidad de la democracia fatigada.

Foto de XV Cimeira Ibero-Americana – Salamanca, Españaa por Cláudio Vaz

¿El siglo del populismo?

El populismo es un fenómeno sociopolítico global y su carácter emocional y debilitador de la democracia liberal es uno de sus sellos prevalecientes. En todo el mundo, los líderes personalistas trataron de debilitar las instituciones contramayoritarias para ejercer el poder político sin impedimentos. ¿El siglo XXI estará marcado por el constante ascenso de gobiernos populistas o éstos tendrán algún tipo de límites?

La reciente publicación de Pierre Rosanvallon “El siglo del populismo” (Ediciones Manantial, 2020), nos ayuda a comprender las diferentes características de los líderes populistas –de izquierda y de derecha- en el siglo XXI a nivel global. Esto, mediante el planteamiento de una anatomía de la cultura política populista con la identificación de cinco elementos que la constituyen: concepción del pueblo, teoría de la democracia, modalidad de representación, política y filosofía de la economía y un régimen de pasiones y emociones.

Donald Trump ha marcado la historia

En el caso de los Estados Unidos, el comportamiento político y la recurrencia discursiva de Donald Trump encarnaron algunos de estos elementos y, a pesar de que éste ya cesó en sus funciones, ha dejado una marca que difícilmente será borrada en la historia de ese país.

La emotividad en los discursos políticos de Trump, estructurados en la lógica “nosotros” versus “ellos” y el permanente torpedeo a la institucionalidad democrática, ha sido una constante que tuvo su momento cúspide el 6 de enero pasado. De acuerdo con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, “el objetivo de los seguidores del presidente era poner fin a nuestra democracia”, después que éste emitiera un mensaje político ante sus simpatizantes con una frase fulminante que decía mucho sobre su filosofía de vida: “luchar como demonios”.

Se trató de una estrategia discursiva que tuvo como caldo de cultivo las noticias falsas, las teorías conspirativas y el “Estado profundo”, una supuesta red de funcionarios públicos que actúa de forma secreta, como el poder fáctico que está fuera de la mirada pública, manejando las cuerdas y manipulando las cosas. Un cóctel perfecto para mantener vivo un régimen de pasiones y emociones, connotación primordial de la cultura política populista, en el cual, como afirma Rosanvallon, “los objetos se agrandan en medio de las tinieblas. En la sombra, todo parece hostil y gigantesco”.

La era de las Fake News

Este problema no ha hecho más que incrementarse en un mundo donde la desinformación, las revelaciones y escándalos surgen a cada momento, mientras las sospechas contra los poderosos son constantemente renovadas y la confianza en las instituciones se derrumba.

Otro elemento destacable del universo populista es la polarización y destrucción del centro político, ese lugar donde es posible deliberar, llegar a consensos y respetar las reglas del juego. En Bolivia, Evo Morales se postuló por cuarta vez consecutiva a la presidencia en el año 2019, a pesar de haber perdido un referéndum constitucional con el cual intentaba renovar su candidatura. Este hecho debilitó la institucionalidad democrática del Estado boliviano, generó malestar ciudadano, polarización social y una rebelión popular que provocó la renuncia del presidente. De acuerdo con Carlos de la Torre, “si bien los populismos latinoamericanos desde Perón a Chávez incluyeron a los pobres y a los desposeídos, sus prácticas en el poder han sido autoritarias”.

En los hechos, el Tribunal Constitucional fungió como una marioneta del poder ejecutivo administrado por Morales en beneficio de su postulación, pero en detrimento del voto popular y el resultado legal y legítimo de un referéndum constitucional que le fue adverso. Desde la perspectiva de la democracia política y en contraste con la cultura política populista, el Tribunal Constitucional implica restricciones a las autoridades independientes y reducción de su área de intervención.

Las consecuencias

Las consecuencias de aquel acontecimiento político ha sido el debilitamiento paulatino de las instituciones contramayoritarias. A decir del célebre politólogo Adam Przeworski, “la función de los tribunales constitucionales es proteger los derechos ante los caprichos de las mayorías temporarias”. Pero en Bolivia sucedió todo lo contrario: el Tribunal Constitucional cedió al capricho de un líder de mayorías temporarias que perdieron bajo las reglas de la democracia.

En perspectiva, este fue un acontecimiento que hirió la democracia política del país. Más aún, ha provocado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas y ha hecho que las violaciones constantes de las normas de convivencia sociopolítica se conviertan en un comportamiento habitual y casi natural.

Sin duda, Pierre Rosanvallon nos permite obtener una comprensión más amplia y profunda del populismo como fenómeno político. Con sus herramientas conceptuales se puede distinguir e interpretar determinados acontecimientos políticos direccionados por liderazgos políticos que atacan las reglas del juego mediante la identificación de un enemigo a quien asaltar y destruir, considerándose a sí mismos como la encarnación singular de los intereses colectivos.

Con todo, el avance de la cultura política populista parece no tener límites en el siglo XXI. Los seguidores de líderes mesiánicos continúan en aumento y se ubican en los diferentes espacios del espectro ideológico. Sus argumentos políticos son polarizadores y se basan en noticias falsas. Y lo que es peor, diluyen la cordura del centro político que es donde las instituciones democráticas deberían establecerse como reguladoras de las pasiones y emociones.

Foto de pslachevsky en Foter.com / CC BY-NC-SA

La violencia interminable en América Latina

Hasta antes de la pandemia, la violencia era con el desempleo, la corrupción y la economía una de las mayores preocupaciones de los latinoamericanos, situándose como uno de los temas que adquiría cada vez más relevancia en la agenda política y de gobierno en la región. Los datos más recientes del Estudio Mundial sobre el Homicidio de la ONU indican que América Latina y el Caribe es una de las zonas con la mayor tasa de homicidios en el mundo.

