El Grupo de Puebla y la reconciliación política en Bolivia 

El pasado 12 de marzo, tres expresidentes y una vicepresidenta intentaron lo imposible: reconciliar a Evo Morales con Luis Arce. Aunque no lo sabemos a ciencia cierta, es probable que Evo y Lucho se hayan sentado en la misma mesa y hayan compartido una sabrosa comida digna del hotel de 5 estrellas que hacía de escenario del encuentro del Grupo de Puebla (una organización que agrupa a notables personajes de la izquierda latinoamericana y mundial) pero se hayan negado a iniciar al menos una breve conversación. 

El dato curioso es que los exmandatarios que tomaron la iniciativa tienen un pasado político que no los habilita ni como afectos a la reconciliación ni como respetuosos de la ley y la Constitución. En primer lugar, estaba el expresidente argentino Alberto Fernández, que dejó un país no solo en ruinas, producto de la corrupción y de la mala gestión, sino absolutamente dividido, al punto que facilitó la llegada al poder de un polarizador de capa y espada como Javier Milei. También estaba el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien respaldó la permanencia indefinida de Morales en el poder porque decía que se trataba una reelección “de las buenas”. Finalmente, se encontraba el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien apoyó militantemente los afanes de eternización en el poder de varios presidentes latinoamericanos en foros y entrevistas. 

Cabe mencionar que también estuvo presente la venezolana Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, quien en vez de negociar o hablar con sus opositores prefiere encarcelarlos para así facilitar un nuevo periodo presidencial. 

Este intento, con rótulo de urgente, de acercamiento entre Evo y Lucho ocurre porque se han prendido todas las luces rojas del progresismo internacional a raíz de que los partidos de derecha ya se han llevado por delante a varios partidos de izquierda, como el correísmo en Ecuador y el peronismo en la Argentina, y nada hace prever que este desangramiento vaya a parar.

En Chile, el izquierdista Gabriel Boric tiene una gestión a tal punto deficiente (35% de popularidad) que se prevé un futuro gobierno de derecha. En Ecuador, su actual mandatario Daniel Noboa (empresario y neoliberal) ronda el 80% de popularidad a raíz de sus medidas anticrimen. En Brasil, pese a que Bolsonaro se encuentra inhabilitado por ocho años a una postulación electiva, ha tomado las riendas de su partido su popular esposa, Michelle de Paula Firmo, cuyo conservadurismo hace que el expresidente de Brasil, a su lado, parezca un corderito bíblico. 

Pero esto no es todo. Hoy con mayor o menor medida se cierne sobre todos los países de América Latina el riesgo de un incremento de la inseguridad ciudadana a raíz de la penetración del narcotráfico. Esto coloca la “solución Bukele” como la óptima no solo para parar la violencia en las calles sino para conseguir votos de parte de partidos de derecha que toman al presidente salvadoreño como ejemplo a seguir. 

Los integrantes del Grupo de Puebla (GP) piensan que esta ola de gobiernos de derecha puede llegar a Bolivia, sacando del poder al MAS y colocando a un político de derecha en la presidencia, lo que sin duda reconfiguraría, aún más, el panorama político de América Latina y pondría en cuestión los equilibrios geopolíticos. 

En el caso de Bolivia, estas preocupaciones son vanas. Por una parte, la oposición está fragmentada: en el poder legislativo Creemos y Comunidad Ciudadana adolecen de problemas internos, andan divididos y sin rumbo claro; y, por la otra, el departamento de Santa Cruz, que siempre fue un bastión contrario al MAS, hoy no encuentra rumbo ni líder claro que continue con esta tradición. 

De todos modos, los miembros del GP se equivocan si creen que la crisis del progresismo es un mero asunto de unidad y que poner en concordia a los díscolos será suficiente. No se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, de que la crisis tiene dos lastres que la están llevando al abismo: su obsesión por la perpetuación en el poder (justamente aquello que Zapatero y Samper aplauden a rabiar), y la corrupción e ineficiencia estatal.

El Grupo de Puebla nació para hacer perdurar a la izquierda en nuestro continente. Dice defender la democracia y sus valores, empero respalda a líderes autoritarios y mira hacia otro lado cuando se violan las normas democráticas. Lo que necesita nuestro país no es que Evo Morales y Luis Arce se reconcilien; más loable y productivo sería que los líderes del GP les hagan entender que no se puede construir democracia sobre las ruinas de las instituciones, la Constitución y los derechos civiles. 

De Bernays a Milei:  La pelea contra “La Casta” como la nueva “antorcha de la libertad”

Hace 95 años el publicista austríaco Edward Bernays iniciaba una campaña para lograr que las mujeres se incorporen al mercado del cigarrillo bajo el lema de que éstos representaban una “antorcha de la libertad”. El presidente argentino Javier Milei utiliza su confrontación contra “la casta” en un sentido similar con -hasta el momento- buenos resultados.

En 1929 sólo el 5% de las mujeres fumaban. El cigarrillo estaba asociado a la prostitución y la promiscuidad femenina. Así, las compañías tabacaleras perdían casi la mitad del mercado. Para contrarrestar tal situación, George Hill, presidente de la American Tobacco Corporation, contrató al publicista estrella de la época, Edward Louis Bernays, quien además era doble sobrino de Sigmund Freud.

En vez de realizar una campaña publicitaria tradicional, Bernays vió la oportunidad de transformar esos prejuicios en un mensaje poderoso en la mente de las mujeres, que funcione como herramienta de lucha por los deseos de libertad femenina. Para ello coordinó a un grupo de modelos para que asistan a los multitudinarios desfiles del Easter Parade & Bonnet Festival de Pascuas en Nueva York, y que enciendan cigarrillos todas al mismo tiempo para fumar -provocativamente- entre la gente.

Además, comunicó a los periodistas de los medios más importantes que un grupo de sufragistas (movimiento nacido en Reino Unido que luchaba por el voto femenino) protestaría contra la desigualdad entre hombres y mujeres encendiendo sus “antorchas de la libertad”. Los fotógrafos captaron el momento, y la noticia de las mujeres fumando sus “antorchas de la libertad” se extendió rápidamente. De esta manera, fumar se transformó en un símbolo de rebeldía, y su uso se extendió entre el mercado femenino. En 1965, fumaba 1 de cada 3 mujeres norteamericanas, contra menos del 3% que lo hacía hasta 1930.

Los tiempos cambian. Las estrategias, no tanto.

Casi 100 años después, Javier Milei utiliza su continua confrontación contra “la casta” como su “antorcha de la libertad”. Libertad de esa “casta”, que está compuesta, en palabras del propio mandatario, por “los políticos corruptos, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, los micrófonos ensobrados que son cómplices y ocultan todos estos negocios y mundos y obviamente los profesionales que son cómplices a los políticos”. En otras palabras, por “el pasado” que provocó el estado de deterioro en el que se encuentra Argentina, y que él se compromete a combatir.

Solo amparado en esa batalla y en el cansancio de la sociedad argentina con la clase política tradicional se explica que, pese a la evidente recesión que atraviesa el país, el primer mandatario no haya resentido su imagen positiva, que se ubica en 57%, niveles similares a los que tenía al momento de la segunda vuelta electoral que lo llevó a la Casa Rosada.

En lo que va de 2024, el patentamiento de motos cayó un 16,5%, el patentamiento de autos, un 27,4%, la producción de autos, 16,7%, el índice de construcción, 29,2%, los despachos de cemento, 20%, las ventas de farmacias, 42,4%, los alimentos y bebidas 35,2%. En la misma línea, el Observatorio Social de la UCA (Universidad Católica Argentina) estima que la población en situación de indigencia pasó del 9,6% en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024. Y el nivel de pobreza, pasó del 44,7% observado en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre y al 57,4% en enero.

