Crisis carcelaria y narco violencia en Ecuador

Jorge Núñez
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Crisis carcelaria y narco violencia en Ecuador

El 13 de noviembre de 2022 cinco voceros de organizaciones criminales anunciaron desde diferentes cárceles un acuerdo de paz en respuesta a la extrema violencia narco que sufre Ecuador. Lo hicieron a través de videos grabados en un formato comunicacional que imita los pronunciamientos presidenciales del actual gobierno. Mensajes cortos de aproximadamente dos minutos, sin mucha explicación o justificación y producidos para circular en redes sociales. En las imágenes los internos miran directamente a la cámara. La composición visual es corporativa y el encuadre es político. Un plano de cuerpo entero muestra al representante de cada organización rodeado por decenas de internos. El sonido es relativamente bueno y el tono de voz es respetuoso, incluso conciliador. Las tomas bien podrían ser parte de una campaña publicitaria hecha para una empresa o un partido político; sin embargo, son video-mensajes realizados por bandas prisioneras ultraviolentas que el Estado ecuatoriano no solo toleró sino que fomentó en las cárceles con el fin de producir inteligencia policial sobre narcotráfico y delitos conexos.

Los pronunciamientos están dirigidos al gobierno y la ciudadanía. En uno de los videos el vocero antepone las siglas GDO antes de nombrar a las organizaciones que firmaron la paz. GDO significa grupo de delincuencia organizada, una categoría policial utilizada para clasificar redes criminales asociadas con economías ilegales.

¿Por qué les interesa a los internos autodenominarse GDO? Desde 2019 la cárcel ecuatoriana es un servicio más de la Policía Nacional y la población penitenciaria es la fuente más importante de inteligencia policial. Ser considerado GDO es vital para los internos porque les permite negociar privilegios y capacidades como, por ejemplo, pedir traslados, auto-segregarse en pabellones o ingresar objetos prohibidos a los centros de encarcelamiento.

A cambio la policía recibe información sobre el funcionamiento logístico de los mercados de drogas ilegales en el país. Vale anotar que la incautación de droga es el indicador más importante en la guerra contra el narcotráfico liderada por Washington. En este contexto, al afirmar que la guerra no es contra el Estado, los GDOs le están recordando al gobierno que el crimen organizado necesita del poder estatal para ser lucrativo y que ellos no buscan desestabilizar el régimen; una hipótesis sugerida insistentemente por las autoridades responsables de la seguridad y el propio presidente de la República.   

Los voceros también niegan que sus redes criminales sean responsables de la reciente ola de asesinatos, extorsiones y secuestros. Acusan a un GDO ‘contrario’ de ser el causante de la inseguridad y la violencia. El GDO aludido es el más grande del país y el más cercano al trabajo policial en cárceles; es más, dicho GDO creció de la mano con la unidad de inteligencia policial penitenciaria.

Es común que el poder criminal y el poder estatal se retroalimenten en sociedades donde el crimen organizado ejerce soberanías informales sobre poblaciones históricamente abandonadas por el Estado. El problema del caso ecuatoriano es que el gobierno tiene poco poder político sobre la policía y la política de seguridad. De hecho, el gobierno cada vez depende más de la policía para gestionar problemas sociales como el desempleo y disensos democráticos como la protesta. Esto le impide desmontar el modelo de intercambio y cooperación clandestina entre aparato policial y crimen organizado.  

Los videos también piden a la ciudadanía denunciar en fiscalía si son víctimas de ‘vacunas’ – una palabra usada en América Latina para referirse a diferentes prácticas extorsivas en zonas donde el poder estatal tiene capacidades limitadas o es percibido negativamente. Los voceros indican que los GDOs no están detrás del cobro de vacunas y dicen estar dispuestos a colaborar con la justicia para identificar a los culpables.

La extorsión no es un fenómeno nuevo en Ecuador; existen testimonios de extorsión que registran prácticas de esta naturaleza décadas atrás, tanto entre pequeños y medianos comerciantes urbanos como entre agricultores y emprendedores rurales. La novedad es el tipo de extorsión a la que está sometida la ciudadanía actualmente y su relación con la cárcel.

La extorsión carcelaria en Ecuador se conoce con el nombre de empeño. Estar empeñado implica que la persona viviendo tras las rejas se convierte en colateral o prenda de una deuda creada por un grupo de internos de modo arbitrario. La gente empeñada debe pagar dicha deuda en un plazo determinado, generalmente pidiendo dinero a su familia. Esta forma de ‘vacuna’ no es un impuesto informal ni es un servicio de protección forzado, es la reducción de la vida prisionera a la extracción predatoria de recursos financieros.

A mediados de los 2000s, el empeño fue proscrito por los mismos internos en el marco de un proceso de pacificación. Sin embargo, esta práctica reapareció, a veces con otros nombres, desde que inició la crisis carcelaria y, en el último año, se extendió a las calles de las ciudades más populosas.

Que los GDOs hablen de vacunas en su pronunciamiento de paz es relevante por dos razones. Por un lado, estas organizaciones saben que es imposible controlar prácticas extorsivas si no son parte de procesos concretos de construcción de soberanías criminales, en donde la extorsión es reinterpretada como un servicio a la comunidad y opera como una forma de impuesto informal.

Por otro lado, es evidente que las redes criminales perciben el creciente rechazo de la ciudadanía. Esto no siempre ha sido así, varios grupos ligados al narcotráfico contaban y algunos todavía cuentan con cierta legitimidad, especialmente en lugares donde la soberanía estatal está en disputa como es el caso de la frontera norte.

Para concluir conviene resaltar que el poder estatal y el poder criminal en Ecuador se coproducen, yuxtaponen y cada vez se parecen más. La estrategia de seguridad del gobierno genera violencia en lugar de reducirla. Reclutar a los líderes de los GDOs como fuentes humanas de inteligencia policial fue un error. Esta intervención policial reorganizó el mercado de cocaína a partir de principios de delación y venganza, creando condiciones para el aparecimiento de la extrema violencia narco.

En este momento, las organizaciones criminales además de controlar las calles controlan la narrativa de la inseguridad. La policía actúa reactivamente en función de la información ofertada por líderes de redes delincuenciales. Lamentablemente, el gobierno no parece nada interesado en cambiar su política de ‘mano dura.’

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Se restablecen las relaciones colombo-venezolanas; llevará décadas normalizarlas

Martha Ardila
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Se restablecen las relaciones colombo-venezolanas; llevará décadas normalizarlas

Ni bien Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia en el mes de agosto, se inició el restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas que habían sido interrumpidas en 2019. Este es un primer paso; sin embargo, llevará mucho tiempo antes de que las relaciones puedan retomar la normalidad previa, y para ello deben ser tenidas en cuenta ciertas dinámicas: las históricas, las institucionales, las fronterizas, las migratorias y las comerciales. Estas dinámicas han llevado a que la normalización de las relaciones no se esté alcanzando a la velocidad deseada, pese a la voluntad política de ambos Gobiernos y la identidad ideológica de Nicolás Maduro con Petro.