La región también muestra tasas muy altas de violencia producida en el ámbito privado. Prevalece la violencia caracterizada por homicidios y no la violencia autodirigida como los suicidios ni la violencia colectiva tales como guerras y terrorismo. Por lo tanto, es un tipo de violencia asociada principalmente a los graves problemas de narcotráfico y grupos organizados.

La violencia se disparó en el siglo XXI

La incidencia de este tipo de violencia interpersonal aumentó considerablemente desde mediados de las décadas de los ochenta y principios de los noventa. Sin embargo, con la entrada al siglo XXI su incremento ha sido mayor que el del siglo pasado. En estas últimas dos décadas la tasa de homicidios promedio en la región se elevó en más de un 80%, con mayor aceleración durante la década actual.

Previamente al comienzo de la pandemia, la muerte por homicidio se había incrementado especialmente en países como El Salvador, México y Guatemala, al mismo tiempo que había disminuido en otros países tales como Colombia, Honduras y Argentina. Durante la pandemia, los tipos de violencia doméstica en contra de las mujeres se incrementaron de forma alarmante, así también la violencia sexual, el cibercrimen y los robos a la propiedad. De esta manera, puede observarse un cambio de paradigma de la violencia en la región.

Múltiples factores

Las causas de la violencia son atribuidas a múltiples factores, lo cual aumenta la complejidad de su análisis y en consecuencia es más difícil combatirla. Por un lado, el incremento de la violencia en décadas recientes se ha atribuido a factores que operan a nivel macro, incluyendo la alta proporción de jóvenes sin empleo, el mal desempeño económico, el aumento en la desigualdad y la pobreza. A esto se suma el crecimiento notable de los mercados de armas y drogas asociados a la globalización y el crimen organizado.

Por otro lado, es posible que una combinación de factores a nivel macro, incluyendo el repunte económico y acciones gubernamentales dirigidas específicamente a disminuir la violencia, expliquen la reducción de las tasas de homicidios en algunos países. Sin embargo, no hay evidencia contundente para poder atribuir esta reducción de los niveles de violencia a variables determinadas ni cambios específicos a nivel sistémico.

A los cambios a nivel macro vinculados al aumento de la violencia se suman los factores a nivel institucional, comunitario e individual que también son asociados a la alta prevalencia de la violencia en la región. Estos incluyen la debilidad de las instituciones de justicia y de aplicación de las leyes contra la corrupción. Existen también factores denominados situacionales que desencadenan violencia, donde las instituciones de control social cumplen un papel central para disminuir la violencia a nivel comunitario. Entre estas instituciones se encuentran la policía y el aparato judicial.

Las instituciones en América Latina

En América Latina estas instituciones gozan de una confianza mínima, característica que no sólo tiene que ver con el desempeño institucional sino también con las capacidades del Estado para proveer justicia. Esta idea asume la capacidad del procesamiento de demandas de justicia y la aplicación del Estado de derecho ante las necesidades de la sociedad.

La importancia de la confianza en el sistema judicial no sólo depende de elementos observables como la recepción de las denuncias, sino también a la propia percepción de violencia y la consecución de justicia al interior del sistema. Por esto, la confianza en este tipo de instituciones y la relación de éstas con las víctimas que requieren de justicia son fundamentales.

Este entendimiento es clave para las sociedades latinoamericanas donde al menos un tercio de la población ha sido víctima de algún acto delictivo. Todo esto adquiere aún más relevancia para el establecimiento de procesos de estabilización democrática y el Estado de derecho, asignatura pendiente en la región.

Foto de Jesús Villaseca Pérez. en Foter.com / CC BY-NC-SA

Las esperadas políticas de Joe Biden para el Triángulo Norte

Quienes siguen de cerca las políticas de Washington para el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) vaticinan cambios radicales con Joseph Robinette Biden ya sentado en el sillón que, el pasado 20 de enero, Trump dejó a regañadientes.

Respecto al Triángulo Norte, la administración de Donald Trump apeló reiteradamente a la vieja política estadounidense del garrote y la zanahoria pero aún así fue más que benévolo a la hora de desembolsar ayudas de todo tipo. De esa forma, conservó su poder y ascendencia sobre las administraciones de los tres países. Con esa dualidad las tuvo con el Jesús en la boca, como solían decir nuestras abuelas, como forma de disciplinarlas y sumarlos a sus intereses, más allá de lo que ocurriera en cada país.

Contradicciones de la administración Trump

De esta manera, lanzaba rayos y centellas calificándolos de “países de mierda” (sic), llenos de corruptos y narcos. Pero, por otro lado, colaboraba con militares y policías a la par que aportaba fondos para neutralizar el gravísimo problema de las migraciones irregulares o para acciones humanitarias que, debido a la corrupción imperante, iban a parar mayoritariamente a los bolsillos de funcionarios inescrupulosos.

Según expresó la analista Carmen Rodríguez en diciembre pasado para la Agencia Anadolu, “el giro que tendrá la política de los Estados Unidos hacia los países del Triángulo del Norte de Centroamérica para los próximos cinco años ya está marcado (…) Los cambios incluyen recorte a la ayuda militar y la publicación de una lista con los nombres de funcionarios de los tres países vinculados a casos de corrupción o narcotráfico. El Departamento de Estado (DOS) que dirija la Administración Biden-Harris enfocará la política de la región en atacar la corrupción en los gobiernos de los tres países y en las causas principales de la migración”.