La inflación, variable a la que Milei ha subordinado el éxito o fracaso de su propia gestión, cerró el 2023 con un 25,5% en diciembre, acumulando en el año un 211,4%, más del doble del 94,8% del 2022. Lo que viene no parece ser mucho más prometedor. El índice de inflación de enero fue de 20,6% y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que lleva adelante el Banco Central de Argentina estima que la inflación llegará al 227% en 2024.

Este panorama desolador no parece afectar la confianza de la sociedad en el presidente. En la reciente apertura de sesiones ordinarias del Congreso Argentino, Javier Milei convocó a los gobernadores un gran “Pacto de Mayo” para “sentar las bases de una nueva Argentina”. Un estudio del observatorio Pulsar, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), arrojó que el 54% de las 234.000 menciones que obtuvo el discurso del primer mandatario en redes sociales fueron positivas, mientras que sólo el 29% fueron negativas y, el resto, neutrales. Justamente, los temas de más impacto en las redes fueron «Pacto de Mayo», seguido por «Congreso», «clase política», «casta», «Baradel» -sindicalista del gremio de los trabajadores de la educación y dirigente opositor a Milei- y «enorme discurso».

Resulta evidente que el primer mandatario argentino no ha perdido la capacidad de fijar la agenda y establecer profundas conexiones con su electorado, y que justifica los ajustes para liberar al país de “la casta”. Por el momento, esta “guerra” vence las limitaciones del bolsillo. Sin embargo, cuando se agote el discurso contra los males del pasado, la sociedad demandará resultados concretos. ¿Llegarán antes los frutos del plan económico de Milei o el cansancio de la gente? Para el bien de todos los argentinos, esperemos que sea lo primero.

Elecciones en El Salvador: experiencias y retos

Las elecciones del domingo 4 de febrero marcaron un antes y un después en la vida política de El Salvador. Por un lado, a partir de la llegada del Presidente Nayib Bukele al poder en 2019, el país experimentó una serie de cambios profundos que sugieren un viraje en el rumbo, ante el agotamiento social a causa de la inseguridad y pobreza.

Medidas ampliamente criticadas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han señalado el debilitamiento del Estado de Derecho, violaciones a Derechos Humanos de manera sistemática, que califican de graves en el cumplimiento de la estrategia de medidas de prevención, control y respuesta a la criminalidad, pero, en contraste, han resultado de alta aceptación entre la población y que sin duda, ha marcado un una nueva configuración del poder, donde se ampliaron las capacidades del Ministerio Público, cero tolerancia ante la delincuencia y el establecimiento de medidas de centralización del poder en las decisiones públicas.

Estas decisiones pasaron por una reconfiguración estructural que propone modificar el status quo de las fuerzas políticas tradicionales del país centroamericano. Señalamientos que apuntan a la violación de derechos humanos, hostigamiento hacia los medios de comunicación y algunas organizaciones de la sociedad civil, son una constante en la agenda pública.

Después de los acuerdos de paz de 1992, es la primera vez que se lleva a cabo una elección en medio de restricciones por el régimen de excepción, que a la fecha se reserva a la ampliación de plazo de detención administrativa y a la intervención de comunicaciones de quienes se encuentren en el proceso de detención y puesta a disposición.  

Otra razón de cuestionamiento al proceso electoral es que, desde la vigencia de la actual Constitución de 1983, un presidente en funciones es inscrito como candidato a la elección consecutiva para el mismo cargo. Al respecto, la nueva Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia realizó una interpretación al texto constitucional donde permitió la reelección presidencial de forma inmediata hasta por una sola ocasión, aún cuando la Carta Magna lo prohíbe de forma expresa.

Es importante mencionar que la Asamblea Nacional destituyó a cinco jueces de la Sala Constitucional, lo que permitió que con la nueva integración pudiese recibirse la petición que hizo posible el registro de Bukele por un nuevo periodo, cuestión que a todas luces enrareció el proceso electoral, ya que esta acción constituye una seria amenaza al marco de certeza al proceso y que tanto la Organización de los Estados Americanos (OEA) como diversos organismos internacionales han señalado.

Ante este escenario, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acató la sentencia, registra a las candidaturas y organiza una elección, a la que se le añade una nueva reconfiguración legislativa, que reduce de 84 a 60 las curules a la Asamblea Nacional y que adopta al sistema D´Hont en lugar del Hare. El sistema D´Hont asigna escaños por promedio mayor en el registro de listas de los partidos políticos. El sistema anterior, utiliza un procedimiento de dividir el número de votos válidos entre los espacios a distribuir. Para el caso de los municipios, la reorganización administrativa reduce de 262 a 44 municipios. Se expidió la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, que regula la participación de la diáspora salvadoreña que reside en el extranjero.

Así, el domingo 4 de febrero se celebró la elección, donde se presentaron los candidatos de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Nuevas Ideas (NI), entre otros. El proceso comicial se desarrolló en paz tanto al interior como en las juntas receptoras de votación instaladas en 81 centros distribuidos en 29 países, donde despúes del cierre a las 17 horas, Nayib Bukele se proclamó ganador, y más tarde lo haría el TSE con la información capturada en poco más del 70% de la votación.

Entre los incidentes que manifiesta la oposición al Presidente Nayib Bukele, candidato de NI, fueron las condiciones dispares para el acceso a los recursos públicos para el financimiento de las campañas, donde además pudo observarse que la mayoría de estas se realizaron a través de las redes sociales.

Por otro lado, el TSE experimentó una problemática que consistió en fallos de conectividad de los centros de votación para la transmisión y publicación de resultados. No obstante esta situación, el TSE determinó proceder al escrutinio de los paquetes faltantes de la elección presidencial y la totalidad de la votación para diputaciones a la Asamblea Nacional. Bajo la premisa de garantizar el principio de certeza sobre los resultados electorales, la Fiscalía General, Procuraduría de Derechos Humanos y los vigilantes de los partidos políticos acompañaron el traslado de la paquetería hacia el Gimnasio Nacional en San Salvador para la instalación de 300 mesas escrutadoras.

Al anunciar los resultados, pudo observarse que participó el 57,2% del padrón electoral. El candidato y Presidente Nayib Bukele del partido Nuevas Ideas obtuvo el 82,6% de las preferencias, mientras que su más cercano competidor fue el izquierdista Manuel Flores del FMLN con el 6,2% de los votos, por su parte el derechista Joel Sánchez de Arena logró el 5,4% de los apoyos. Para efecto de la integración de la legislatura a la Asamblea, Nuevas Ideas obtuvo 54 asientos, el Partido Concertación Nacional (PCN) 2, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con una curul, dos curules para ARENA, y una diputación para el Partido Vamos (PV). De tal forma que, el partido que postula a Nayib Bukele contará con una amplia mayoría calificada.

Al declarar finalizados los escrutinios tanto de la elección del binomio presidencial como de las diputaciones a la Asamblea Nacional, el TSE informó que se brindaron las garantías necesarias para llevar a cabo el proceso de cómputos, donde partidos políticos y las misiones de observación internacional como Transparencia Electoral (TE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) conocieron del proceso, donde aún con la problemática originada por las constantes reformas legislativas y sentencias judiciales, hizo posible que la voluntad de las urnas se garantizara.

Para la jornada comicial del domingo 3 de marzo, se eligieron a las concejalías municipales y a la representación al Parlamento Centroamericano, donde la participación registró por debajo de la elección de febrero.

El partido de Bukele  obtuvo 13 escaños, mientras que la oposición obtuvo siete curules, mientras que para las alcaldías, el oficialismo y aliados obtuvieron 28 demarcaciones, mientras que 16 lo fueron para la oposición.

Resulta importante mencionar que la certeza de un proceso electoral se basa en generar insumos que abonen a la integridad electoral, donde actores y actoras políticas, autoridades, miembros de la sociedad civil y comunidad internacional, puedan brindar a la ciudadanía escenarios de confianza en los procesos.