Las relaciones colombo-venezolanas han sido históricamente complejas, intermitentes y abarcantes. En el mejor de los casos se han caracterizado por una “cooperación vacilante”. El diferendo fronterizo por el golfo de Venezuela o de Coquivacoa son una constante “amenaza” para los encargados de tomar decisiones en ambos países.

En este contexto inciden tres aspectos en la relación bilateral (desde Colombia hacia Venezuela): la ideología, y con ello el papel de las elites políticas, económicas y militares; la frontera y la tensión por la seguridad fronteriza, y los actores externos como Estados Unidos, Rusia y China. Hay que recordar que Colombia ha sido un gran aliado de Estados Unidos y que su política exterior se deriva, en gran medida, de dicha alianza.

Durante años, la Comisión de Vecindad, creada en 1987, y la Comunidad Andina (CAN) sirvieron de paraguas para la relación bilateral. En 2006 Venezuela se retiró de la CAN, aunque en la reciente visita de Petro a Caracas se anunció su reintegro. Y la Comisión de Vecindad (Copaf) se disolvió con la revolución bolivariana. La Copaf y la CAN habían contribuido a la cooperación y a la generación de confianza entre ambos países.

La normalización de las relaciones tiene como antecedente un péndulo entre ideologización y pragmatismo, así como también una diplomacia ciudadana que se desarrolló entre los dos países. Los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque ideologizaron la relación con Venezuela. Esto quedó en evidencia a través de acciones de Colombia en el Grupo de Lima junto con Juan Guaidó y la ayuda humanitaria en febrero del 2019. Todo lo contrario sucede con Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, cuya relación es más pragmática.

Con diversos énfasis ideológicos, los candidatos presidenciales eran conscientes de la necesidad de restablecer las relaciones con Venezuela, un vecino con el que se comparten 2.219 kilómetros y una balanza comercial, hasta 2007, de alrededor de 8.000 millones de dólares a favor de Colombia.

Desde antes de su posesión, Gustavo Petro adelantó conversaciones con Venezuela y comenzó a trabajar para normalizar las relaciones. Tras posesionarse, anunció a Armando Benedetti como embajador en Caracas, mientras que Venezuela asignó a Félix Plasencia en Bogotá. Sin embargo, sectores de la sociedad civil de ambos países cuestionan dichos nombramientos. Benedetti no conoce la dinámica consular ni diplomática y, a su vez, se ha fortalecido una diplomacia presidencial que dificulta el restablecimiento de la institucionalidad perdida.

En cuanto a la problemática de la frontera, las élites políticas, económicas y militares tienen un imaginario de la propia frontera. Debido a la violencia, la diversidad de actores en el conflicto, el abandono del Estado y la presencia de grupos al margen de la ley, se ha tendido a estigmatizar este espacio territorial. De hecho, la frontera colombo-venezolana tiene diferentes ámbitos territoriales como el Norte de Santander-Táchira, la Guajira, Arauca-Apure y la Serranía de Perijá-César, que obligan a crear y a ejecutar políticas públicas diferenciadas aunque haya temas comunes como la seguridad.

La frontera cuenta con la presencia de actores ilegales, relacionados, algunos de ellos, con el crimen transnacional, que han controlado la frontera, especialmente cuando ha estado cerrada desde el 2015. Asimismo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comenzó negociaciones en Caracas con el Gobierno colombiano, es binacional. Aunque nació en Colombia, también se encuentra en Venezuela. A su vez, hay disidencias de la antigua FARC y de la delincuencia común.

De todas maneras, las trochas o pasos ilegales continúan funcionando; algunos controlados por el crimen trasnacional o el ELN. Asimismo, el Ejército y la guardia civil venezolana cobran para ingresar legalmente a Venezuela, por lo que la población ingresa por las trochas tradicionales, ya que les representa un menor costo.

El dilema de la migración

En Colombia hay más de dos millones y medio de inmigrantes venezolanos, según cifras de Migración Colombia, y en el 2021 se formuló el Estatuto Temporal Migratorio, que busca proteger a la población migrante que se encuentra en condiciones de irregularidad.

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), casi siete millones de venezolanos han abandonado el país. De estos, el 84% se concentra en Latinoamérica y el Caribe, y de ellos, el 38%, en Colombia. La mayoría está en Bogotá, la región fronteriza del Norte de Santander, Medellín y Cali.

Pero esto no siempre ha sido así. Durante las últimas décadas del siglo XX, los colombianos emigraron a Venezuela y muchos de ellos se quedaron a vivir ahí. Tal como sucede actualmente con los venezolanos, estos procedían de diferentes sectores laborales y condiciones socioeconómicas, y buscaban suplir las carencias de sus familias. El boom petrolero fue un gran atractivo, mientras que el conflicto interno expulsaba población colombiana. Sin embargo, debido a la crisis económica de Venezuela, muchos regresaron forzadamente a sus lugares de origen.

Actualmente, el restablecimiento económico, en términos de comercio e inversión, ha sido una de las principales motivaciones de Colombia para la normalización de las relaciones con Venezuela, ya que este era el principal destinatario de productos colombianos, muchos de ellos con valor agregado. Durante varios años primó el pragmatismo y la autonomía comercial.

La interrupción de las relaciones en 2019, además del cierre de la frontera, acarreó la caída del comercio; también se dificultó la conectividad, y esta se hizo, en gran medida, de manera ilegal. Las diplomacias gremial y empresarial, no obstante, han sido muy activas. Por otra parte, los venezolanos tienen poca capacidad de compra, y reactivar su aparato productivo va a tomar años. La producción petrolera también ha disminuido. A su vez, hay desconfianza del empresario fronterizo y nacional colombiano, dada la falta de pago, por lo que se requiere el restablecimiento de la confianza en ambos países.Así pues, y como vemos, el completo restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas no es fácil, será progresivo y requerirá el restablecimiento de medidas de confianza mutua. Son muchos los aspectos que dificultan su materialización, por lo que tomará tiempo recuperar la relación entre los dos países.

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La nueva era de China

Juan Pablo Cardenal
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La nueva era de China

Tras disiparse la polvareda un par de años después de Tiananmen y hasta la llegada de Xi Jinping al poder en 2012, China y el mundo occidental disfrutaron de tres décadas de relación plácida. No fue una época exenta de tensiones, pero todos ganaban. China fijó el rumbo de la modernización, emprendió reformas estructurales, se incorporó con el apoyo entusiasta de Occidente al comercio mundial. Emergieron entonces la fábrica del mundo y la globalización, la demanda interna china empezó a sacudir mercados y China inició su internacionalización. Todo marchaba sobre ruedas.

Pekín logró además que calara la idea de que necesitaba tiempo para acometer reformas políticas. Con esta coartada, las democracias siguieron beneficiándose de la coyuntura favorable al tiempo que mantenían su conciencia tranquila. Sin embargo, tras la llegada de Xi Jinping al poder, todo empezó a cambiar. Heredó una China más poderosa y próspera: compite ya globalmente, adquiere activos y tecnología, construye infraestructuras e influencia. Un gigante que rivaliza diplomáticamente, que objeta el orden mundial, que no se somete al escrutinio de nadie, que no tolera las críticas.