Atacar la corrupción

En tanto, de acuerdo con la congresista demócrata Norma Torres, nacida en Guatemala y con fuertes antecedentes de combate a la corrupción en los países del Triángulo Norte, si se les niega apoyo a los funcionarios corruptos la región podría entrar en un período de mayor estabilidad y con ello minimizar las migraciones irregulares hacia el norte. 

Su posición se considera excesivamente optimista pues aun logrando erradicar en buena parte la corrupción imperante, otros factores son claves para mejorar notablemente la situación de los centroamericanos. Entre ellos, el mejoramiento de la economía brindando, entre otras medidas, mayores oportunidades laborales, algo que no se consigue de la noche a la mañana por más esfuerzo que se ponga.

En 2018, Torres promovió una enmienda de ley que fue aprobada en 2019 que obliga al Departamento de Estado a publicar periódicamente una lista con los nombres de funcionarios corruptos del Triángulo Norte. En el tiempo transcurrido, la Casa Blanca publicó listados verdaderamente risibles, pues omitió la inclusión de funcionarios en servicio con gravísimas denuncias, pero sí incluyó a otros personajes que se encontraban enjuiciados en sus países o en los Estados Unidos por relaciones con el crimen organizado.

Nuevas iniciativas

Las nuevas iniciativas que Norma Torres propicia tienen similitudes con la Alianza para la Prosperidad, plan para el Triángulo Norte diseñado e implementado durante las administraciones de Barack Obama. Estas nuevas políticas están enmarcadas en el Omnibus Bill, un proyecto de ley que fue aprobado en diciembre pasado por el Congreso y ratificado por Donald Trump, cuyas acciones entrarían en vigor 180 días después de su promulgación.

Como vicepresidente, Biden fue el coordinador de aquella Alianza que tuvo escasos resultados positivos porque no se ocupó seriamente de neutralizar la corrupción imperante en la región. Sin embargo, Torres resalta que mientras a Trump sólo le interesó firmar acuerdos para combatir la migración irregular, Biden en su momento trabajó en la región, la conoce y es consciente de los problemas de corrupción y las relaciones de buena parte de la dirigencia política y empresarial con el crimen organizado, principalmente en su forma del narcotráfico.

Como lo expresamos previamente, aunque incompleta, ya existe una lista de corruptos. Sin embargo, se espera que la que se elabore a partir del Omnibus Bill que será conocida como la “Lista Engel”, sea más completa e incluya nombres que hasta la fecha han permanecido fuera de la enmienda de Norma Torres.

La Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan

A partir de esta lista, los Estados Unidos cancelará visas, permisos, nombramientos diplomáticos y otros estatus no solo a los funcionarios de los gobiernos vinculados a casos de corrupción sino a todos aquellos que sean relacionados con ese tipo de delitos. Además, se espera que la Justicia estadounidense tenga herramientas para incluir en sus acciones a aquellos que tengan denuncias de relación con el narcotráfico. Este es un delito por el cual la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, puede accionar contra extranjeros que no estén en el país.

Las sanciones en el marco del Omnibus Bill alcanzarán incluso a familiares y relaciones personales de los funcionarios señalados en el caso que hayan contribuido de una u otra manera a los delitos imputables. Allí no se detiene la cuestión, sino que las acusaciones podrán incluir a quienes perpetren o promuevan acosos, violencias o intimidaciones directas contra funcionarios estatales o referentes no gubernamentales por sus acciones para hacer frente a los actos de corrupción.

De acuerdo con las recomendaciones del Congreso para aplicar esta ley, las investigaciones en contra de funcionarios públicos o personas físicas por fuera de las estructuras estatales de El Salvador, Honduras y Guatemala serán lideradas por la Casa Blanca y los Departamentos de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos. Estas actuarán coordinadamente con las embajadas estadounidenses y las autoridades del país involucrado.

Las sanciones previstas incluyen recortes a la ayuda militar. Por lo tanto, se prohíbe al Departamento de Estado “financiar o apoyar compras de armamento o equipo militar” para las fuerzas armadas de los tres países del Triángulo Norte.

Por otra parte, el documento indica que el Gobierno estadounidense debe asegurarse que las amenazas y los ataques en contra de periodistas, líderes sindicales, ambientalistas, defensores o activistas de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil sean adecuadamente investigados y los responsables de esos delitos sean acusados ante la Justicia.


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Foto de US Embassy Guatemala en Foter.com / CC BY-NC-ND

Teorías de la conspiración en América Latina

Recientemente un tribunal penal peruano emitió un auto en el que acusaba a Bill Gates, George Soros y la familia Rockefeller de crear el virus COVID-19. En el documento oficial, los magistrados asumieron la teoría conspirativa según la cual élites empresariales y políticas globales planificaron la pandemia con el fin de controlar a la población a través de las vacunas y establecer un “nuevo orden mundial”.

Unos días antes un grupo de seguidores de Donald Trump irrumpió de forma violenta en el Capitolio de los Estados Unidos, interrumpiendo la sesión del Congreso que iba a certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. La imagen icónica del asalto fue la de Jacob Anthony Chansley, un hombre con la cara pintada y vestido con piel de animal y cuernos.

Chansley se hace llamar “el chamán” de QAnon, uno de los grupos que participó en la irrupción al Capitolio. Este movimiento está integrado por adeptos a una teoría conspirativa promovida por la extrema derecha estadounidense que afirma que Trump lidera la resistencia contra una élite de políticos, empresarios y medios de comunicación que profesan el satanismo y practican la pederastia.

Teorías como QAnon se han multiplicado en América Latina en las últimas décadas. Aunque se apoyan en noticias falsas difundidas masivamente a través de redes sociales, se presentan como “información alternativa” y tienen un impacto cada vez mayor en los sistemas políticos llegando a afectar a las instituciones democráticas.