Si bien es cierto El Salvador está viviendo una etapa de cambios de gran calado, es importante dotar a la autoridad electoral de la suficiente autonomía para llevar a cabo sus tareas de logística electoral, donde se definan específicamente las reglas y pueda garantizarse un proceso íntegro y competitivo. El método de elección de diputaciones a la Asamblea Nacional debe de contar con límites para la sub y sobrerepresentación y favorecer la integración de las minorías en el Congreso.

Por último, resulta importante garantizar que los medios de comunicación y la sociedad civil organizada puedan desempeñar su labor con las garantías de todo sistema democrático, ya que durante el proceso fueron notorias las quejas respecto al hostigamiento que reciben de parte de autoridades.

Atardeceres inseguros: movilidad urbana y la condena de las mujeres a quedarse en casa

En el marco del Mes de la Mujer, es imperativo abordar la desigualdad de género en la movilidad urbana, un aspecto crucial, pero a menudo pasado por alto en el diseño y planificación de las ciudades latinoamericanas y en las discusiones sobre desigualdad de género. Y es que la movilidad refleja las inequidades arraigadas en roles sociales asignados históricamente a hombres y mujeres ya que las ciudades son concebidas y construidas mayoritariamente por y para hombres, lo cual presenta desafíos significativos para las mujeres en su vida cotidiana.

Las mujeres realizan desplazamientos más complejos debido a la persistencia de roles tradicionales. Mientras los hombres realizan más trayectos lineales, típicamente del hogar al trabajo y de vuelta, las tareas domésticas y de cuidado imponen una carga adicional en la movilidad femenina, influyendo en la diversidad de sus viajes diarios. Por ello, en barrios vulnerables, es mucho más frecuente que por restricciones en la movilidad, las mujeres salgan menos del perímetro barrial que los hombres, empequeñeciendo su mundo.

La percepción de inseguridad de las mujeres

La percepción de inseguridad por parte de las mujeres en el espacio público y en los medios de transporte es una de las barreras que dificultan, tanto la experiencia de viaje como la vivencia del espacio urbano, llegando a limitar la autonomía, la libre circulación y el acceso a las oportunidades de educación, trabajo, cultura y esparcimiento que brindan las ciudades.

Según la encuesta «Ella se Mueve Segura» del CAF y la Fundación FIA en tres ciudades latinoamericanas, la mayor presencia de hombres, el hecho de viajar solas y la falta de luz del día incrementan su temor al momento de desplazarse. La violencia y el acoso están entre los principales problemas que sufren las mujeres en el transporte público. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la Ciudad de México, una de las urbes más habitadas de la región, se calcula que el 96% de este grupo ha sido víctima por lo menos una vez de estas agresiones.

Un nuevo estudio global de opinión pública sobre igualdad de género, seguridad y violencia de WIN divulgado recientemente para el Día de La Mujer 2024, explora las opiniones y creencias en 39 países y encuentra que la mitad de las mujeres encuestadas a nivel global se sienten inseguras al caminar solas de noche por su propio barrio.

Esta percepción de inseguridad es más frecuente entre mujeres jóvenes. Es interesante destacar que, si bien este tipo de inseguridad es un fenómeno que también afecta a hombres, lo hace en mucha menor medida. A nivel global un 26% de hombres contra un 46% de mujeres no se siente seguro o confiado cuando camina solo de noche por su barrio.

Al observar las cifras por región, vemos que en algunas zonas geográficas las mujeres se sienten más inseguras que en otras, destacándose América como el continente con mayor porcentaje de mujeres que así lo señala (64% comparado por ejemplo con Europa con un 45%). Por otro lado, algunos países de América Latina están entre los que registran mayores porcentajes de mujeres que declaran que no se sienten seguras o confiadas al caminar solas de noche por su barrio.

Del ranking de 39 países, los primeros siete puestos son ocupados por países latinoamericanos y todos los países de América Latina están por sobre el promedio global. La percepción de inseguridad vial alcanza en Chile al 83% de su población femenina, en México al 81%, en Ecuador al 75%, en  Brasil al 71%, en Argentina al 69%, en  Paraguay al 65% y en Perú al 64%. En Europa, Italia, Grecia e Irlanda registran el mayor porcentaje de mujeres manifestando sentirse inseguras y en Asia Pacífico, Malasia y Corea del Sur son los países con los porcentajes más altos.

¿Cómo se cuidan las mujeres?

Las mujeres han desarrollado tácticas cotidianas y estrategias de autocuidado para gestionar su seguridad, desde evaluar la vestimenta que usan, hasta evitar ciertos lugares u horarios, ir avisando vía mensajes o llamados a amigos o familiares en qué etapa del viaje están para sentirse acompañadas, llevar elementos de defensa personal, quedarse a dormir en casa de alguien para evitar el desplazamiento nocturno, evitar caminar, evitar transporte público y usar taxi entre otras medidas. 

En Argentina, en 2019, luego del femicidio de una adolescente de 17 años al volver a su casa a la salida de una discoteca, se hizo viral la campaña “Amiga, ¿llegaste?” que puso de manifiesto la red de contención y compañerismo que existe entre las mujeres que piden a sus amigas que se reporten al llegar por miedo a que les suceda algo en el trayecto que las separa del lugar del encuentro a sus hogares. La tecnología puede ser una aliada clave para mejorar la seguridad. Compartir la ubicación en tiempo real es una herramienta que se incrementa. Y muchas veces, frente al miedo, quedarse en casa es una opción.

Y por el lado de los servicios de transporte, son varias las mejoras posibles para incrementar la calidad de los viajes. Desde un menor tiempo de espera, paradas y estaciones cercanas al origen y destino o personal de seguridad durante el viaje, hasta  el establecimiento de rutas más directas. Otras sugerencias de los expertos incluyen que los conductores permitan a las mujeres descender de la unidad en cualquier punto del recorrido; ampliación de la red y todas las acciones referentes a las mejoras de seguridad en general como mejor iluminación, vigilancia etc.

Además aplicaciones de movilidad de transporte con horarios en tiempo real, alertas de servicio y rutas seguras, pueden reducir el tiempo de espera y proporcionar información vital para las mujeres. En Brasil, por ejemplo, se ha puesto en marcha en San Pablo una iniciativa inédita para que las mujeres dejen de esperar solas el autobús en mitad de la noche, llamada Abrigo Amigo, transformando las paradas en paneles táctiles capaces de hacer video-llamadas con una central de atención donde son atendidas por un equipo de mujeres formadas específicamente para saber cómo actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Resulta útil también la formación a choferes de transporte sobre acoso sexual y cómo prevenir y actuar ante esas situaciones. Recientemente, en distintos países de la región un app de viajes ha lanzado una iniciativa de sensibilización destinada a los choferes de su red para prevenir conductas inapropiadas por parte de los mismos con el objetivo de sensibilizar a los conductores sobre las conductas y comentarios que pueden resultar incómodos o molestos para las usuarias.

Las mujeres se sienten más seguras cuando la conductora del servicio público es mujer. Sin embargo, en América Latina, una gran cantidad de mujeres no tiene licencia para conducir y la edad en que la adquieren es mayor que la de los hombres. De este modo, posiblemente también les cueste más imaginarse en roles profesionales vinculados al manejo.

En este contexto, es esencial que los gobiernos nacionales y locales promuevan una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre movilidad. Su conocimiento único sobre seguridad, infraestructura y modos de transporte puede contribuir a una planificación más inclusiva y segura.

En el mes Internacional de la Mujer, un llamado resuena: que la puesta del sol no mande a las mujeres latinoamericanas a quedarse en casa.

Militarismo, militarización y civiles 

La erosión democrática no solo implica el ascenso de líderes populistas, bajos niveles de participación en las elecciones y el respaldo a personajes autoritarios. Hay una variable que cada vez es más visible en varios países latinoamericanos, y es la predominancia de los militares sobre el poder civil. 