Freno en defensa propia

En el plano doméstico, la pujante clase media urbana y un sector privado innovador e interconectado con el mundo encarnaban la modernización y el bienestar relativo del país. Un salto cualitativo al que Xi Jinping no vio como una fortaleza, sino como una amenaza. Como ya ocurrió en Taiwán o Corea del Sur, y en tantos países latinoamericanos, China reunía los requisitos y empezaba a estar madura para una transición política. Ante la perspectiva de un movimiento democratizador imparable y con la lección del colapso de la Unión Soviética bien aprendida, Xi activó los frenos.

Y, de acuerdo con su lógica política, el régimen impulsó —en defensa propia— la recentralización de la autoridad del Partido Comunista (PCCh) al objeto de asegurar su control de la sociedad, el mando sobre la economía y la eliminación preventiva de cualquier oposición. De este modo, para erradicar lo que Xi llama los vientos torcidos, lanzó una campaña contra los peligros ocultos que se derivan de la corrupción, la disidencia ideológica y la influencia occidental. Con el llamado Documento nº 9, una circular interna de 2013 que prohíbe la promoción en China de los «peligrosos» valores democráticos, se gestó la hostilidad ideológica contra Occidente y su sistema de valores políticos basado en la libertad.

A imagen y semejanza de Xi

Esta China a imagen y semejanza de Xi y cada vez más autoritaria, forjada en la última década, es la que quedó afianzada en el 20º Congreso del PCCh celebrado el mes pasado. En dicho cónclave se consolidó no solo el tercer mandato de Xi y quizá también su perpetuación en el poder, sino que además saltó por los aires el liderazgo colectivo instituido hace casi medio siglo para evitar, justamente, que derivas personalistas lleven la anarquía a China, como ocurrió en el maoísmo.

Rodeado de colaboradores cuyos méritos recaen en la lealtad que le profesan, y sin oposición interna en la cúpula comunista, Xi tendrá manos libres para ejercer el poder a su antojo. Todo ello afecta a América Latina. Veamos por qué. La relación forjada desde el arranque del siglo con China se ha cimentado sobre el supuesto indiscutible de que dicho vínculo procura a la región una ganancia económica fundamental. Las exportaciones, las inversiones, los aumentos del PIB y demás cifras macroeconómicas respaldan esta idea y, por tanto, se presentan habitualmente como evidencia del beneficio que América Latina obtiene gracias a la demanda china y a su presencia en el continente.

América Latina: riesgoso pragmatismo económico

Es cierto que un análisis más fino introduciría matices. Por ejemplo, que Latinoamérica no ha sabido aprovechar su trato con China para crear industrias de valor añadido que generen riqueza, y ha consolidado así su posición como mero exportador de recursos naturales sin procesar. O las secuelas que deja el modelo chino en términos de impacto socioambiental, así como la dependencia comercial o financiera que algunos países ya padecen de China. Sin embargo, los aspectos negativos quedan eclipsados por una idea fuerza mayor: que China es estratégica para el futuro latinoamericano.

Toda la relación con la potencia asiática se supedita así al pragmatismo económico, lo que explica la conllevancia —y el silencio— oficial con respecto al autoritarismo chino. Ahora bien, ¿y si China sufriera el mayor deterioro económico en 40 años? ¿Cambiaría el escenario para América Latina? La cuestión es pertinente porque la coyuntura económica en China no pinta bien. Lo que durante décadas parecía imposible, un frenazo acusado, está ocurriendo. El Banco Mundial anticipa un crecimiento del 2,8 % para este año, un dato que social y políticamente en el contexto chino dispara todas las alarmas.

Síntomas de agotamiento

El desplome no es coyuntural sino consecuencia de la crisis inmobiliaria, que amenaza con contagiar al resto de la economía, y de las draconianas restricciones de la política de covid cero que han hundido el consumo y espoleado la indignación y las protestas sociales por todo el país, según Freedom House.

No son los únicos desafíos. El modelo de desarrollo basado en las exportaciones, la urbanización y las gigantescas inversiones muestra síntomas de agotamiento. El desacoplamiento selectivo del mundo democrático y los controles de Estados Unidos a la exportación de semiconductores, cuyo impacto es colosal para China, dibujan un futuro complejo y preocupante para el gobierno comunista. Ello sin contar las incertidumbres geopolíticas.

La fiesta toca a su fin y, por tanto, China y su relación con el resto del mundo entran en una nueva era, sin duda más complicada. América Latina, que durante más de dos décadas se benefició de la bonanza china, podría ver entonces frustradas las expectativas puestas en el gigante asiático. Si se cumplen los malos augurios, los gobiernos latinoamericanos tendrán que adaptarse a un escenario distinto, el de lidiar con una China menos seductora por su deriva autoritaria y por no ofrecer las oportunidades que solía.

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político

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La revancha de AMLO

Ernesto Hernández Norzagaray
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La revancha de AMLO

El gobernador de Sinaloa y miembro del partido oficialista Morena, Rubén Rocha Moya, tildó de “revancha” a la marcha que está organizando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras la masiva manifestación en contra de la reforma que ha impulsado sobre el Instituto Nacional Electoral. Esta expresión, en el argot boxístico, no puede provenir sino de un adversario derrotado. Si en el imaginario morenista esto se vive como una derrota es porque el alcance de la manifestación en contra de la reforma y el propio presidente no solo impresionó, sino que también fue percibida por muchos de los líderes oficialistas como el ocaso del jefe político y de la idílica Cuarta Transformación.

Algunos dirigentes oficialistas, sin embargo, han optado por negar los hechos. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, básicamente redujo la movilización a 10.000 o 12.000 asistentes. Quizá la minimizó pensando en el efecto que podría tener en la eventual candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y en la suya, si aspira a relevar a su jefa actual. Hasta el propio presidente López Obrador minimizó la gran marcha sobre la ciudad que alguna vez fue el bastión irrebatible de la izquierda.

Sin embargo, las alarmas del Palacio Nacional se encendieron y el Gobierno ha buscado la forma de controlar los daños ocasionados por la masiva manifestación y su difusión mediática internacional. No obstante, cuando se esperaba que López Obrador diera un paso atrás para relanzar una visión de Estado, no se le ocurrió mejor idea que movilizar sus bases para marchar en respuesta.

Esta maniobra del mandatario parte de la debilidad y ello quedará en evidencia. En primer lugar, porque el Gobierno tendrá que poner a su servicio todos los recursos públicos necesarios para llenar el Zócalo de la Ciudad de México. Además, mientras que en el acto contra la reforma del Gobierno, el discurso sobre los riesgos de continuar la ruta trazada en contra del sistema electoral, el INE y la democracia lo dio el reconocido académico y político José Woldenberg, quien dará el discurso en la movilización oficialista será el propio presidente, enviando un mensaje en línea propagandística. Finalmente, mientras que en la marcha opositora se defendieron las instituciones y la democracia, en la de AMLO se defenderán sus logros.

Esto deja entrever que el presidente, quien se siente acorralado y está perdiendo su capacidad de reacción política, está apelando al incesante incremento de la polarización. De hecho, ha tildado a los asistentes de la masiva movilización de “fifís”, cínicos y corruptos.

Este discurso polarizante, sin embargo, está generando fracturas dentro del morenismo. El grupo que rodea al senador Ricardo Monreal ha dicho que, si bien probablemente asistirá a la concentración del mandatario, está en contra de la “regresión en el INE”.