Conspiraciones detrás de eventos históricos

Estas teorías consideran que conspiraciones secretas están detrás de algunos de los eventos más importantes de la historia y, al igual que las noticias falsas, encuentran en foros de Internet, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, canales idóneos para ser difundidas.

Se trata de un fenómeno difícil de definir. Según Peter Knight, puede aplicarse a cualquier cosa, tanto a teorías muy elaboradas como a meras sospechas sobre planes ocultos. Jack Bratich señala que una de las principales características de estas teorías es que son etiquetadas por la sociedad como “conspirativas” con la intención de marginarlas y descartarlas. Esto hace que sus creyentes tiendan a reforzar lazos entre sí para buscar reafirmación identitaria frente a una mayoría social que desdeña su discurso.

En los últimos meses el mundo ha vivido sucesos históricos insólitos como la pandemia del COVID-19, el inicio de la vacunación para combatir el virus o el asalto al Capitolio en los Estado Unidos. Si bien siempre han existido hipótesis conspirativas que buscan esclarecer acontecimientos históricos, en circunstancias excepcionales como la actual se extienden de forma más eficaz.

Algunas de las teorías más reconocidas han surgido en coyunturas críticas como la Revolución francesa, la Revolución soviética, el Crack del 29, las guerras mundiales, la Guerra Fría, el asesinato de Kennedy, la pandemia de VIH/sida o el 11-S, para poner algunos ejemplos. Explicaciones simples como éstas proporcionan tranquilidad emocional a quienes creen en ellas porque sostienen que los eventos traumáticos que están ocurriendo tienen un origen planificado, es decir, son provocados intencionadamente en el marco de un plan oculto y no por factores que escapan de su control. Además, adquieren mayor legitimidad cuando son los propios medios de comunicación de masas quienes les otorgan verosimilitud.

Teorías conspirativas en América Latina

En una región tan convulsionada como la latinoamericana, las teorías conspirativas han jugado un papel importante. Las de impacto global han coexistido con otras más autóctonas, como la que sostiene que tras la ocupación soviética de Alemania Adolf Hitler no se suicidó, sino que se exilió en Argentina. O una de las más recientes que afirma que el expresidente peruano Alan García fingió su muerte para librarse de la justicia.

Para Mark Fenster, las teorías de la conspiración pueden ser eficaces para desafiar el orden establecido, simplificando eventos políticos e históricos complejos. Sin embargo, otras veces ponen en riesgo el sistema democrático porque pueden ser utilizadas por grupos políticos extremistas para difamar a sus rivales, condicionar procesos electorales o estigmatizar a determinados grupos étnico-culturales, religiosos o políticos.

Como señaló Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, los movimientos políticos con inclinaciones autoritarias o totalitarias suelen difundir estas teorías como un argumento más para desacreditar, perseguir y reprimir a la oposición. Estos relatos de intrigas ocultas refuerzan en sus seguidores una visión maniquea del mundo en el que una minoría (puede ser una élite política, empresarial o mediática, o un grupo étnico-cultural o religioso), los “malos”, son los culpables de conspirar de algún modo u otro contra el país o la humanidad desde posiciones de poder, mientras que ellos, los “buenos”, lideran la resistencia.

Dictaduras y populistas han recurrido a teorías conspirativas

En América Latina, tanto las dictaduras militares como los movimientos populistas han recurrido a las teorías de la conspiración para atacar a sus opositores, dividiendo a la sociedad en dos campos políticos antagónicos. En la década de 1970 académicos de extrema derecha en Argentina afirmaron que los judíos maniobraban para transformar la Patagonia argentina en un Estado similar al de Israel.

A comienzos del siglo XXI sectores chavistas en Venezuela acusaron a la oposición de conspirar internacionalmente con los Estados Unidos y Colombia para provocar el magnicidio del presidente Hugo Chávez. En 2016, durante la campaña del plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia, grupos extremistas vinculados al partido del expresidente Álvaro Uribe difundieron teorías falsas. Afirmaban que las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC eran una maniobra del “castro-chavismo” para establecer una “dictadura gay” en el país.

Estas teorías se utilizaron para señalar a quiénes son los enemigos del país y, de este modo, legitimar acciones encaminadas a confrontarlos. Como señala Carlos Malamud, estos discursos no son “conspirativos” porque adviertan de la presencia, a veces real, de grupos que buscan interferir en los asuntos nacionales o subvertir el orden establecido. Los son porque se les asigna una influencia y capacidad mucho mayor de la que tienen.

2021 es un año con muchos procesos electorales en América Latina en los que las teorías conspirativas, globales o regionales, tendrán un papel importante. Se trata de un asunto crucial, aunque complejo de analizar y difícil de combatir. Complejo de analizar porque existe el riesgo de etiquetar como “conspiranoicos” discursos disidentes solo porque cuestionan el orden establecido. Difícil de combatir porque quienes creen en este tipo de teorías no lo hacen porque las consideren razonables o probadas, sino porque refuerzan un sentido de pertenencia individual o colectiva a un grupo determinado.

Foto por Becker1999 em Foter.com / CC BY

Venezuela 2020: la consolidación del autoritarismo

El 2020 fue un año fatídico para la democracia venezolana. Las escasas esperanzas que existían de que el régimen pudiera transitar nuevamente hacia la democracia o de que, al menos, se abrieran nuevas oportunidades para revertir el proceso de autocratización que ha experimentado el país se esfumaron (casi) de forma definitiva.