Antes de entrar en materia, es necesario diferenciar entre dos conceptos: la militarización, entendida como el crecimiento de la presencia militar en actividades que históricamente correspondían a los civiles, y el militarismo, la doctrina de algunas naciones para hacer valer su interés nacional a través de la fuerza sobre los recursos naturales o algún otro país. En este texto me referiré al concepto de militarización.

En perspectiva histórica

Los militares en la historia de América Latina tienen una suerte de doble rostro. Durante el siglo XX generales gobernaron países e impulsaron programas desarrollistas nacionalistas, como Juan Domingo Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, Jacobo Arbenz en Guatemala o Lázaro Cárdenas en México. Son vistos como símbolos de la soberanía latinoamericana y voces antiimperialistas de la región. 

Por otro lado, las fuerzas armadas también han sido vistas con temor debido a los golpes de estado que se suscitaron en varias naciones como Chile con Augusto Pinochet, Paraguay con Alfredo Stroessner, Bolivia con Juan José Torres o el Perú con Francisco Morales Bermúdez. Estas figuras han sido vistas como símbolo de la represión y de la influencia de Estados Unidos en la región, aunado a las persecuciones y represiones que se llevaron a cabo, como la Operación Cóndor. 

Sin embargo, durante la tercera ola de democratización, de acuerdo con Samuel Huntington, las fuerzas armadas fueron sometidas al poder civil luego de las transiciones a la democracia que se dieron. Si bien nunca se han ido del escenario político y juegan un papel de equilibrio dentro del sistema, esto ha permitido que la mayoría de naciones mantengan la estabilidad política. 

A lo largo del siglo XXI una nueva generación de presidentes llegó al poder, militares y guerrilleros como Hugo Chávez en Venezuela (1999-2012), Daniel Ortega (2006-actual) en Nicaragua y la dictadura de los hermanos Castro en Cuba (1959-2019). En estos casos los ejecutivos provenían de la lucha armada; por lo tanto, los militares se identificaban con sus proyectos, y además los ejércitos fueron politizados y dejaron de lado su imparcialidad para adherirse a un proyecto político específico.

Un fenómeno contemporáneo

Empero, recientemente se ha presentado un fenómeno nuevo, que consiste en que los presidentes civiles doten de mayores funciones a las fuerzas armadas. Por ejemplo, en Centroamérica la presidenta hondureña Xiomara Castro ha militarizado la Seguridad Pública intentando replicar el método de mano dura contra las pandillas de El Salvador y así reducir los altos índices de criminalidad. Este caso específico resulta paradigmático al ser un gobierno de izquierda, que tiende a apostar por el fortalecimiento de cuerpos no castrenses. 

Al oeste, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele no solo ha militarizado la seguridad sino que las fuerzas armadas han sido utilizadas para ejercer presión sobre la oposición, por ejemplo, cuando esta se negaba a aprobar su plan para el combate al crimen. Se trata de un caso inédito porque en los anales históricos son los militares quienes presionan al presidente en funciones para que deje el poder y no el ejecutivo en turno quien presiona a los congresistas. 

La relevancia que han cobrado los militares en el país centroamericano muestra que existe un crecimiento exponencial del poder de las fuerzas armadas no solo en funciones, sino en violaciones a los derechos humanos, y un incremento en materia económica para que cumplan sus funciones. Las fuerzas armadas se han convertido en un pilar del régimen punitivo salvadoreño en el cual Bukele mantiene el control. 

Más al sur, en el Ecuador, el presidente Daniel Noboa enfrenta una crisis de inseguridad que se acompañó de actos terroristas luego de que criminales asaltaron canales de televisión y universidades y asesinaran a personal penitenciario. El mandatario optó por decretar el estado de excepción y que los militares se hicieran cargo de la seguridad para hacer frente a esta situación.

Como podemos ver en estos casos, las fuerzas armadas han sido utilizadas para hacer frente a la ola de violencia que azota a las naciones. Sin embargo, el crecimiento de la presencia castrense en la seguridad pública puede generar mayores problemas para el poder civil al tomar en cuenta que la historia de Centro y Sudamérica está marcada por la presencia de estos en varias esferas de la vida pública. 

La utilización de las Fuerzas Armadas en México

Finalmente, el caso mexicano es preocupante porque la historia política del país está basada en la despolitización del ejército desde 1945, cuando las fuerzas armadas fueron excluidas del entonces partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional. Los militares han sido un equilibrio en el sistema político. Si bien durante la era del partido hegemónico (1929-1997) se utilizaron como cuerpo de seguridad para sofocar manifestaciones obreras, estudiantiles o sindicales, nunca rompieron con el orden constitucional.

Durante la transición y la era de gobiernos divididos (1997-2018) al ejército no se lo había dotado de otras funciones más que las castrenses, y a partir de 2006 se encargaron de apoyar labores de seguridad pública. A partir del 2018, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los ha dotado de mayores facultades. 

El ejército se encarga de la vigilancia de las aduanas y de la detención de migrantes en la frontera, construyen obras como aeropuertos, refinerías y trenes, entregaron vacunas para combatir la pandemia de Covid-19, reparten los libros de texto y administran proyectos de infraestructura. Ahora bajo la administración lopezobradorista, las fuerzas armadas han cobrado un papel más relevante, lo cual genera una preocupación: ¿podrá alguien quitarles el poder y estarán dispuestos a cederlo?

La región vive tiempos de malestar con la democracia, pero también la creciente militarización es una alerta para todos los países. Dotar de poder a los militares es desconocer la historia política de la región, pero también puede ser leído como una acción autoritaria por parte de algunos políticos que intentan blindar un proyecto político específico. La literatura en este ámbito suele ser escasa, pero la coyuntura política nos obliga como cientistas sociales a analizar este nuevo fenómeno que se desarrolla en varias naciones. 

Claroscuros de las plataformas sociodigitales en México

Las plataformas sociodigitales e Internet ya están acopladas a la vida cotidiana; han encontrado sus espacios y participan de manera estratégica en diversas actividades diarias como la comunicación interpersonal o la relación entre gobiernos y ciudadanía, por mencionar algunos ejemplos. En nuestro caso, cobra relevancia las singularidades de su uso en el terreno político pues desde la segunda década del siglo XXI las plataformas sociodigitales e Internet se han integrado aceleradamente tanto en las campañas electorales como en los procesos de comunicación gubernamental.

Lo anterior significa que partidos, políticos y gobiernos, independientemente del proyecto político-ideológico que impulsen, han adoptado y adaptado los recursos tecno-info-comunicativos para establecer una relación más estrecha con los ciudadanos y cumplir con sus funciones sustantivas dentro de los sistemas de gobernanza. En el caso mexicano, particularmente en la elección presidencial de 2018, estos recursos cobran relevancia pues no solo fueron estratégicos durante las campañas por llegar a la silla presidencial, sino que además se han convertido en canales predilectos de información y difusión de las acciones hechas en el marco del proyecto denominado la Cuarta Transformación (4T), encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su discurso de victoria en 2018, AMLO reconoció que «las benditas redes sociales» fueron estratégicas para amplificar su discurso político y multiplicar la difusión de su proyecto de nación. Esta frase alberga un cambio estructural en términos comunicativos de grandes magnitudes que hoy obligan a los estudiosos de la Comunicación Política en México a mirar no sólo los resultados, sino los procesos que de ella emanan.

Las redes sociales y la política

Si bien, los antecedentes analíticos de la relación entre redes sociales y política ya se encuentran en las campañas de Obama de 2008 en los Estados Unidos, la distancia temporal con el caso mexicano responde no sólo a las brechas digitales existentes, sino a su integración progresiva por parte de los actores políticos quienes gradualmente empezaron a aparecer en las plataformas sociodigitales y a hacer figurar éstas en sus estrategias de comunicación en campañas electorales.

¿Cuál ha sido el efecto de la incorporación del uso instrumental de las redes sociales en la cultura política mexicana? ¿De qué manera el creciente protagonismo de las nuevas herramientas mediáticas tiene efectos particulares en la forma de entender la política y participar en ella?