Pero más allá de las diferencias dentro del partido oficialista, la revancha no augura buenos resultados para el jefe de Estado. Este llegará a la contienda con “porra” pero lastimado y sin reflejos, y sobre todo sin haber hecho una estrategia eficaz para dar pelea.

No faltan quienes dicen que esta es solo una pelea más del presidente López Obrador, que su camino está lleno de victorias simbólicas, y que vendrán más batallas (y decisivas) para el futuro del país.

De hecho, la lucha se está escenificando en el Congreso de la Unión donde se están midiendo las fuerzas legislativas, sea por la reforma constitucional en materia electoral o por la reforma a la ley secundaria. En 2023, la contienda será para elegir a tres nuevos consejeros electorales.

Además, se llevarán a cabo las elecciones en el Estado de México y Coahuila, hasta hoy gobernados por el PRI, donde López Obrador busca desesperadamente la victoria de Morena. Las tendencias parecen favorecerlo. No obstante, lo grave no es que gane, sino que se repita lo sucedido en otros estados donde la coalición “Juntos hacemos historia” ha ganado debido a la actuación impune del crimen organizado.

Cualesquiera sean los resultados futuros, lo cierto es que hay una insurgencia ciudadana que va más allá de los partidos y sus personajes, y que hoy lleva a reflexionar a toda la oposición para definir sus estrategias y acciones futuras.

A todas luces, de momento parece más inteligente la oposición que el cenáculo de Palacio Nacional que apuesta todo a la confrontación mediática. Si bien esta estrategia le fortalece entre los adictos al obradorismo, le resta entre sus opositores, que los hay y han ganado la calle.

En definitiva, la marcha que está organizando el presidente, vista en clave de revancha, como lo señala el gobernador sinaloense, no parece una buena opción, pues deja entrever un mandatario que está perdiendo reflejos para leer la coyuntura y tomar, así, mejores decisiones.

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Observación electoral nacional en Argentina: una deuda con la sociedad civil

Leandro Querido
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Observación electoral nacional en Argentina: una deuda con la sociedad civil

Este año se cumplieron 39 años del retorno de la democracia a Argentina. Aunque imperfecta, se nutre de la participación activa de múltiples actores como la prensa, las instituciones, las universidades, los partidos políticos, una ciudadanía comprometida y la sociedad civil organizada. Todos estos actores hacen parte de los procesos electorales, de una u otra forma, y tienen una responsabilidad compartida por proteger la integridad de estos procesos, característica indispensable de una democracia.

Estos actores tienen un papel garantizado en los ciclos electorales y es respetado por las instituciones políticas. Todos, excepto las organizaciones de la sociedad civil que entienden de materia electoral. En Argentina no existe la figura de la observación electoral nacional, sino la de acompañamiento cívico, una modalidad de monitoreo mucho más limitada y poco regulada que deja amplia discrecionalidad a las autoridades electorales durante la acreditación de quienes eligen ejercer el derecho a acompañar los procesos electorales federales y provinciales.

La Cámara Nacional Electoral creó la figura del “acompañante cívico-electoral” por medio de una resolución (acordada N.° 128/09 CNE) y todavía no existe una ley que modifique el Código Electoral para incorporar una sección que regule el monitoreo ciudadano. Esto, a pesar de que se han introducido múltiples proyectos en el Congreso Nacional, uno de esos proyectos, apoyado por Transparencia Electoral e introducido por el entonces diputado Gustavo Menna en octubre de 2020. Este punto pasó a convertirse en una de las 10 Reformas Electorales para la Argentina propuestas por Transparencia Electoral y que postula mejoras para el sistema electoral federal.

Durante el ciclo electoral de 2021 en Argentina, según el acta número 17 de la Junta Electoral Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se estableció que los acompañantes cívicos son «sujetos ajenos al desarrollo del acto» y que con la presencia de los representantes de los partidos políticos «se encontraría garantizado el control». Esta decisión sentó un peligroso precedente que interpreta a este derecho como flexible y que la facultad de los partidos políticos para fiscalizar el proceso es medio suficiente para garantizar su integridad. El objetivo de la ley propuesta no es otro que el de evitar que los derechos de la ciudadanía se vean comprometidos.

Por ello, la última edición del Índice de Observación Electoral de América Latina de Transparencia Electoral categoriza a Argentina como un país con índice de observación electoral débil, y lo ubica solo por encima de los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto, por supuesto, se refiere solo al estado de la figura de observación electoral, no al de la integridad de procesos electorales, pero sí es importante mencionar que afecta el derecho que tiene la sociedad civil de ejercer contraloría sobre la organización y ejecución de las elecciones.

El índice evalúa cuestiones como la existencia de la observación electoral en la legislación y las barreras para ejercer la observación, aspectos en los que el país no obtiene buenas evaluaciones, sobre todo en comparación con países como Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica, que no solo establecen y permiten la observación electoral nacional en sus legislaciones, sino que también están abiertos a la observación electoral internacional. En las elecciones más recientes de Ecuador (2021) y Colombia (2022), la presencia de observadores internacionales ayudó incluso a reducir tensiones de situaciones poselectorales. Las elecciones de Brasil en 2022 también establecieron la reciente incorporación de la figura de observación electoral.

Este año ha traído buenas y malas noticias para quienes ejercen la observación comicial en el mundo. Por un lado, países como Brasil, una de las democracias más grandes del planeta, tomó en diciembre de 2021 la decisión histórica de autorizar y regular la observación electoral no solo nacional, sino también internacional. Por primera vez en su historia democrática, varias misiones de observación electoral se distribuyeron en territorio brasileño para monitorear las elecciones generales de octubre de 2022.

Sin embargo, tanto las autoridades comiciales como los observadores han sido blanco de amenazas y acusaciones de descrédito sin precedentes, que tienen su origen en las campañas de desinformación impulsadas sin base ni escrúpulos por distintos actores del espectro político. Por esta razón, el pasado 27 de octubre, relatores especiales de derechos humanos de la ONU emitieron una declaración conjunta respecto a la situación de los observadores electorales nacionales e internacionales como defensores de derechos humanos, lo cual representa un precedente importante.

Según la declaración, las condiciones en las que se celebran elecciones en el mundo han empeorado y “las campañas de desinformación, la retórica dura e incluso la violencia se han dirigido al amplio espectro de actores que participa en los procesos electorales, desde candidatos y partidos políticos hasta funcionarios y observadores electorales”. También denuncian que “los observadores electorales tanto nacionales como internacionales han reportado un aumento significativo en la gravedad y la escala de los ataques contra ellos”. 

Los derechos civiles y políticos, entre los que están el derecho a elegir y a ser elegido y otros que garantizan la participación de la ciudadanía en la vida civil y política del Estado sin discriminación y en igualdad de condiciones, también son derechos humanos. Por ello, los relatores especiales enfatizan que “son defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil. Por lo tanto, los Estados deben permitir la observación independiente e imparcial de las elecciones por parte de todos los observadores, incluso provenientes del extranjero”.