A pesar de las sanciones impuestas por diversos gobiernos para promover un cambio en Venezuela, el colapso de la industria petrolera, los crecientes problemas de la vida diaria —la pobreza extrema afecta a la mayoría de la población, escasez de gasolina, el declive de los servicios públicos— y, sobre todo, la pandemia del COVID-19, el gobierno de Maduro sobrevivió y se fortaleció. 

Gracias al apoyo de aliados internacionales no democráticos —Rusia, Turquía, Irán, China y Cuba entre otros— y el desarrollo de una política sin escrúpulos para favorecer a las élites civiles y militares gobernantes, Maduro pudo preservar el poder, aumentar el control social y relegitimar su mandato.  El cuestionado presidente mantuvo su coalición intacta y sin deserciones significativas. Adem minimizó la capacidad de acción de la oposición, continuó restringiendo la autonomía de la diezmada sociedad civil y llevó a cabo acciones institucionales cruciales para consolidar su mandato, especialmente en las recientes elecciones legislativas. Así la mayoría democrática del parlamento fue remplazada por un control hegemónico del oficialismo y sus aliados.

Además, el Gobierno mantuvo a la Asamblea Nacional Constituyente funcionando e hizo todo lo posible para darle soporte jurídico. Incluso la aprobación por parte de la Constituyente de una ‘Ley Antibloqueo’ para promover las inversiones. La pandemia facilitó que diversas acciones represivas y violaciones a los derechos humanos fueran ejecutadas de manera impune, bajo la cortapisa del ‘estado de alarma’.

Las debilidades de la oposición

A pesar del apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países a la oposición y al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, esta tuvo grandes dificultades para mantenerse unida. Sobre todo, de cara al término de su mandato constitucional de cinco años y a las elecciones, de las cuales fueron excluidas las principales fuerzas opositoras.

Entre participar de las elecciones en condiciones inaceptables o abstenerse y denunciar la votación por ilegítima, la oposición optó por esto último. Ello permitió que los resultados fueran rechazados por los países que respaldan a Guaidó y la coalición opositora, así como el control de la Asamblea Nacional obtenido por el Madurismo. A pesar de ello, su posición actual es más precaria de cara al 2021.

Detrás de estos cambios se perciben al menos cuatro aspectos claves que tendrán un impacto significativo en la trayectoria del proceso venezolano.  El gobierno continuará promoviendo reformas económicas que presuponen compromisos con el sector privado, específicamente la dolarización de la economía y posiblemente la re-privatización de sectores actualmente en manos del estado. Las asociaciones civiles y demás representantes de la ciudadanía organizada, quienes son percibidos como una amenaza para el régimen, enfrentarán cada vez más persecuciones. Los efectos cada vez más graves de la pandemia cuya realidad el gobierno se niega a admitir. Y finalmente, el fin del mandato de Trump y la llegada de Biden que podría implicar un cambio significativo en las relaciones entre ambos países y, posiblemente, implique nuevos escenarios para la crisis venezolana. 


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Foto de jeso.carneiro en Foter.com / CC BY-NC

Covid-19: la catástrofe moral tiene salida política

OXFAM sostiene que el COVID-19 es el virus de la desigualdad, donde los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Adicionalmente, la OMS advierte que corremos el riesgo de tener países que puedan controlar la epidemia y otros en los que se volverá endémica. Y si los gobiernos no empiezan a coordinar acciones de respuestas la situación tendrá sin dudas consecuencias humanitarias catastróficas.

La reacción egoísta y predatoriala vimos al comienzo de la pandemia, cuando los países ricos se aseguraron rápidamente suministros de testeo e instrumental médico. Lo que actualmente está sucediendo con las vacunas es aún peor. Hace unos pocos días, el jefe de la OMS alertó sobre el “nacionalismo de vacunas” que están adoptando los países más ricos del planeta para tener acceso preferente a las vacunas contra COVID19, lo que supone una “falla moral catastrófica” que amenaza una distribución justa y equitativa de vacunas en el mundo.

Los países ricos acaparan las vacunas

En números, esto se traduce en que de las 65 millones de vacunas ya proporcionadas en el mundo, el 80% de las mismas fueron ofrecidas a los Estados Unidos, China y los países más ricos de Europa. El mencionado informe de expertos convocados por la OMS sostiene que la mayoría de los países más pobres no podrán vacunar a más del 20% de su población y muchos tendrán que esperar hasta el 2022.

Esta catástrofe es particularmente visible en América Latina donde a pesar de concentrar uno de cada cuatro casos de COVID-19 en el mundo, sólo se ha aplicado un millón de vacunas. Además, para peor, esas vacunas se concentran casi exclusivamente en México, Argentina, Brasil y Chile, esto es, en las economías más fuertes de la región.

Bollyky y Bown, en un artículo de la Foreign Affairs, sostienen que la causa es que estamos ante un clásico “dilema del prisionero” en el que los países actúan como agentes con escasos incentivos para cooperar.

Es por ello que la tragedia, más que moral como sostiene el jefe de la OMS, es en realidad política, dado que refleja la incapacidad de brindar respuestas concertadas entre las naciones frente a una pandemia que ha mostrado efectos sanitarios, económicos y sociales devastadores.

La debilidad de los organismos internacionales

La Asamblea General de las Naciones Unidas tardó un año desde el inicio de la pandemia para realizar reuniones especiales sobre el tema, sin dar tampoco resultados tangibles. La OMS se ha mostrado carente de músculo político y financiero, debilitada aún más con la retirada de la membresía de los Estados Unidos por parte de Trump. También genera sorpresa la escasa intervención del G-7, el G-20 y hasta del G-77 en dar respuestas concertadas.