Internet y las plataformas sociodigitales generan una fractura en el ecosistema mediático que obliga a repensar las perspectivas analíticas de la comunicación política. Esta innovación tecnológica se impone como un nuevo espacio y medio que disputa el ingreso económico de la difusión de los spots políticos. En términos comunicativos, las plataforma sociodigitales ofrecen a los actores políticos la posibilidad de que sus mensajes lleguen a grupos cada vez más específicos, que en el caso de medios como la televisión sigue siendo ambigua por su incapacidad de extraer información de sus audiencias en tiempo real. Esto obliga a estos actores a producir su mismo mensaje en múltiples formatos con el fin de establecer un vínculo ideológico y emotivo con sus respectivos grupos de interés. De esta manera hay políticos que difunden videos de sus campañas en Facebook, inician discusiones en Twitter y replican las tendencias en Instagram; todo ello con el fin de hacerse presentes y mantenerse en la mente de cada potencial votante. Esto ha llevado a ver la espectacularización y personificación de la política.

Por otro lado, los usuarios tienen la posibilidad de «incrementar» su participación en tiempos electorales pues a la par de su capacidad de consumir los mensajes políticos, pueden contribuir a su alcance mediante su capacidad de gestionar los flujos de información e incluso de participar en la producción y resignificación de dichos mensajes.

El uso de estos instrumentos de comunicación también produce una dilatación del debate político y la participación ciudadana, algo especialmente notable durante la llamada “Cuarta Transformación” del gobierno de AMLO, cuando estos elementos no sólo han permitido que se creen de forma exponencial canales y «medios» que defienden esta administración, sino que a la par ha decantado en la permanente politización de la vida cotidiana.

El discurso del presidente

Así, la experiencia de también llamada “4T”, recibe el apoyo y defensa constante de sus simpatizantes, quienes replican el discurso emanado desde el poder de AMLO, multiplicando su alcance mediante la lógica reticular que yace en estas plataformas. Investigaciones previas apuntan cómo los usuarios diseñan y emplean mecanismos para fortalecer sus redes y con ello coordinar sus acciones de índole comunicativa e incrementar su impacto en la esfera pública digital. Todo ello conlleva a que el proyecto político lopezobradorista haya sabido aprovechar la arquitectura de Internet para construir un flanco de ataque indirecto y sutil a grupos opositores y al ecosistema mediático que hoy forman parte de esos contrapesos ideológicos que cuestionan la hegemonía de dicho proyecto.

En otras palabras, el oficialismo actual ha sabido aprovechar de mejor manera estos recursos pues no solo ha construido una base sólida de usuarios-operadores que no escatima tiempo ni voluntad en defender a AMLO y la 4T, sino que a la par ha evidenciado la incapacidad de la oposición de adherir a más ciudadanos a su proyecto político dentro del espacio digital.

Semejante instrumentalización de las redes sociales también proyecta una sombra institucional sobre la futura calidad de la comunicación política democrática en México. Las lógicas de interacción de las comunidades en Internet formadas alrededor de la política mexicana alimentan dinámicas que constantemente apelan a la lucha y exacerban el conflicto. Se genera así una conformación discursiva y simbólica que sobre-enfatiza una insistente lucha por nombrar al enemigo político e imputarle los problemas del pasado reciente. Es esta lógica clásica de la diferenciación lo que ha permitido que la polarización se exacerbe en los tiempos de la 4T.

La instrumentalización política de las redes sociales también se expresa en la multiplicación de perfiles cuyo comportamiento sociodigital se asemeja a una potencial cuenta falsa que aprovecha el marco de la descorporización de la participación ciudadana para estimular de manera artificial tendencias, conversaciones o ataques. Así, el contexto de la 4T ha sido fértil para que cualquier opositor pueda ser objeto de un ataque virtual masivo, todo depende de que sea lo suficientemente transgresor para aparecer en las mañaneras y ser nombrado por AMLO para desatar la indignación digital. Tierra fértil para que surjan nuevos actores que intervienen en la opinión pública y pasen a desplegar mecanismos que pueden ser usados desde o contra el poder.

La preocupación más importante de este contexto es la erosión de la esfera y la opinión públicas. La polarización, aunque siempre ha existido, cobra relevancia en tiempos de la comunicación política digital porque se vuelve un recurso que desgasta la sociabilidad y promueve la fragmentación social. Por si fuera poco, la lógica reticular de Internet puede deteriorar el debate público pues los algoritmos moldean los flujos de información para acentuar una posición, generando así bucles de retroalimentación afirmativas que al colisionar con otras comunidades exacerba la polarización. Ello genera que el espacio común alimentado por las plataformas sociodigitales en realidad pase a estar fragmentado y en permanente conflicto. El resultado de esto es una clara erosión de la cultura política pluralista y democrática pues las formas clásicas de [re]producción de sentido y comunidad están reconfigurándose como consecuencia de las innovaciones info-tecno-comunicativas del presente común. En conclusión, Internet y las plataformas sociodigitales irrumpen en el ecosistema mediático y penetran en las formas empíricas de la comunicación política, lo cual abre un campo enriquecedor para el análisis de las formas de entender y explicar el ensamblaje entre la comunicación y la política bajo un profundo proceso de digitalización.

Texto presentado en el marco del acuerdo entre WAPOR Latinoamérica y la Revista Mexicana de Opinión Pública

El Canal de Panamá sufre la crisis ambiental

Durante la segunda mitad del año 2023, la falta de agua para el normal funcionamiento del Canal de Panamá, así como las pérdidas por la reducción en el paso de buques han dominado los titulares, saltando a la palestra pública el fenómeno atmosférico y oceanográfico de El Niño como una de las mayores amenazas para la seguridad nacional. Pero el vínculo entre el deterioro ambiental y la economía del país no es una preocupación nueva y ha estado presente en la agenda nacional desde los 70’. Incluso, la propia institucionalidad ambiental panameña recibió su mayor impulso a raíz de la preocupación por el futuro del Canal de Panamá, gestándose sus orígenes a orillas del Embalse de Alajuela y a la sombra del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).  A pesar de los esfuerzos, el fraccionamiento y la marginalización de la gestión ha persistido, a tal punto que nos encontramos ante las peores proyecciones de los últimos cincuenta años.

Aunque Panamá ha carecido históricamente de una institucionalidad ambiental adecuada, el país depende de sus recursos naturales y en especial de su extraordinaria abundancia de recursos hídricos que sustentan el funcionamiento del canal, pero también la producción de alimentos para la exportación y el abastecimiento nacional, la generación de energía hidroeléctrica que hasta hoy domina la matriz energética, y el suministro de agua potable para la población.

Un problema histórico

Hasta mediados del siglo XX, los recursos naturales, incluyendo los bosques y el agua, no se consideraban factores limitantes para el crecimiento económico. Sin embargo, el avance de la frontera agrícola, la migración de personas hacia las áreas urbanas e incluso los procesos globales de contaminación y cambios en los patrones climáticos han causado un deterioro creciente del medio ambiente que hoy día amenaza la sostenibilidad económica y social del país.

La actual administración del presidente de Laurentino Cortizo, reconoció desde el inicio el grave desafío en materia ambiental y en especial la necesidad de asegurar el agua necesaria para el funcionamiento del Canal. Con la elección de un nuevo administrador para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se reafirmó la propuesta de un nuevo embalse sobre el Río Indio al oeste del Canal así como la posible interconexión con el Embalse de Bayano en Panamá Este.

Pero por otro lado, el Gobierno enfrió los esfuerzos que se habían adelantado en el gobierno anterior de Juan Carlos Varela (2014-2019) por avanzar con el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050; incluyendo la adopción de medidas urgentes para enfrentar el estado de emergencia que se declaró con el pasado episodio de El Niño entre 2015-2016.