¿Por qué Argentina mantiene esta deuda con las organizaciones de la sociedad civil? La fiscalización del proceso comicial no es solo potestad de los partidos políticos. Es tiempo de que, con respecto a las elecciones generales de 2023, el Congreso asuma la responsabilidad de proteger y consagrar en el Código Electoral el derecho que tiene la ciudadanía de ejercer contraloría sobre las elecciones no solo durante la jornada de votación, sino también sobre las distintas fases que componen el calendario electoral.

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Una nueva Unasur: ¿el regreso de un zombi?

Detlef Nolte
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Una nueva Unasur: ¿el regreso de un zombi?

La politóloga Julia Gray introdujo el concepto de la “organización zombi” en el debate académico sobre la vida y muerte de organizaciones internacionales. Las opiniones están divididas sobre si la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) está muerta o si es un zombi.  Un estudio reciente, que se hizo, junto con el excanciller de Ecuador (2016-2017), Guillaume Long, afirma que la Unasur sigue existiendo. Y cada vez son más las voces que piden que se le insufle nueva vida.

Recientemente, el 14 de noviembre, un grupo de siete expresidentes sudamericanos (Michelle Bachelet, Rafael Correa, Eduardo Duhalde, Ricardo Lagos, José Mujica, Dilma Rousseff y Ernesto Samper), acompañados de varios excancilleres, exministros, parlamentarios (ex y actuales) e intelectuales, han hecho llegar una carta a los doce presidentes sudamericanos en ejercicio para reclamar “la reconstrucción de un espacio eficaz de concertación suramericana”, partiendo de la base de que la “UNASUR todavía existe y es la mejor plataforma para reconstituir un espacio de integración en América del Sur”.

Pero los firmantes de la carta también dejan claro que no se trata de una reconstitución nostálgica de este organismo, sino que una nueva Unasur debe tomar en cuenta, de forma autocrítica, las deficiencias de la Unasur actual. Los expresidentes deploran la ausencia de una dimensión económica, comercial y productiva en esta, y critican el abuso del veto (por la regla del consenso en la toma de decisiones) para el nombramiento del secretario general. Esto llevó en el pasado a su paralización cuando los Gobiernos de Bolivia y Venezuela bloquearon la elección de José Octavio Bordón que, como único candidato, tenía el apoyo de siete Gobiernos (otros se habrían sumado).

En aquel momento, el gobierno de Nicolás Maduro vetó al candidato de Argentina (para ajustar al proyecto de Hugo Chávez de usar a la Unasur como trampolín para ampliar la influencia regional de Venezuela como potencia regional), lo cual degeneró en un proyecto para legitimar al régimen y asegurar su supervivencia. La estrategia del Gobierno venezolano se basó en dos pilares: primero, en el ejercicio del poder de veto para ocupar el cargo de secretario general e idealmente promover a algún simpatizante del régimen; en segundo lugar, en la neutralización de los organismos regionales independientes de observación de elecciones. Los estatutos del Consejo Electoral de la Unasur, creado en 2013, legitimaron las “misiones de acompañamiento” que diluyen los estándares para el monitoreo electoral, ya que “acompañar” implica menos que “observar”. 

En su carta, los expresidentes proponen sustituir la regla del consenso en la elección del secretario general que no debería estar sujeta al derecho a veto de un país. En este marco, la firma de tantos expresidentes como de exministros podría generar sospechas de que algunos quieran candidatearse para el puesto de secretario general. La propuesta en sí parece una reacción lógica a la parálisis de la Unasur. Sin embargo, el punto es cuán realista es esta propuesta.

¿Estaría dispuesto el Gobierno venezolano a aceptar la elección de un secretario general que no se ajuste a sus preferencias pero que cuente con el apoyo de la mayoría de los demás Gobiernos? Probablemente solo si ciertos temas desaparecen de la agenda de la Unasur. En ese sentido, es significativo que la declaración de los expresidentes no mencione la protección de los derechos humanos y de la democracia como tareas prioritarias de una Unasur renovada.

En el pasado, la Unasur fue una organización intergubernamental cuyos avances y retrocesos estuvieron marcados por la lógica de la diplomacia interpresidencial. Y debido a los conflictos entre los presidentes que la paralizaron, hoy es una marca desgastada. Por lo tanto, cabe preguntarse si no sería mejor reconstruir el espacio de integración en América del Sur que representó Unasur de abajo hacia arriba. Por ejemplo, se podrían restablecer (como instituciones independientes) los consejos sectoriales exitosos de estas como el Consejo Suramericano de Salud o el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento.

La imagen de estos consejos está menos “dañada” que la de la Unasur. Además, una cooperación más técnica en temas específicos podría evitar algunos de los problemas que inevitablemente provocaría una discusión de temas políticamente controvertidos, como la protección de los derechos humanos, la garantía de elecciones justas y transparentes o la postura sobre ciertos temas de la política internacional.

En su carta, los expresidentes deploran la ausencia de una dimensión económica, comercial y productiva en la vieja Unasur. Al mismo tiempo, hacen hincapié en que el comercio intrarregional en América Latina no supera el 13% en la actualidad. En este contexto, se plantea la cuestión de qué puede lograr económicamente una Unasur renovada que los sistemas de integración existentes, como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina (CAN), no pueden realizar por sí solos o en cooperación.

Parece que en el regionalismo latinoamericano se repite un viejo ritual. En lugar de consolidar y profundizar las estructuras y organizaciones existentes, se lanzan nuevos proyectos, a menudo principalmente declarativos. Con la consolidación de la recién reactivada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y un nuevo impulso a los procesos de integración y cooperación regional dentro del Mercosur, la CAN y la Alianza del Pacífico, la mayoría de los Gobiernos sudamericanos ya estarían suficientemente ocupados.

Como escribió una vez Carlos Marx, la historia se repite dos veces, primero como tragedia, luego como farsa.  Un reinicio fallido de la Unasur podría combinar la tragedia con la farsa.

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Rubens de Siqueira Duarte
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Política medioambiental y soberanía en Brasil

En el siglo XXI, el medio ambiente y el cambio climático se han convertido en prioridades de la agenda mundial, pero a medida que aumenta el interés por la crisis ecológica, también crece la preocupación por la enajenación de la soberanía nacional en zonas como el Amazonas y la consolidación de un derecho de injerencia ecológica en aquellos países que no protegen los bienes medioambientales de importancia internacional. Por estas razones, cabe preguntarse: ¿cómo pone en riesgo la política medioambiental global la soberanía de Brasil?

Hans Morgenthau es uno de los principales teóricos de las Relaciones Internacionales. De familia judía, emigró de la Alemania nazi a Estados Unidos, donde trabajó como académico y pensador orgánico, contribuyendo a la definición de los rumbos de la política exterior estadounidense y al establecimiento de la corriente de pensamiento que llegó a conocerse como Realismo Clásico. Cuando Morgenthau escribió sus principales obras, los debates sobre el cambio climático no tenían el peso que tienen hoy en la política mundial. Sin embargo, si utilizamos sus enseñanzas para pensar en la actualidad, la conclusión es clara: la política medioambiental de Brasil puede poner en riesgo la soberanía nacional.