La iniciativa más cercana a un ejercicio de colaboración efectiva es el Acelerador ACT que reunió tempranamente a gobiernos, laboratorios farmacéuticos y a grandes organizaciones filantrópicas como la fundación Melinda y Bill Gates, con el objetivo de apresurar la fabricación y la distribución equitativa de vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico contra el COVID-19. Un componente de esta iniciativa es el esquema COVAX, por el cual se propone ofrecer 2.000 millones de vacunas a países de ingreso bajo y mediano.

No obstante, este esquema no ha logrado atraer a algunos de los principales países fabricantes de vacunas. Estados Unidos se acaba de unir esta semana. Tampoco participan los grandes laboratorios farmacéuticos y solamente ha conseguido un 25% de los compromisos financieros proyectados. Es decir, en el mejor de los escenarios recién estará distribuyendo vacunas para finales del 2021, un año después del comienzo de la vacunación por parte de los países ricos. Muchos países de América Latina y de África podrían lograr cierta cobertura recién para el 2023 o 2024.

El impacto de esta falta de mecanismos de gobernanza colaborativa a nivel global tendrá consecuencias devastadoras. Voces especializadas que están actualmente asesorando a la OMS sostienen que esto generará una enorme fractura en el mundo, causando estragos en esas sociedades.

La falta de cooperación afectará a todos

Sin embargo, los incentivos son lo suficientemente contundentes y deberían alertar a los países ricos. La falta de cooperación también afectará necesariamente a los “ganadores”. La OIT esgrime que ya se perdieron 255 millones de puestos de trabajo alrededor del mundo. Si las muertes continúan creciendo, se estima que la pandemia podría matar a 40 millones de personas y reducir la economía mundial en 12,5 trillones de dólares para finales del 2021. Esto significa menos consumidores, menos exportaciones y menos trabajo. Y si el nacionalismo se globaliza se podrían poner en riesgo las cadenas de valor de las propias vacunas, para las cuales los principios activos generalmente se suministran de países en desarrollo.

La única manera colectiva de evitar el famoso “dilema del prisionero” es generando mecanismos, o fortaleciendo los ya existentes para una gobernanza colaborativa. Claro, la crisis del multilateralismo no es nueva. Pero no queda otra que hacer un trabajo político de construcción de consensos y liderazgos compartidos en el campo internacional, para convencer a los países de esta cooperación.

Con la administración de Biden, y la reincorporación de los Estados Unidos a los Acuerdos de Paris, la OMS y a COVAX, se abre una nueva ventana de oportunidad. América Latina podría hacer lo mismo y reconstituir el Consejo Sudamericano de Salud. El mismo, parte de la desmantelada UNASUR, era justamente el único espacio regional que reunía a los ministros sudamericanos con el objetivo de promover políticas sanitarias comunes.

Una gobernanza colaborativa permitiría vacunar equilibradamente y asistir a poblaciones prioritarias con objetivos críticos de salud pública. A su vez, se estimularía a las economías, se evitaría interrupciones en las cadenas de suministros, se podría sostener condiciones para los laboratorios (y no al revés) y se evitarían conflictos geopolíticos innecesarios.

La política, ya sabemos, nunca es la salida más fácil. Pero también sabemos que, de esta crisis, nadie se salva solo.

Foto de wuestenigel em Foter.com / CC BY

México 2020: luces y sombras del obradorismo

El 1° de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió como presidente de México prometiendo transformar completamente la vida del país. ¿Cuál es el balance tras el primer tercio del sexenio? ¿Qué hizo bien AMLO y qué no? ¿Cómo marcha el país? ¿Qué puede pasar en las elecciones de medio término?

Los éxitos de AMLO abarcan el plano internacional, el combate de la corrupción y la comunicación política. Su talón de Aquiles reside en tres áreas: salud, economía y seguridad. Indaguemos acerca de estos claroscuros.

AMLO apostó todas las fichas internacionales a tener buenas relaciones con Estados Unidos. Durante su mandato entró en vigencia el T-MEC, un acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos que tiene ventajas evidentes para el país ya que el 80% de las exportaciones mexicanas tiene como destino sus dos vecinos del norte. El monitoreo sobre la vigencia de derechos laborales y ambientales que anuncia la administración Biden podría condicionar la buena vecindad. Pero México es nuevo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que dará a AMLO un respaldo para negociar.

El combate a la corrupción

El combate a la corrupción fue otro acierto del gobernante mexicano. El golpe contra al huachicoleo -robo de combustibles por bandas criminales con la complicidad de funcionarios de la petrolera estatal PEMEX- alimentó la esperanza ciudadana que se produciría al fin un cambio real.

El manejo intensivo de la comunicación con conferencias de prensa matinales y periódicos informes de gestión contribuyeron a instalar la imagen de un presidente austero, con autoridad moral y que informa a la población. Quizá también en el mediano plazo ayude a revitalizar los modos de pensar, hacer y sentir la política, especialmente entre los jóvenes.

Entre las materias desaprobadas, el manejo gubernamental de la pandemia de coronavirus ha concitado más rechazo que aprobación. Desde un comienzo, AMLO minimizó la gravedad del brote negándose a dictar medidas sanitarias enérgicas a pesar de que los niveles de contagios han llevado al sistema hospitalario al borde del colapso.

La pandemia de coronavirus transparentó las dificultades preexistentes de la economía mexicana. El estancamiento se acentuó con una caída de un 9% del PIB y la pérdida neta de 650 mil empleos formales. Este derrumbe fue acompañado por una disminución de las inversiones pública y privada. La confianza de empresarios y ciudadanos en el futuro se ha ido recuperando discretamente pero aún se mantiene por debajo de los 50 puntos. Empresarios pesimistas, hogares conservadores, confianza pública en terreno negativo. El año económico comenzó colmado de incertidumbre.