De todas maneras, el Canal de Panamá sigue siendo autónomo y de interés nacional, lo cual le otorga una inusitada amplitud para operar por encima de las diferencias políticas. Muestra de ello ha sido el consenso político ante la propuesta de represamiento del Río Indio en la actual campaña electoral y las reiteradas veces en las que se ha propuesto ampliar el mandato de la ACP más allá de la operación de la vía interoceánica. De hecho, durante la administración de Juan Carlos Varela del Partido Panameñista (2014-2019), incluso se autorizó a la ACP para emprender estudios hídricos sobre el aprovechamiento de agua en cuencas muy distantes de la vía canalera como los ríos La Villa, Perales, Parita y Santa María.

Consecuencias en el canal

Desde que se inauguró la ampliación del Canal en 2016 y hasta el año 2023, cuando se presentó uno de los episodios más severos del fenómeno de El Niño; el número de tránsitos por año había seguido una tendencia similar a la de los últimos veinte años.  A pesar de ello. y gracias a las nuevas esclusas, el tonelaje había estado aumentando de manera muy rápida hasta 2021 respondiendo a la mayor capacidad de transporte de carga que tenía la nueva generación de buques Neo-Panamax, que empezaron a cruzar la vía interoceánica al inaugurarse la ampliación.

Si bien resulta difícil evaluar si la caída tanto de tránsitos como de tonelaje en 2023 e inicios de 2024 impactará las tendencias a largo plazo; resulta evidente que el suministro de agua ha sido reconocido como un factor importante para la operación del Canal a largo plazo. Igualmente hay que destacar que esto ha afectado tanto a los buques Panamax como Neo-Panamax lo que puede afectar aún más la cantidad de tonelaje en el futuro.  La reducción de tránsitos por el Canal también está teniendo repercusiones en el comercio y la economía mundial añadiéndose a las incertidumbres que han afectado al comercio marítimo mundial durante los últimos años.

Además de las potenciales pérdidas económicas y restricciones de tránsito derivadas de la escasez de agua, la ciudadanía está sufirendo el suministro irregular de agua potable, especialmente en la Provincia de Panamá Oeste. En abril del 2023, las protestas por la falta de agua dominaron los titulares del final de la temporada seca, lo que afianzó la opinión de los técnicos de la ACP en cuanto a la necesidad de aumentar el suministro con las iniciativas de Bayano y Río Indio.

Pese a la inestabilidad generada por la falta de agua y de otros servicios básicos, el Gobierno no ha propuesto una solución integral a esta problemática más allá de la finalización de obras de infraestructura y la esporádica reducción en el consumo. En consecuencia, este será un punto prioritario de la agenda de la próxima administración que asuma en julio de 2024.

Además, gran parte de la ciudadanía percibe que el Ministerio de Ambiente y las demás instituciones del Estado no tienen la capacidad para responder a los problemas ambientales, según los resultados de la encuesta de CIEPS sobre la desconfianza hacia las instituciones estatales. En materia ambiental, esto es particularmente grave dado que la mayoría de los ciudadanos (93.3%) identifican el cuidado ambiental como la principal característica para ser un buen ciudadano. La falta de respuesta del Ministerio de Ambiente a cualquier nivel (local, provincial, o nacional), ha despertado un fuerte rechazo hacia la institución que se ha canalizado principalmente en las manifestaciones en las calles, medios de comunicación y redes sociales.

Como respuesta, durante este periodo se ha aumentado la coordinación entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio Público (fiscalías ambientales) y la Policía Nacional con la contratación de funcionarios, la apertura de nuevas oficinas e inversión en infraestructuras. Pese a ello, los resultados no han sido alentadores, pues todo parece indicar que el tráfico de vida silvestre, la frontera agrícola y el deterioro de la calidad ambiental siguen avanzando, sobre todo en zonas urbanas, vertederos y áreas mineras.

Hasta el momento, ninguna de las anteriores administraciones ha dado respuesta a la preocupación ciudadana sobre el destino del Ministerio ni del Sistema Interinstitucional del Ambiente (SINIA) que debería garantizar una gestión intersectorial. Esto resulta angustiante frente a crisis coyunturales como el actual evento de El Niño, y retos globales como el Cambio Climático, los contaminantes orgánicos persistentes y la erosión de la biodiversidad.La actual crisis impactará significativamente en la economía nacional por la disminución del tránsitos en el canal, pero para los residentes de La Chorrera y otras poblaciones de Panamá Oeste la falta de agua se ha convertido en la nueva normalidad. Y de aquí a pocos años, es probable que el agua no sea suficiente para abastecer a la creciente mancha urbana que se extiende desde la capital.

El cambio climático también provoca migración

Las migraciones provocadas por inundaciones, incendios forestales y sequías en países como Brasil, Argentina y Chile o la necesidad de reubicar a poblaciones costeras por la subida del nivel del mar, como ocurre en la Costa Atlántica y Pacífica de Panamá, son algunos de los ejemplos de movilidad humana en el contexto del cambio climático en América Latina.  

En la región, así como en el resto del mundo, el cambio climático se agrava y provoca importantes daños en todas las esferas, así lo ha alertado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los mayores niveles de hambre e inseguridad alimentaria, el aumento de diversas enfermedades y la pérdida global de biodiversidad obligan año a año a millones de personas a abandonar sus hogares.

El cambio climático tiene efectos desiguales y afecta con más intensidad a los países del Sur global, más expuestos y vulnerables a sus impactos. Además, la capacidad de estos países para enfrentar y recuperarse de sus efectos adversos es limitada, debido a factores como la pobreza y la desigualdad, la mayor presencia de conflictos, la escasez de recursos económicos y humanos, y la fragilidad institucional.

América Latina representa sólo el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero es un territorio altamente vulnerable al cambio climático. En la región, este fenómeno impacta sobre las migraciones y particularmente en los desplazamientos internos. De acuerdo con el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés), sólo en 2022 se registraron 2.1 millones de desplazamientos internos por desastres en las Américas.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a los desastres, después de Asia y el Pacífico. En el periodo 2000-2022, más de 190 millones de personas se han visto afectadas por desastres como inundaciones, tormentas, terremotos, derrumbes y sequías. Este es un fenómeno histórico, cuyos efectos se agravan por factores de riesgo como la pobreza, las desigualdades, el hambre, la inseguridad alimentaria, las crisis económicas y la inestabilidad política. Pero a estos factores se suman la creciente degradación ambiental y el cambio climático, así como el alto número de personas que viven en asentamientos informales en las metrópolis del mundo en desarrollo.

De acuerdo con proyecciones del Banco Mundial, para 2050 el cambio climático podría provocar 216 millones de migrantes internos por motivos climáticos en seis regiones: África al sur del Sahara; Asia oriental y el Pacífico; Asia Meridional; Norte de África; América Latina; y Europa Oriental y Asia Central. Los escenarios más pesimistas para el clima, estiman que 17 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse a consecuencia de los efectos del cambio climático en América Latina hasta 2050.

Las actuales cifras sobre migraciones climáticas y las proyecciones para las próximas décadas llevaron a la directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, a afirmar en septiembre de 2023 que “hemos entrado oficialmente en la era de la migración climática”. La OIM define este fenómeno como el «desplazamiento de una persona o grupos de personas que, predominantemente por razones de cambio repentino o progresivo del medio ambiente debido al cambio climático, se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, o deciden hacerlo, temporal o permanentemente, dentro de un Estado o a través de una frontera internacional». La migración climática es, por lo tanto, una subcategoría de la migración ambiental, pero para comprender sus reales características y efectos es necesario superar visiones reduccionistas y alarmistas.

Como muestran los estudios migratorios, la movilidad humana es un proceso complejo e impulsado por diversas causas que el cambio climático puede reforzar, acelerar o agravar. En este sentido, la necesaria atención sobre el cambio climático como factor indirecto y muchas veces directamente asociado a las migraciones -de carácter interno e internacional- no puede ni debe ocultar las fuerzas de naturaleza económica, política y social que están detrás de la movilidad humana.