El concepto de poder nacional es uno de los pilares del legado de Morgenthau. Para el autor, el poder no se limita a la capacidad militar, sino que incluye una serie de elementos materiales e ideológicos que permiten al Estado seguir funcionando y desarrollándose de forma autónoma y segura. Por lo tanto, además de la fuerza militar, las fuentes de poder son la geografía, la posesión de recursos naturales, el potencial agrícola e industrial y la población. También entra en el cálculo la percepción que tienen otros actores internacionales en relación con su poder, lo que lleva a Morgenthau a concluir que una política de prestigio puede impulsar la inserción de un país en el juego internacional entre naciones.

A partir de estas enseñanzas, podemos argumentar que Brasil viene adoptando una política que disminuye su poder en el ámbito internacional, lo que deja al país en una posición desfavorable en el juego político entre naciones y, por lo tanto, disminuye su capacidad de disuadir las amenazas externas. Si los recursos naturales son elementos de poder, una política medioambiental laxa pone en peligro la reserva brasileña de agua potable, un recurso esencial para todos los seres vivos y que está en progresiva escasez en el mundo.

Además, el agua es esencial para la producción de alimentos, que es una fuente de poder enumerada por Morgenthau, ya que un Estado que no puede garantizar la alimentación y la supervivencia de su población es más vulnerable a las agresiones externas. Por último, el cambio climático pone en riesgo la riqueza biológica de Brasil, que es un recurso potencial cada vez más relevante con la revolución genética.

Si miramos a través de la lente del prestigio internacional como fuente de poder, la política brasileña también está deteriorando la soberanía brasileña. Un país organizado, con instituciones fuertes y políticas públicas que den resultados, transmite la imagen de un Estado fuerte, facilitando la disuasión de intereses oscuros que puedan perjudicar la soberanía y los intereses nacionales. Con el aumento de la deforestación ilegal, la minería depredadora, los asesinatos de activistas medioambientales, las talas de árboles y el avance de grupos criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) en la región amazónica, la imagen que transmite Brasil al mundo es la de un país incapaz de aplicar el Estado de Derecho y políticas públicas eficaces. Con ello, la percepción que tendrán otros actores internacionales al mirar al país es de fragilidad.

Actualmente, las reglas y normas internacionales sobre el cambio climático son favorables a Brasil y a otros países del Sur. La consolidación del principio de lectura histórica, que atribuye una mayor responsabilidad en el cambio climático a los países más industrializados; la supresión (aunque sea temporal) del debate sobre la internacionalización de las florestas; y el derecho al desarrollo sostenible son ejemplos de ello. La diplomacia brasileña, junto con otros países, ha sido muy hábil en la defensa de los intereses nacionales en las negociaciones en los foros internacionales.

Cuando Brasil abandona esta postura negociadora y adopta otra más reacia a cualquier tipo de concesión, a largo plazo, reduce su capacidad de actuación. El país pierde oportunidades de opinar e influir en los debates. Las decisiones se tomarán con o sin la participación de Brasil, generando normas potencialmente contrarias a los intereses nacionales, lo que inevitablemente restringirá la soberanía del país.

La combinación distópica de una postura diplomática que aísla a Brasil de las negociaciones internacionales con una política medioambiental insuficiente para combatir eficazmente los desafíos de la protección de los biomas del país y de sus poblaciones es un grave riesgo para la soberanía de Brasil. La tradición brasileña siempre refuerza la importancia de los principios establecidos en las relaciones internacionales, así como el valor del derecho internacional y el multilateralismo. Es una postura que históricamente ha dado sus frutos para el país, ya que no le sobra poder en comparación con las potencias mundiales.

Morgenthau reconoce que el derecho internacional y la moral son factores que limitan los abusos de los Estados cuando utilizan la fuerza en el escenario internacional para conseguir sus objetivos. Sin embargo, el autor también señala que estos factores limitantes son específicos de su época y, por tanto, pueden variar. A lo largo del siglo XX, surgió y se consolidó la idea de que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a las personas y a las poblaciones en peligro si los Estados no cumplen con sus obligaciones.

Este entendimiento es una respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos que se han observado, siendo el genocidio de Ruanda el caso más simbólico. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que decidan que los Estados que no luchan contra los delitos medioambientales en sus territorios también requieren una respuesta de la comunidad internacional?

La COP27 es una señal de que Brasil debe cambiar su posición en las negociaciones internacionales. Sin embargo, un cambio de rumbo en el ámbito diplomático es insuficiente si no va acompañado de resultados concretos en el ámbito interno. Mientras los actores brasileños no tengan esta conciencia en el ámbito interno, la política medioambiental puede seguir siendo un riesgo para su propia soberanía. En otras palabras, el deber de todo patriota es cuidar el medio ambiente para proteger a su país.

Cristina no es Lula

Sandra Choroszczucha
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Cristina no es Lula

Luego del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y en medio de la disputa en la interna oficialista argentina entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y el presidente Alberto Fernández, el actual ministro del Interior de Argentina, el ultrakirchnerista Wado de Pedro, se apuró a viajar a Brasil para fotografiar a Lula con una gorra que tenía la insignia “CFK 2023”. Y Alberto Fernández, por su parte, tomó un avión para ser el primer presidente en abrazar al mandatario brasileño que recién asumirá el poder formalmente el primero de enero de 2023.

En medio de la carrera por el oficialismo argentino «disputándose a Lula”, Cristina apareció en público por primera vez, luego de dos meses de ausencia, en un acto de la Unión Obrera Metalúrgica. En su solemne discurso, reconoció méritos al ahora ministro de Economía, Sergio Massa, por la administración de la crisis económica frente a una inflación que ya se presume superará el 100% anual.

Tal vez lo más insólito del discurso de Cristina apareció en el momento en el que explicó que luego de doce años de una Argentina felizmente kirchnerista, habían llegado cuatro años de una Argentina infelizmente macrista. Y que, si bien ahora el país está pasando nuevamente por un modo “muy infeliz” (esta nueva enorme infelicidad que ya lleva tres años no parece tener responsables), en 2023 habrá un regreso (sin haberse ido) a “la felicidad kirchnerista”.

Mientras tanto, Lula, que no es Cristina, luego de haber disputado con ferocidad la campaña electoral en la cual venció a Jair Bolsonaro en un cruce afiladísimo en el que sobraron las acusaciones mutuas, en su último discurso antes de la elección, anunciaba: “A partir de enero de 2023, voy a gobernar para 213 millones de brasileños, no existen dos Brasiles, somos un único país, un único pueblo, una gran nación”. Y el líder del PT llegó aún más lejos, reforzando su mensaje mediante la siguiente afirmación: “A nadie le interesa vivir en un estado permanente de guerra. Este pueblo está cansado de ver al otro como enemigo. Es hora de bajar las armas. Las armas matan y nosotros escogemos la vida”.

Mientras Lula dejaba claro que intentará recomponer una sociedad fracturada por la polarización política, ha trascendido que cuando llegue el momento de su asunción, Bolsonaro no estará presente, dada la excusa de un viaje al extranjero. Este acto antidemocrático de no ceder el traspaso presidencial nos recuerda al 2015, cuando la presidenta saliente de Argentina, CFK, sin ningún viaje mediante, se negó categóricamente a traspasar la banda presidencial al entonces electo presidente Mauricio Macri, de la oposición.