Antes de la actual emergencia sanitaria, México enfrentaba otra pandemia: la de la violencia. Para resolverla, AMLO continuó la senda militarista de sus antecesores. Además, bajo el lema “becarios sí, sicarios no”, implementó políticas sociales que aún no muestran resultados palmarios. El narcotráfico tiene dimensiones estructurales que fueron subestimadas por el gobierno mexicano. De ahí su fracaso.

¿Qué esperar en las elecciones subnacionales y parlamentarias en junio próximo? La popularidad del presidente promedia un 60% y AMLO es uno de los mandatarios mejor valorado del mundo, aunque al mismo tiempo no logra que la opinión pública apruebe en particular su gestión en las tres áreas arriba mencionadas. Curiosa ecuación.

En este contexto, con un líder popular y la ausencia de alternativas viables en la oposición, salvo que la pandemia, la economía y la seguridad escapen totalmente de control, no se puede imaginar una derrota del oficialismo. El tiempo y los electores tendrán la palabra. 

Foto de Eneas en Foter.com / CC BY

Centroamérica: el doble dilema de la ayuda

Centroamérica se encuentra en un punto de quiebre. La región está enfrentando una multiplicidad de crisis que la han hecho, a pesar de la fragilidad extrema que arrastra desde hace tres décadas, aún más vulnerable. 

La pandemia ha extendido las desigualdades y también la pobreza y la pobreza extrema (33,7 a 40,2% en Nicaragua y 7,4 a 11,9% en El Salvador, respectivamente) y agravó la debilidad estructural de las economías nacionales. Según un informe de la secretaría ejecutiva de la CEPAL, el PIB regional sufrió una contracción de 6,2% en el año 2020. Históricamente, las realidades estructurales de las desigualdades socioeconómicas coincidieron con Estados frágiles, cuando no colapsados, y produjeron altas tasas de violencia.

En ese contexto, surgió en las agendas un problema diferente: la evidencia de la urgencia climática en Centroamérica. Con dos huracanes, Eta (13-14 noviembre) e Iota (17-18 noviembre), la región sufre el efecto del cambio climático. Sin embargo, el apoyo a la reconstrucción se vuelve a debatir y ayudar a la región se presenta como un dilema político y moral.

Esa reflexión se fundamenta en dos aspectos: la promesa de una atención renovada por parte de la nueva administración estadounidense con un remozado plan de desarrollo para el Triángulo del Norte y la llegada de la ayuda internacional tras los huracanes Eta e Iota.

¿Por qué un dilema político?

En 1998, la región fue impactada violentamente por el huracán Mitch. Fue una primera manifestación de las devastaciones que podían producir los episodios climáticos frente a la incapacidad (para proteger y reconstruir) y la falta de preparación (para anticipar) de los Estados ante los riesgos climáticos. Ya entonces se planteó el problema de las limitaciones de los Estados centroamericanos en materia regulatoria y de cumplimiento con su deber soberano.

En aquel momento la región fue inundada por fondos de cooperación internacional, en particular a través del grupo de Madrid que ayudó a articular la llamada “Agenda de Modernización y Transformación para el Siglo XXI”, cuyos objetivos fueron fortalecer las capacidades de los Estados.

Después de transcurridos más de veinte años, ¿cuáles han sido los resultados? Capacidades inexistentes o insuficientemente desarrolladas; cooptación y captura de fondos de cooperación externa; masificación de la corrupción. En el período posterior al huracán Mitch de 1998, el caso nicaragüense fue emblemático por la desviación de millones de dólares. 

En la actualidad, hay una sensación de déjà-vu. Frente a los impactos de los huracanes Eta e Iota, las promesas de ayuda se multiplicaron: el BID con 1,2 millones de dólares; la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con 750.000 dólares o USAID con 17 millones de dólares, entre otras.

El despliegue de esa ayuda posterior al desastre plantea una vez más la pregunta sobre la capacidad de los Estados para su implementación. En ese marco, se presenta en el horizonte la voluntad de reactivación por el presidente Biden del plan “Alianza para la prosperidad” (2014) para fortalecer la gobernanza de la región con una contribución de mil millones de dólares y que se canceló bajo la administración Trump a inicios del año 2017. Ese compromiso renovado de los Estados Unidos con Centroamérica se materializará en un programa de cuatro mil millones de dólares para migración, seguridad, estado de derecho, corrupción y desarrollo contra la pobreza.

Sin embargo, tanto la ayuda orientada a la reconstrucción como la cooperación estadounidense se inscriben en un contexto de altísima fragilidad institucional, intensificado por la crisis económica, social y sanitaria. Las democracias se han debilitado aún más con graves casos de corrupción y una alta inestabilidad político-institucional.

En este marco, existe el riesgo de desviación, cooptación o captura de recursos.  De hecho, cuando el presidente Biden indica que «los desafíos que se avecinan son formidables. Pero si existe la voluntad política, no hay razón para que América Central no pueda convertirse en el próximo gran éxito del hemisferio occidental”, se deja entrever que existe una serie larga de retos. ¿Se replicarán los efectos del posMitch en Centroamérica?

Desde 1998, las amenazas climáticas se han intensificado y se diagnostican como irreversibles. En este marco, el istmo centroamericano es una de las regiones más vulnerables del planeta. De político, el dilema se ha vuelto moral.