Al final de cuentas, factores como la pobreza, las desigualdades, la escasez de alimentos y recursos, la urbanización y la falta de empleo continúan siendo grandes propulsores de desplazamiento de población y no es casualidad que sean las poblaciones del Sur global las principales desplazadas por este fenómeno. Sin embargo, en un mundo en el que la movilidad humana es una estrategia deseada, pero no está al alcance de todos, la inmovilidad forzada y la existencia de poblaciones atrapadas en sus lugares de origen constituyen una mayoría silenciosa.

La necesaria mirada científica sobre las migraciones, el reconocimiento de que existen estrategias de adaptación al cambio climático y que sus efectos muchas veces pueden ser prevenidos y mitigados con políticas adecuadas, no deben evitar que discutamos un tema que merece plena atención. La relación entre medio ambiente, cambio climático y migración está presente en la Agenda 2030, en los Pactos mundiales sobre Migración y Refugio y en instrumentos específicos como la Iniciativa Nansen, el Marco de Acción de Sendai y los Principios de Península sobre el desplazamiento climático dentro de los Estados, por citar sólo algunos casos. A nivel global existe también un importante movimiento para obtener una ampliación de la definición de refugio que reconozca las causas ambientales y climáticas que motivan este proceso.

En América Latina, colectivos como la RESAMA (Red Suramericana de Migraciones Ambientales) trabajan desde hace más de una década en visibilizar esta realidad y han permitido la formulación de evidencia científica y recomendaciones de políticas públicas. Existen también iniciativas como los visados humanitarios para personas desplazadas por desastres de Brasil y Argentina, mientras que en Colombia un reciente proyecto de ley (N. 299/2022C) busca reconocer de forma pionera el desplazamiento por causas climáticas. Hay también un significativo esfuerzo regional para que se realice una nueva lectura de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984 que incluya las causas ambientales de este fenómeno.

Sin embargo, a la hora de discutir las migraciones climáticas no se debe olvidar la responsabilidad que tienen los Estados frente al cambio climático ni los desiguales efectos que este fenómeno provoca a nivel mundial, con énfasis en los países del Sur. En otros términos, no es posible llevar a cabo negociaciones climáticas globales ni discutir seriamente sus impactos sobre la movilidad humana sin reconocer los vínculos de este fenómeno con la falta de justicia social y ambiental. En una región como América Latina, caracterizada por enormes desigualdades y crecientes niveles de injusticia multidimensional, este debería ser el punto de partida.

Perú vuelve a tener un congreso bicameral

Hace unos días el Congreso peruano nos sorprendió con la aprobación del retorno a la bicameralidad, es decir a un poder legislativo de dos cámaras, estructura legislativa con larga historia en este país que fuera suprimida en la reforma de 1993 impulsada por el entonces presidente Fujimori. La reforma institucional que nos ocupa ha estado de hecho en la agenda legislativa de manera recurrente, aunque sin éxito, desde que se aprobara la unicameralidad. No es éste, sin embargo, el tema con el que Perú ha escrito titulares internacionales en los últimos tiempos. Más bien lo ha sido la alta inestabilidad política desde 2016, con cuatro presidentes destituidos o renunciantes frente a la amenaza de destitución por parte del congreso, en un escenario de relaciones entre poderes de alta conflictividad. Perú se convirtió en el espejo de la inestabilidad que podría amenazar a otros presidentes de la región que gobiernan con congresos fragmentados y escenarios de alta polarización política. En un contexto de liderazgo presidencial débil, el congreso aprobó un cambio fundamental en su estructura con potencial gran impacto para el funcionamiento del sistema político. Nos interesa discutir aquí por qué se aprobó, qué se aprobó y cuál sería su efecto.

Qué implica la reforma

El pasaje a la bicameralidad incluye la creación de una segunda cámara legislativa, el Senado, que estará compuesto por (al menos) 60 miembros, y una cámara de diputados de (al menos) 130, ambos elegidos por cinco años y con la posibilidad de reelección inmediata. Con esta reforma, el congreso actual ha dado una muestra renovada de su poder, de una vocación expansiva que no sólo ha resaltado con las mencionadas destituciones presidenciales, sino también con la polémica inhabilitación en el ejercicio de la función pública a autoridades del sistema de justicia.

De hecho, la reforma progresó –superando los requerimientos constitucionales de dos lecturas, con una primera votación en noviembre y otra el pasado 6 de marzo– con mayorías que superaron los dos tercios de congresistas, a pesar de que, de acuerdo con la encuestadora de Ipsos, el 80% de la población tiene una valoración negativa del congreso. Asimismo, en el 2018 los peruanos habían votado por la prohibición de reelección parlamentaria inmediata y rechazado la propuesta de bicameralidad en un referéndum promovido por el entonces presidente Vizcarra. Estos votos ilustran el desapego popular con sus representantes. 

Los argumentos a favor de la reforma fueron los clásicos de la bicameralidad, es decir, que dos cámaras mejoran la deliberación y permiten una división del trabajo. En efecto, el modelo unicameral instaurado en 1993 había mostrado sus límites en cuanto a falta de deliberación, frecuentes exoneraciones de trámites de comisiones o de segunda votación, un número elevado de leyes aprobadas por insistencia legislativa, sólo una mayoría absoluta para vencer el veto presidencial. Incluso había logrado el penoso récord de aprobar proyectos de ley en un día.

¿Será que el nuevo congreso resulta tan poderoso como su proponente? Dividir el trabajo puede conllevar a dividir el poder. Aunque el sistema legislativo propuesto no es totalmente simétrico, el Senado no sería una cámara irrelevante. Es verdad, sólo los diputados cuentan con iniciativa legislativa e inician el procedimiento de aprobación de leyes, pero el Senado revisa, aprueba, modifica y rechaza. Los diputados investigan, interpelan, censuran a los ministros. Los senadores designan y remueven altas autoridades, controlan los actos normativos del Ejecutivo. Y dado que los senadores serán mayores que los diputados (45 años a 25 de edad mínima), además de la división de tareas, los legisladores parecen haber apuntado a crear incentivos de comportamiento diferente. En resumen, quizás el congreso actual votó inintencionalmente por su propio control. 

¿La división del congreso vuelve más estable al ejecutivo?

La respuesta institucional de volver a la bicameralidad sugiere que sí, pero tenemos dudas. Por un lado, se ha eliminado el voto de confianza que debía solicitar obligatoriamente cada gabinete al inicio de su gestión y lo exponía de entrada al potencial rechazo por parte de un congreso adverso. Pero se mantiene el voto de confianza que puede presentar el gabinete en cualquier momento por alguna política y que diera lugar a la disolución del congreso en 2019. El texto también mantiene la facultad del presidente de disolver la cámara de diputados si ésta censura o niega la confianza a dos gabinetes, aunque es interesante que el Senado seguirá en funciones en caso de crisis política, proveyendo cierta continuidad institucional.

Por otro lado, las dos cámaras deben ponerse de acuerdo frente al juicio político al presidente: los diputados acusan al presidente (y otros funcionarios) por infracciones a la Constitución y los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; los senadores pueden suspender, destituir e inhabilitar para el ejercicio de la función pública a los acusados. Sin embargo, la redacción no estipula con qué mayorías. Asimismo, la vacancia por permanente incapacidad moral sigue vigente y siendo declarada por el Congreso. Los futuros reglamentos de ambas cámaras deberán desarrollar como participan los diputados y senadores en este proceso.  

En este contexto, la bicameralidad puede tener consecuencias positivas para el control mutuo entre poderes, una mayor deliberación y las carreras políticas. Asimismo, el poder ejecutivo seguirá sujeto a la responsabilidad política, pero frente a la cámara baja, y no a todo el congreso, lo que sugiere mayor estabilidad o continuidad. En el juicio político las cámaras tienen funciones diferentes. Sin embargo, quedaron pendientes temas importantes que esta reforma no resuelve.