Cristina pretende convencer a los argentinos de que el kirchnerismo y el lulismo se asimilan por afinidades de toda índole. Sin embargo, sus esfuerzos por debilitar la democracia y por polarizar a la sociedad dejan entrever muchos más parecidos con el bolsonarismo.

Las semejanzas no son pocas y van desde el desconocimiento protocolar cuando el rival político gana una elección presidencial, pasando por la identificación del adversario político como un enemigo que hay que eliminar de la escena política, hasta la intromisión recurrente en el Poder Judicial.

Y es que mientras Bolsonaro ha pretendido interferir especialmente en aquellas instituciones judiciales que controlan las elecciones como el Tribunal Electoral, CFK ha interferido en la justicia a través de iniciativas para politizarla (con la excusa de «democratizarla»),  manipulando al Consejo de la Magistratura o pretendiendo, aquí y ahora, cambiar la composición de la Corte Suprema de Justicia.

La reciente elección en Brasil ha dejado claro que el país se encuentra absolutamente polarizado y que electoralmente hablando está partido en dos. Además, muchos votantes que definieron su voto a favor de Lula o de Bolsonaro lo hicieron por estar “en contra del otro”, más que por afinidad con el partido/candidato elegido. Y en estos puntos los dos grandotes del Mercosur se asimilan. 

En este orden de cosas, tras la elección en Brasil, un núcleo duro bolsonarista ha pretendido que Bolsonaro siga ocupando la Presidencia, a pesar de haber sido derrotado en las urnas. Dicho núcleo organizó cortes de rutas y se congregó en las principales sedes del Ejército, en todas las capitales estatales, para exigir una intervención militar a fin de impedir la presidencia de Lula. Bolsonaro, en sintonía con este desentendimiento del triunfo de Lula, no salió a reconocer su derrota durante dos días y, cuando lo hizo, tarde, dio un discurso que duró tan solo dos minutos en el que no reconoció el triunfo del líder del PT, pero sí manifestó que acataría la Constitución.

En Argentina también contamos con un núcleo duro, kirchnerista, que no sabemos cómo podría reaccionar si el kirchnerismo pierde la elección en 2023. Lo que sí sabemos, porque lo han alertado sus más fieles seguidores en más de una oportunidad, también cortando calles y manifestándose con furia, es que, si Cristina llega a ser condenada por alguna de las causas que la incriminan penalmente en su deber de funcionaria, “qué quilombo se va a armar”. El llamado a una pueblada (a un desorden social) y a barrer de la escena institucional al Poder Judicial de la nación si Cristina llega a ser condenada, se parece demasiado a los modismos bolsonaristas. Cristina no es Lula.

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Cambio climático y desarrollo sostenible: narrativa y altruismo

Leonardo Stanley
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Cambio climático y desarrollo sostenible: narrativa y altruismo

La humanidad atraviesa un momento crítico, la constante irrupción de eventos extremos nos alerta sobre un futuro de fuerte incertidumbre. Esta situación nos lleva a decidir “a oscuras”, sin entender de forma adecuada el contexto al que nos enfrentamos o cuáles son los efectos futuros de nuestras acciones presentes. Muchas de las medidas que adoptamos siguen una narrativa, pues esta permite prever una explicación a un evento o serie de eventos. Por ejemplo, se compran acciones o bonos porque los inversores creen que los precios de los activos que adquieren no dejarán de subir. Robert J. Shiller, premio nobel de economía en 2013, destacó la importancia de la narrativa en la toma de decisiones económicas. Ciertamente, una descripción puede conducirnos a decisiones erróneas, tal como destaca Shiller al explicar la exuberancia financiera. Ello no invalida el papel de la narrativa, aunque alerta contra quienes propagan mensajes providenciales.

A fin de afrontar la incertidumbre, elaboramos, en definitiva, nuestras acciones alrededor de cierta narrativa referencial, aspecto que también destaca el premio nobel de economía en 2002, Daniel Kahneman. Ante la inexistencia de certidumbre, cuando ningún modelo puede explicar el porqué de una situación, aparece la narrativa. Sin embargo, también es cierto que coexisten relatos, muchas veces contradictorios, que se discuten en la mesa familiar, en nuestro círculo de amigos y en ámbitos laborales o profesionales.

Los economistas deberían sincerarse, reconocer las limitaciones, así como también las fallas que plantean sus modelos. En todo momento debería buscarse que estos [los modelos] sirvan para entender la realidad, y no tratar de ajustar a esta a los preceptos que dicta la seudoteoría. Debemos reconocer los límites del modelo canónico vigente y comenzar a entender los límites del planeta al tomar decisiones.

En otros ámbitos científicos el conocimiento puede catalogarse como rotundo, aun cuando algunos hablen de historias alternativas. Esto puede observarse en materia climática: existe una relación directa entre los gases de efecto invernadero que se vierten a la atmósfera (particularmente el dióxido de carbono) y el aumento de la temperatura promedio global. En el campo científico, el consenso resulta categórico. Sin embargo, la industria petrolera negó dicho efecto por años, luego trató de ocultar su responsabilidad y actualmente intenta demorar la transición con promesas tecnológicas.

Coexisten relatos, aunque la evidencia científica respalda una visión. Ello nos obliga a recrear la narrativa climática y fortalecer nuestra historia para que esta dispare el cambio. La comunicación del problema resulta esencial. (Des)afortunadamente la constante y creciente ocurrencia de fenómenos que devienen cada día más extremos sirven para destacar los fundamentos científicos de nuestro relato.

La presencia de incertidumbre también plantea la importancia de estrechar vínculos, la necesidad de realzar el altruismo, de fomentar la camaradería y de apostar por el beneficio común. Tal situación contradice el modelo neoliberal que muestra una visión estrecha del hombre como un ser egoísta y avaro: la sociedad no existe. Tal es el mensaje de M. Thatcher que aún perdura en la mente de numerosos dirigentes de nuestra región y que, como lo destacan numerosos cientistas políticos, terminó induciendo al ascenso de la extrema derecha en diferentes rincones del mundo.

Los relatos, cuando infundados, se comportan como modas. En un libro póstumo, el antropólogo David Graever documenta la existencia de camaradería en el período paleolítico superior (de 30.000 a 50.000 años atrás) y destaca la existencia de cierto tipo de igualitarismo en estas sociedades. Otros autores vienen a refutar tal descubrimiento. Estos nos hablaban, por medio de sus relatos, de sociedades primitivas en las que el hombre era el lobo del hombre. La posibilidad de enfrentar la incertidumbre fue una de las primeras razones que explicaron la emergencia del altruismo, como las distintas culturas comenzaron a premiar a quienes se comportaban adecuadamente y a castigar a quienes no lo hacían. Toda sociedad, en definitiva, se distingue por la existencia de grupos de camaradería, la búsqueda del altruismo y del beneficio mutuo.

Si analizamos el discurso en la región, observamos la primacía del discurso extractivista, sea de tinte neoliberal o neodesarrolista; ambos niegan la urgencia del momento. Ello justifica nuevos proyectos de la industria petrolera, sea en el Amazonas ecuatoriano o en las profundidades del mar Argentino. Según el relato oficial, por caso, desarrollar Vaca Muerta permite avanzar hacia una transición “limpia”, desconociendo, sin embargo, los múltiples estudios que, desde la comunidad científica, alertan sobre el efecto pernicioso del metano en la atmósfera: 80 veces más potente que el dióxido de carbono.