Tras el paso de los dos huracanes, se vislumbra un futuro oscuro para la región. El cambio climático intensificará los episodios como inundaciones, sequías, huracanes y marejadas, con consecuencias inmediatas tales como deslizamientos, vendavales, destrucción de viviendas, desplazamientos, etc. Centroamérica tendrá que enfrentar una gran variedad de amenazas naturales sísmicas, episodios meteorológicos extremos, elevación del nivel del mar.

Al ver los desastres producidos y especialmente la capacidad limitada de los Estados, la cuestión del despliegue de la ayuda debe de interpelarse bajo nuevos términos. ¿Cuánto tiempo resistirá la idea que se pueden atender a poblaciones y territorios amenazados por el cambio climático a través de la ayuda internacional?

A nivel global, la legitimidad de los Estados es cuestionada al carecer de una estructura adecuada para enfrentar fenómenos de alcance transnacional. En Centroamérica, se suman sociedades altamente vulnerables y Estados deslegitimados y colapsados, con la excepción de Costa Rica y Panamá.

Centroamérica —sustancialmente los países del Triángulo del Norte— es una región de flujos humanos salientes y esto se irá intensificando con los sucesivos desastres climáticos que irán convirtiendo partes de su territorio en áreas inhóspitas.

La política exterior de la nueva administración Biden y la reactivación de la ayuda a la región al igual que el resto de la ayuda internacional inyectada en las regiones que sufren desastres naturales, invitan a reflexionar para evitar repetir errores. Además, se debe reconsiderar la naturaleza de la ayuda misma para no seguir aplicando parches en lugar de atacar las causas estructurales.

Ese doble dilema, político y moral, nos lleva a pensar en la adaptación y la amplitud de las consecuencias humanas a mediano y largo plazo, así como la pluralidad y heterogeneidad de los actores que pueden intervenir, más allá de lo estatal.

Frente a ese escenario hay que tener en cuenta los nuevos modos de gobernanza, en particular las regionales y multilaterales. En esa perspectiva, el fortalecimiento de la cooperación entre Estados, la consolidación de las instituciones técnicas regionales y una mayor inserción de la región en las arenas diplomáticas multilaterales, son unos de los principales desafíos de Centroamérica para el siglo veintiuno.

Foto de Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres en Foter.com / CC BY-NC-ND

Chile 2021: ¿Va a escampar?

El 2020 fue un año atípico para todo el mundo en el que nadie quedó libre de los efectos del Covid. Será un año que difícilmente olvidaremos, tal como la inclemencia de una tormenta que no da tregua. La pandemia cambió la forma de relacionarnos, alteró nuestro día a día. También demostró la incapacidad estatal y el mal manejo gubernamental con estrategias que privilegiaron la economía sobre la vida, provocando que varios países de la región destaquen por tener algunas de las más altas tasas de mortalidad del mundo.

En el caso de Chile la tormenta del 2020 fue casi perfecta. La pandemia se encontró con una ciudadanía molesta por las injusticias del modelo de desarrollo. El año de pandemia contribuyó a aumentar la percepción de desigualdad social, aumentó la pobreza y evidenció la desconexión entre gobernantes y ciudadanía. Muestra de esto último es que el exministro de Salud Jaime Mañalich reconoció que «no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y hacinamiento en Chile”. Esto en un contexto político de fuerte debate por el plebiscito para cambiar la Constitución.

Desafíos políticos del 2021

El estallido social del 2019 gatilló cambios en la política chilena. La agenda cambió y el reemplazo constitucional pasaba a ser el tema central. No obstante, el 2020 alteró los proyectos una vez más. Los procesos electorales fueron modificados y el plebiscito constitucional se movió de abril a octubre y la elección de autoridades subestatales de octubre a abril 2021, convirtiendo a este año en uno de los más decisivos para el país, ya que en noviembre, además, es la elección Presidencial y del congreso.

El año presenta desafíos para los actores e instituciones políticas del país, particularmente, para aquellas que deben realizar los cambios que la ciudadanía demanda. La institucionalidad deberá optar por cambios de fondo al modelo de desarrollo o enmiendas que mantengan el rumbo. Tarea bastante difícil, considerando que la clase política chilena está sumamente cuestionada por la ciudadanía.

Una de las expresiones del cuestionamiento es la cantidad de no-militantes inscritos como candidatos a la Convención Constituyente. Ya sea desde la sociedad civil o personas individuales, miles se movilizaron para apoyar candidata/os fuera de los partidos. Por ejemplo, el grupo “Independientes No Neutrales” logró juntar casi 80.000 firmas para sus 105 candidatos no-militantes. Estos números de patrocinios similares en las listas de independientes, es una señal para la clase política: miles de ciudadanos están dispuestos a apoyar nuevos actores para redactar la Constitución.

Los partidos políticos también incluyeron no-militantes en sus listas. El oficialismo incluyó en sus listas a 70 no-militantes y 112 militantes. Las listas de oposición integraron líderes sociales, militantes, figuras públicas y académicos. Por ejemplo, la centro-izquierda lleva 57 candidatos no-militantes y 128 militantes. Y la otra lista de izquierda logró que casi la mitad de sus candidatos sean no-militantes.

En este 2021 veremos si la institucionalidad tiene capacidad para procesar las demandas ciudadanas. La gran cantidad de movimientos sociales y ciudadanos organizados participando en las elecciones desafían la política tradicional del país. En este marco, las instituciones que se elijan deberán trabajar coordinadamente e integrar las demandas de la sociedad civil, manterner la transparencia y por sobre todo escuchar a la ciudadanía. Sin legitimidad ciudadana, la nueva Constitución será letra muerta. Y lejos de escampar, la tormenta se fortalecerá dejando el cielo todo gris.

Foto de pslachevsky en Foter.com / CC BY-NC-SA