Por un lado, la fragmentación y el transfuguismo parlamentario, reflejo de los problemas de representación política, no fueron aludidos. En 2020, nueve partidos lograron representación parlamentaria, y en 2021 diez. Perú Libre, el partido ganador en 2021 con 28% de escaños, actualmente tiene 8%. Desincentivar el transfuguismo y evitar que los renunciantes formen nuevos grupos parlamentarios es una tarea pendiente.

Por otra parte, recientemente se restableció el voto preferencial, pero esta reforma dejó pendiente el diseño de las circunscripciones para los diputados (actualmente los 130 congresistas se eligen en 27 circunscripciones, incluyendo la de peruanos en el exterior) y, en el caso de los senadores, también debe precisarse la norma constitucional, la cual dispone la elección de uno por cada circunscripción electoral, y los restantes por distrito único electoral nacional.

En suma, Perú retorna a la bicameralidad con temas pendientes y con la estabilidad política dependiendo más de sus políticos que de la reforma.

Dos modelos económicos socialistas: Cuba y China-Vietnam ¿Cuál es más eficiente?

Después del colapso del comunismo en la URSS y los países de Europa Oriental, han quedado en el mundo cinco sistemas económicos socialistas bajo el control del Partido Comunista: China, Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam. Excluyendo a Corea del Norte y Laos, por falta de información estadística, nos quedan tres países con dos modelos económico-sociales distintos. Uno es el plan central de Cuba y de grandes empresas estatales dominantes sobre el mercado y la propiedad privada, con tímidas e incompletas reformas orientadas hacia el mercado que han sido incapaces de generar crecimiento económico, todo lo contrario (Corea del Norte sigue este modelo pero sin reformas). El otro es el «socialismo de mercado» chino-vietnamita donde las pequeñas, medianas y algunas grandes empresas privadas y el mercado predominan bajo un plan descentralizado (una especie de guía para el desarrollo), mientras que el Estado regula la economía y controla a las empresas más grandes (Laos también sigue este modelo). En este marco, la participación del sector estatal en el producto interno bruto (PIB) ha disminuido significativamente en China y Vietnam: 27% y 31% en 2019 respectivamente, pero en Cuba se mantiene en el 91%.

Para hacer una comparación adecuada entre los dos modelos (y los tres países) hay primero que atacar el problema de características diversas que pudieran impedir aquella. Por ejemplo, el territorio chino es 86 veces el tamaño del cubano y su población 123 veces la cubana. Además, el embargo estadounidense contra Cuba ha sido más largo que el que sufrió Vietnam. Pero al examinar numerosos indicadores, entre ellos, los demográficos, el índice de desarrollo humano, etc., se encuentra que la mayoría de ellos son similares en los tres países.

Además, países pequeños, tanto en superficie como en población, como Suiza, Países Bajos, Dinamarca y Estonia han tenido éxito en alcanzar niveles muy altos de desarrollo humano a pesar de tener una superficie territorial inferior a la mitad de la de Cuba. Por último, Vietnam bajo el embargo estadounidense, inició el proceso de reforma. Se puede concluir que los indicadores divergentes no son un obstáculo y, por lo tanto, los modelos y los países son comparables.

Las principales políticas económicas

Las cinco políticas económicas principales de los dos modelos son: la propiedad de los medios de producción y el papel del mercado frente al plan; la reforma agraria; el proceso de industrialización; el empleo y el desempleo; y la unificación monetaria y cambiaria. Un análisis comparativo detallado demuestra que las políticas chino-vietnamitas han sido más efectivas que las cubanas.

Por ejemplo, la reforma agraria de China-Vietnam dio libertad al productor agrícola para producir lo que desease, venderle a quien quisiese y fijar los precios por la oferta y la demanda; esto eliminó las frecuentes hambrunas en China e hizo a este país virtualmente autosuficiente en alimentos, mientras que Vietnam se convirtió de importador a exportador de alimentos, y hoy es el segundo mayor exportador mundial de arroz.

Por el contrario, en Cuba el Estado influye en que cosecha producir, obliga al productor agrícola a venderle parte de la cosecha (hasta 70%) y fija el precio de venta por debajo del precio de mercado. Como resultado, la producción agrícola cubana ha caído en picado, la isla tiene que importar US$2.000 millones en alimentos y sufre un agudo desabastecimiento.

Otro efecto similar ha sido la unificación monetaria y cambiaria que en China-Vietnam se hizo en un período relativamente corto y pronto redujo la inflación y expandió las exportaciones. Mientras que en Cuba la unificación ha provocado una inflación entre 500% y 1,000% –con tendencia creciente– y una caída de las exportaciones de 59% entre 2013-2022. Al ordenar a los tres países respecto a las cinco políticas, Cuba siempre queda a la zaga de China y Vietnam.

Una medición del desempeño económico-social de los dos modelos y los tres países utilizando los 20 indicadores más relevantes y comparables (10 económicos y 10 sociales), muestra que el modelo de China-Vietnam ha tenido un efecto positivo notable mientras que el de Cuba ha provocado crisis económicas y deterioro social. En 2009-2020, el PIB creció a un promedio anual de 7,4% en China, 5,9% en Vietnam y 0,9% en Cuba.  

El efecto de los dos modelos en la protección social (pensiones contributivas, asistencia sanitaria y asistencia social) en los tres países, basado en los  principios de seguridad social elaborados por la Organización Internacional del Trabajo, resulta en un ordenamiento igual a los anteriores: China, Vietnam y Cuba.

El índice de desarrollo

Los resultados analizados son aún más relevantes cuando se tiene en cuenta que, al tiempo de sus revoluciones, los dos países asiáticos tenían un nivel de desarrollo económico-social muy inferior al de Cuba. Esta brecha exigió a China y Vietnam un mayor esfuerzo para igualar y superar los logros cubanos. Cuba desarrolló la seguridad social mucho antes, más rápido y de manera más expansiva de lo que podía sostener financieramente, lo que la ha hecho insostenible a largo plazo, especialmente debido al pobre desempeño económico que ha tenido.

Por el contrario, la seguridad social de China y Vietnam se desarrolló gradualmente y está respaldada por un desempeño económico exitoso, por lo que es más sostenible financieramente. Por último, el envejecimiento acelerado de Cuba ha afectado adversamente la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, mientras que está comenzando a impactar a China, pero aún no en Vietnam.

¿Por qué, a pesar del éxito del modelo chino-vietnamita que mantiene al partido comunista en el poder, no ha sido seguido por Cuba? Es imposible dar una respuesta terminante, pero la historia de Cuba bajo la revolución sugiere dos explicaciones. La primera sería que la dirigencia cubana es renuente a delegar poder económico al sector no estatal porque considera que ello implica ceder poder político (aunque en China y Vietnam el partido comunista sigue en el poder). Y la segunda que los líderes cubanos también temen a implementar reformas estructurales del estilo chino-vietnamita, debido a que generarían una dinámica que la haría imparable, como el símil de la bola de nieve que rueda cuesta abajo en la montaña.

Cuba sufre la crisis económico-social más extensa y profunda bajo la revolución. En los dos últimos años se ha estado moviendo hacia el modelo de capitalismo oligárquico ruso. Sin embargo el PIB por habitante ruso es muy inferior al de la mayoría de los países de Europa Central y Oriental que estaban bajo el dominio de la Unión Soviética. La solución para Cuba sería tomar el sendero del modelo chino-vietnamita ajustándolo a sus características propias. Personalmente yo preferiría el modelo de los países escandinavos con excelente éxito socio-económico y democracia, pero que sería políticamente más difícil de implantar.

Este artículo se basa en el libro del propio autor, Comparison of Economic Models and Social Security Performance in Cuba  and China-Vietnam (University of Pittsburgh Press, en prensa 2024). Las estadísticas utilizadas son las oficiales de los tres países hasta 2022.