Los países de la región no son los principales responsables del efecto invernadero, pero tampoco resultan jugadores menores. Al comparar el total de emisiones acumuladas, vemos que países como Brasil o México muestran niveles relevantes y, cuando evaluamos valores per cápita, Argentina ocupa un lugar importante. También habría que analizar los sectores que se han beneficiado en Latinoamérica, el escaso derrame que el modelo extractivo ha generado hacia los sectores más marginados de las sociedades. Debemos ir hacia un nuevo modelo de desarrollo y comenzar a caminar una transición energética que beneficie a los más rezagados, que empodere a la sociedad.

Afortunadamente, surge en la región un nuevo relato, una visión que trasciende la (falsa) grieta. Del clamor de la población a las tribunas políticas, el discurso ambiental va ganando adeptos entre la clase política, surgen nuevos liderazgos que conjugan el tradicional clamor por la justicia social de la izquierda democrática con el respeto a la biodiversidad y el reconocimiento de los límites del planeta. Valga si no el discurso del presidente colombiano Gustavo Petro en las Naciones Unidas, el cual plantea un parteaguas en la política regional. Pero también puede rescatarse la presencia de Marina Silva, junto a Lula, al festejar el triunfo de la coalición antifascista en Brasil el pasado 30 de octubre.

Se requieren nuevas narrativas, tanto como avanzar con políticas que privilegien el bien común. Atravesamos un momento de emergencia, dado que el tiempo para limitar el aumento de temperatura promedio en 1,5 °C se está acabando. En un reportaje reciente, el destacado científico Johan Rockström destacaba la relevancia de utilizar dicha palabra: emergencia. Con ella se denota la presencia de un riesgo no manejable, cuya resolución requiere más tiempo del que se posee. Si no actuamos, y pronto, hacia fines de siglo, la temperatura promedio aumentará en 2,8 °C. Nos dirigimos a la catástrofe, tal es el mensaje de António Guterres que algunos líderes políticos prefieren no oír.

La propaganda totalitaria se pudre rápido

Federico Finchelstein
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La propaganda totalitaria se pudre rápido

Las elecciones intermedias en Estados Unidos fueron una sorpresa para muchos, pero también una confirmación de una historia común que comparten fascistas y populistas. La sorpresa fue que, a diferencia de las predicciones de una victoria absoluta del trumpismo republicano, los demócratas del presidente Joe Biden pudieron mantener su mayoría en el Senado y ganaron gobernaciones y legislaturas esenciales para mantener la legalidad en los comicios presidenciales del 2024. La confirmación de la tendencia histórica es que la mentira y la propaganda tienen fecha de vencimiento.

En concreto, la mayor parte de los candidatos elegidos a dedo por Donald Trump que se caracterizaron por su negacionismo sobre la victoria de Biden en 2020 fueron derrotados. Ambas cosas, sorpresa y confirmación, están relacionadas.

Tal como se dio en Brasil, la campaña dominada por las mentiras y la desinformación fue rechazada por la mayoría de los ciudadanos. Así como en Brasil, en EE. UU. la realidad de una democracia amenazada por extremistas fue determinante para que quienes se oponen a Trump pudieran convencer a electores, que en muchos casos no eran cercanos en términos económicos o sociales, pero que sí comparten la necesidad de defender la democracia.

En los casos de los grandes derrotados de esta década, Trump y Jair Bolsonaro, la lección es clara. Cuando los populistas están en el poder es más difícil imponer las mentiras en el tiempo. La realidad catastrófica de sus acciones como la negación de la COVID-19 y las vacunas, incluyendo los golpes de Estado o la amenaza de llevarlos a cabo, los actos mafiosos y las teorías de la conspiración fomentadas por el racismo, el odio a lo distinto y la xenofobia, niega los engaños y eventualmente los hace más evidentes.

La historia de las mentiras fascistas confirma la misma situación. Los dictadores Adolfo Hitler y Benito Mussolini mintieron sobre enemigos y guerras, exterminios, genocidios e imperialismos, hasta el punto de que la derrota total los expuso como emperadores desnudos que destruyeron a sus países y fueron abandonados por la mayoría de sus seguidores.

Distinto es el caso de mentirosos en la oposición que no tienen que deformar la realidad de sus acciones sino solo hacerlo con respecto a los que están en el Gobierno. El preocupante triunfo de Giorgia Meloni en Italia, los preocupantes resultados de los populistas de extrema derecha en Suecia o los continuos intentos de deformar la realidad por parte de los trumpistas de Argentina o Chile son ejemplos de esta última situación.

En EE. UU., aunque los republicanos de Trump ya no están en el poder, la memoria del trumpismo está muy fresca y pisa fuerte. La constante presencia de Trump en la política del país y las decisiones antiaborto de una corte de extrema derecha consolidada por Trump fueron realidades demasiado evidentes para ignorar o distorsionar de manera absoluta.

Si bien los republicanos se quedaron con la mayoría en la Cámara Baja y el extremista Ron DeSantis, exdiscípulo de Trump y posible contrincante, se hizo con la Gobernación de Florida, se puede hablar en general de una derrota del trumpismo y su propaganda. Cabe entonces pensar algunas lecciones que nos deja esta derrota de los proyectos de aspirantes a fascistas como Trump y Bolsonaro.

En primer lugar, las mentiras y la propaganda fascistas pueden detenerse y ser derrotadas con información real sobre la crisis y la muerte que generan estos líderes. A la larga, la realidad triunfa sobre los aspirantes a fascistas. Además, las instituciones legales y los tribunales independientes son clave para detener los golpes de Estado en cámara lenta, tal como pasó en Brasil con el intento de supresión de votantes mediante bloqueos de la policía en muchas rutas principales y, tal como se observó, en el caso de funcionarios republicanos en Arizona, que hicieron respetar la legalidad de los comicios.

Otra lección es que los votantes deben votar. EE. UU. nos regala la esperanza de generaciones jóvenes que salen a defender la democracia a partir del voto. Sin ellos, hubiera ganado el trumpismo. Además, se deben crear y apoyar coaliciones amplias de centro/izquierda/derecha para confrontar a quienes quieren destruir la democracia. En suma, se debe recordar la historia de las coaliciones antifascistas que derrotaron al fascismo. Eso es lo que representaron la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y la victoria demócrata en EE.UU.

Los líderes autoritarios deben ser procesados por sus actos ilegales, como pasó en Argentina en 1985 con los líderes de la dictadura. En este punto, mucho queda por hacer tanto en Brasil como en EE. UU.  

También es importante llegar, a través de los medios independientes, a aquellos que quieren dejar atrás su identificación con el culto del líder mesiánico. Debemos estar atentos a defender constantemente la democracia, pues estas victorias son batallas en una contienda de largo aliento. Entender que los actores antidemocráticos sin escrúpulos legales siguen ahí y que no se puede bajar la guardia frente al desafío totalitario que representan es de vital importancia. El trumpismo y sus esbirros globales llegaron para quedarse.

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